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jueves, 20 de junio de 2013

Sitian a Juez María Paz Benito

Lo que faltaba en el circo montado alrededor del Caso CAN.

Lean esto que nos informan desde las páginas de Gara:


Abogados del Colegio de Iruñea están recabando adhesiones de letrados en favor de la juez decana, María Paz Benito Osés, para arroparla ante las «presiones» que está recibiendo. Destacan que la instrucción del «caso CAN» se está realizando de forma «impecable» y la ponen como ejemplo de los jueces que están acabando con la impunidad ante la corrupción.

Aritz Intxusta

Entre los abogados de Nafarroa se está moviendo un manifiesto de apoyo a la labor que está desarrollando la jueza María Paz Benito en la instrucción del «caso caja Navarra». En ese escrito, denuncian que la juez está siendo víctima de presiones de las altas esferas, reclaman la independencia judicial y muestran su «total apoyo» a Benito.

En particular, los abogados apuntan, sin citarle, al abogado de Miguel Sanz, Eduardo Ruiz de Erenchun, como una de las personas que intentan minar la independencia de la magistrada. Yolanda Barcina también eligió a Erenchun como su abogado cuando denunció a Kontuz por «denuncia falsa e injurias» por las afirmaciones que realizó esta asociación en torno a Navarra Building (la sociedad a través de la cual Barcina compró oficinas de CAN y luego se las alquiló a la entidad). Una denuncia fue archivada por la Fiscalía.

Erenchun -uno de los abogados de mayor fama de Nafarroa y, además, marido de la consejera de Sanidad, Marta Vera- declaró a un medio de comunicación que pensaba aconsejar a Barcina que emprendiera acciones legales contra la jueza que instruye el «caso CAN». En concreto, Erenchun aseguraba que Benito había cometido «fraude procesal» para investigar las dietas. Estas declaraciones las realizó nada más conocerse que la juez pretende enviar la causa al Supremo para que Barcina sea imputada.

«Todos hemos tenido asuntos en los que hemos discrepado de los criterios jurídicos que los jueces nos han aplicado. Si hemos podido, hemos recurrido y, finalmente, hemos acatado lo que se nos ha dictaminado aunque no nos haya convencido. Pero lo que no hemos hecho es iniciar acciones directas y personales contra los jueces, ni siquiera cuando sus decisiones han sido revocadas por ser incorrectas», asegura el manifiesto.

«Una de las tácticas más frecuentemente utilizada en casos relacionados con la clase política es la presión personal contra los jueces. Lejos de avergonzarse de sus conductas, cuando menos moralmente reprobables, y pedir las correspondientes disculpas, reaccionan con arrogancia, poniendo, además, a estos jueces en su punto de mira, convirtiéndoles de investigadores en investigados y, por desgracia, con éxito. Esto es lo que queremos evitar en el presente caso», continúa el texto.

El manifiesto está únicamente dirigido a letrados del Colegio de Abogados de Iruñea y, al parecer, está recabando un gran número de adhesiones, según ha podido saber este periódico. Además de denunciar estas presiones, los abogados que impulsan esta carta alaban a la juez instructora. Aseguran que la investigación que está desarrollando sobre Caja Navarra «está siendo impecable». Recuerdan, además, que el propio presidente del TSJN describió una de las resoluciones de la juez como «razonada de manera exhaustiva» y «muy motivada».

Antes de que llegara a sus manos la denuncia de Kontuz, la capacidad de Benito no tenía contestación. Su currículum es uno (cuando no el más) brillante de cuantos jueces ejercen en Iruñea. Por este motivo fue elegida como juez decana por sus propios compañeros a pesar de su juventud y de ser mujer.

Sin embargo, las zancadillas que está recibiendo durante esta instrucción están haciendo su efecto. Los trabajadores del Palacio de Justicia de Nafarroa comentan que ha sufrido un severo desgaste físico y que, pese a su delgadez, ha perdido peso. Achacan esto a las presiones que está sufriendo, dentro y fuera de la órbita judicial, ya que el castigo mediático que padece por parte de ciertos medios es más que obvio. Incluso se han escrito editoriales para cuestionar sus resoluciones.

Sin embargo, hasta ahora, la juez ha plantado cara a todos estos contratiempos. En particular, ha tenido que enfrentarse a la Fiscalía que, durante todo el procedimiento, no ha solicitado la práctica de una sola prueba. Su primera actuación relevante fue posicionarse en favor de que se levantara la imputación al alcalde de Iruñea, Enrique Maya. Adoptó esta postura sosteniendo que las actas de la Permanente validaban los cobros, a pesar a que esas actas estaban ya sometidas a una investigación policial para evaluar su eventual falsedad. Cuando la jueza decidió remitir toda la causa al Supremo para que Barcina pudiera ser imputada, Benito tuvo que refutar las tesis de la Fiscalía y enfrentarse a ella.

