Urkullu en su 'Laberinto de Paz'

Gara nos desglosa la postura oficial por parte del gobierno de la CAV en referencia al panorama actual de resolución del conflicto vasco.

Una galimatías que no lleva a nada pero que sirve para que en el futuro se pueda decir "oye, mira, que yo lo he intentao".

Lean por favor:

Urkullu introduce presos y torturas en un Plan de Paz de difícil efectividad práctica

Tiene como novedad la apertura a todas las vulneraciones de derechos. Propone una serie de «microacuerdos» entre las cuatro grandes sensibilidades, algunos de los cuales ya se aprobaron en el Parlamento. EH Bildu ve algún avance, pero también carencias sobre las causas del conflicto.

Iñaki Iriondo

Se dio a conocer ayer la propuesta de «Plan de Paz y Convivencia 2013-16» elaborada por Lehendakaritza y que queda abierta a las aportaciones que partidos y grupos sociales puedan hacer antes de su definitiva aprobación oficial en octubre. Con respecto a documentos anteriores, este plan recoge una visión más completa de las vulneraciones de derechos humanos que se dan en el transcurso del conflicto político y plantea el «reconocimiento y reparación» de todas las víctimas, tanto las que ya tienen cobertura legal como aquellas «sin amparo en la actual legislación».

El plan cuenta con unas bases teóricas que lo sustentan, una segunda parte que pretende poner los cimientos para que se puedan alcanzar unos acuerdos básicos entre los partidos y un tercer capítulo que aborda dieciocho iniciativas gubernamentales en relación al pasado, el presente y el futuro. Esta división temporal aparece en todas las partes del documento.

El Gobierno autonómico sostiene que estamos en la etapa de consolidación de la paz y de tejer un plan de convivencia que pueda servir a las cuatro grandes sensibilidades políticas del país. Sus impulsores aseguran que en la llamada transición se cometió el error de que quedara fuera una de estas sensibilidades (la izquierda abertzale) y eso tuvo después trágicas consecuencias. Por esto, en esta ocasión, se intenta que nadie quede fuera de las bases de la futura convivencia. Para ello, desde el Ejecutivo se aclara que este es un plan para el conjunto de la legislatura, no para llegar a acuerdos de inmediato.

Vulneraciones | Informe de constatación de las vulneraciones de derechos humanos

La primera iniciativa que contempla el plan, y una de las más novedosas, es la elaboración de un informe de constatación de todas las vulneraciones de derechos humanos que se han producido desde 1960 en el contexto de la violencia de motivación política.

La base de este trabajo está ya elaborada y su redacción ha sido encargada a Jon Mirena Landa, quien en su día fue director de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua con Joseba Azkarraga y que ya realizó un primer informe de este tipo; al obispo emérito Juan María Uriarte; a la juez Manuela Carmena, que trabajó para el Ejecutivo de Patxi López en la redacción del decreto 1960-1978; y a Ramón Mújica, notario y exconcejal de Bilbo elegido en las listas del PP como independiente.

Estas cuatro personas entregarán su informe el viernes al lehendakari y se hará público. Se trata de una clasificación y cuantificación de las vulneraciones de derechos humanos, realizada de acuerdo a estándares internacionales y sin valoraciones o interpretaciones.

El objeto del informe, según se recoge en el plan, es «disponer de una referencia autorizada que fundamente la acción posterior del Gobierno en materia de memoria, revisión crítica del pasado y reparación y reconocimiento a las víctimas».

El documento debe también ser útil como «una base que, en su caso, pudiera servir en el futuro a otras investigaciones o informes de memoria más precisos».

La propuesta del Gobierno es que en lo que queda de año este informe se entregue a la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento y ponerlo a disposición de toda la red de asociaciones de este espacio. También se prevé «analizar y proyectar investigaciones y acciones derivadas del contenido y las recomendaciones del informe».

Víctimas | Reconocimiento y reparación a las que no tienen amparo legal

Además de las medidas destinadas a las calificadas legalmente como «víctimas del terrorismo», el Plan de Paz y Convivencia contempla acciones de «apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas sin amparo en la actual legislación».

Se trata, por un lado, de culminar el trabajo del decreto sobre las víctimas de la violencia estatal que ya está en vigor para el periodo 1960-1978, corrigiendo algunas deficiencias que se han observado. Y, además, crear «las herramientas legales necesarias» para el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos causadas en lo que en la nueva terminología del plan se denominan como «acciones de contraterrorismos ilícitos». Estas «herramientas legales» deberían estar definidas antes de fin de año.

Tortura | Estudio científico de los casos y medidas de reparación

Otra de las novedades de este plan es que aborda de forma específica el problema de la tortura, que califica como «una de las vulneraciones de derechos humanos más deleznables que puedan existir».

El plan parte de que los organismos internacionales vienen dejando constancia de la existencia de la tortura más allá de una realidad «incidental o esporádica». Por otra parte, existen abundantes denuncias públicas -más de 5.500- y unas pocas condenas. Por ello, el Gobierno encargará a primeros de 2014 un estudio científico sobre la realidad objetiva de la tortura, que utilizará como herramienta de referencia el «Protocolo de Estambul», instrumento considerado internacionalmente como eficaz para definir la veracidad de las denuncias de tortura.

El objeto del estudio es posibilitar que se adopten «las medidas de reconocimiento, reparación y prevención que sean necesarias y plausibles».

Presos | Búsqueda de nuevos consenso y programa propio «Hitzeman»

Esta iniciativa del Gobierno de Lakua parte con la dificultad de que carece de competencias en materia penitenciaria, aunque insistirá en la transferencia de las mismas. Por ello, el Plan considera extremadamente importante lograr consensos que posibiliten que el programa tenga efectividad jurídica para los presos y presas que participen.

El plan incluye un «un programa propio orientado a facilitar el proceso de reintegración social de las personas presas», al que se le ha dado el nombre de «Hitzeman». La base es el compromiso y la responsabilidad. «De un lado, -se lee en el documento- el compromiso de la sociedad que asume la responsabilidad de la normalización social. De otro lado, el compromiso de las personas presas que asumen la responsabilidad del pasado, el presente y el futuro».

Las personas presas que participen en el programa «mediante la adhesión a un compromiso de consolidación definitiva de la paz y por la convivencia» deberían inscribirse personalmente y el Gobierno de Lakua pondría en marcha «varios itinerarios» para ellas, en función de «las circunstancias». Según los planes gubernamentales, el objeto es que la participación de los presos en estos itinerarios «facilite o, en su caso, agilice el informe favorable a los procesos de reintegración social».

El Ejecutivo prevé presentar este programa «a entidades representativas de los presos y presas» durante el segundo semestre de este año, al tiempo que se buscan consensos en el ámbito político y la implicación de «entidades colaboradoras».

Entre sus objetivos en esta materia, el Plan recoge la aportación de Lokarri de «contribuir, atendiendo a la experiencia internacional, a que la política penitenciaria constituya un factor de consolidación de la paz y la normalización social».

Además, el Gobierno de Iñigo Urkullu insiste en seguir «reivindicando» el «acercamiento de presos a las cárceles vascas, la normalización del acceso a los beneficios penitenciarios, la continuidad de procesos como los Talleres de Convivencia y los Encuentros Restaurativos, soluciones humanitarias para los presos enfermos y medidas de sentido común para aquellos presos cuyas condenas están relacionados con actividades políticas antes ilegalizadas y ahora legales».

En fase de consulta hasta el 20 de setiembre

Al tiempo que el lehendakari hacía públicas las líneas generales de esta propuesta de «Plan de Paz y Convivencia 2013-2016», el documento era remitido al conjunto de grupos parlamentarios para que comiencen su estudio. En realidad, los integrantes de la Ponencia de Paz y Convivencia ya tuvieron un adelanto de los contenidos generales y de los borradores de microacuerdos en la exposición que el secretario general del ramo, Jonan Fernández, les realizó el pasado 29 de mayo.

A partir de ahora, el Gobierno de Lakua abre un periodo de consultas que se extenderá hasta aproximadamente el 20 de setiembre, puesto que su intención es que el Ejecutivo acabe aprobando el plan definitivo en el mes de octubre.

Según han explicado los redactores de la propuesta, este documento es el fruto del trabajo realizado ya tanto con los partidos políticos como con las asociaciones que trabajan en el campo de la resolución de conflictos, derechos humanos y víctimas del terrorismo. De hecho, en el plan se detalla la autoría de algunas aportaciones recibidas.

Durante los próximos días y semanas, los integrantes de la Secretaría General de Paz y Convivencia realizarán diversas presentaciones de la propuesta. Hoy mismo, Jonan Fernández se reunirá en Bilbo con agentes y representantes de la red asociativa para entregarles el documento.

El Gobierno aspira a que todos los grandes partidos acepten este plan al menos como una herramienta que sirva de base para el trabajo.

El plan contempla un total de 18 iniciativas que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu espera abordar a lo largo de toda la legislatura. Además de las destacadas en esta misma página, una de las iniciativas que más llamó la atención de algunos medios fue la que contempla el «compromiso social de la Ertzaintza por la Convivencia y los Derechos Humanos». Su mero enunciado fue entendido como una suerte de reproche a la Policía Autonómica.

En lo que el «Plan de Paz y Convivencia 2013-16» se muestra más continuista respecto a proyectos del pasado es en lo relativo al Instituto de la Memoria, el Memorial de Víctimas del Terrorismo y las iniciativas relacionadas con el mundo de la educación. En este último caso, se observa que la mayoría de las propuestas que se han recogido provienen de aquellas fundaciones y grupos que ya venían operando en este terreno.

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