También es un comentario extendido dentro del mundo judicial el enorme interés que demuestra por el caso el exfiscal jefe de Nafarroa Javier Muñoz, que dejó el cargo el pasado año y tiene una enorme influencia. Corre el rumor de que Barcina puede elegirle como defensor. Muñoz vive en Andalucía, pero estuvo en Iruñea todos los días de interrogatorios.

El trayecto de Benito con el caso CAN está a punto de terminar, aunque las dos acusaciones (Kontuz y UPyD) le solicitaron en sus alegaciones que aguantara un poco más. El auto en el que propuso que Barcina debe ser imputada era esperable, pero sorprendió por dictarse demasiado pronto. Había dos pruebas muy importantes cuyos resultados todavía no habían llegado. La falta de esas pruebas (análisis de algunos créditos y fechar la creación de las actas de la Permanente) ha servido para espolear a sus críticos.

También sonó extraño que diese a las partes tan solo dos días para presentar sus alegaciones. Parecía un tanto precipitado. Por contra, todo apuntaba a que la resolución final -con la que se quitaría el caso y la presión de encima- se conocería la semana pasada. Pero sigue sin llegar. La carta de los abogados puede explicar, en parte, el porqué de las prisas y las tardanzas.

«No he tenido oportunidad de defenderme»

La presidenta navarra compareció ayer para hablar de las irregularidades en Caja Navarra. «Aún no he tenido oportunidad de defenderme», aseguró Yolanda Barcina, que se mostró confiada en que «triunfará la verdad». La presidenta ve a su alrededor un gigantesco complot urdido desde la izquierda abertzale y acusó a los parlamentarios de hacerle comparecer para publicitar la manifestación que Kontuz ha convocado para el sábado. El único que comparte su tesis es el PP, aunque también pide una comisión de investigación. El PSN le instó a que deje de hacer victimismo y el resto de fuerzas exigió que dimita. Bildu, además, le dijo que «ya es historia».
Barcina admite que el pacto del IVA en VW puede generar problemas fiscales

Yolanda Barcina acudió ayer al Parlamento a valorar el efecto del acuerdo sobre el IVA de Volkswagen. La presidenta se negó a dar detalles sobre cómo ha afectado esta revisión del Convenio con el Estado, amparándose en la protección de datos. Sin embargo, admitió que la fórmula que se alcanzó con el Estado quizá no sea tan satisfactoria como pensaron en un primer momento y que puede acabar afectando a las exportaciones, dado que Nafarroa perderá dinero con cada producto que exporte.

La comparecencia fue solicitada por Manu Ayerdi, de Geroa Bai. El parlamentario aseguró que, a través de preguntas por escrito, había conseguido la información que ayer Barcina se negó a dar. Ayerdi sostiene que el acuerdo estuvo francamente mal calculado y que, si Volkswagen empezara a exportar directamente desde Nafarroa, no se generaría el desfase de 300 millones de euros previsto. En concreto, afirma que, si no se hubiera tocado el Convenio, Nafarroa solo habría recaudado 29,8 millones menos.

Gracias a la revisión del Convenio, Nafarroa ha reducido sus pérdidas a solo 4,8 millones, según Ayerdi. Pese a todo, el parlamentario cree que, de cara al futuro, Nafarroa podría acabar perdiendo dinero.

La problemática se generó a raíz de una inspección de la Hacienda española, cuando detectó que el IVA de los coches de VW se recaudaba en Nafarroa y que, posteriormente, el Estado tenía que devolver el 90% esos ingresos porque los coches finalmente se exportaban. El problema era de localización, dado que los coches se exportaban desde Barcelona a través de una filial y en Catalunya el encargado de devolver el IVA es el Estado, que reembolsaba el dinero a la filial cuando, en realidad, quien cobraba esos fondos era la Hacienda Navarra.

La Hacienda Tributaria calculó que eso suponía un perjuicio para el Estado de unos 300 millones de euros anuales. Como los delitos fiscales caducan a los cinco años, Nafarroa se enfrentó de repente a la reclamación de deuda de 1.500 millones de euros para con el Estado.

La solución se alcanzó a través de dos negociaciones secretas, dado que el Gobierno entendió que Nafarroa estaba a un paso de la quiebra. El primer acuerdo fue para un recálculo del Convenio que permitiera que Nafarroa siguiera recaudando el IVA y que el Estado asumiera las devoluciones. A cambio, Nafarroa compensaría al Estado con 25 millones de euros anuales. La segunda, sirvió para anular la denuncia de 1.500 millones.

Esta negociación parcheó el problema real, que es que Nafarroa no percibe los ingresos por las exportaciones. Por cada producto navarro que se vende fuera del Estado Nafarroa tiene que devolver el IVA sin ingresar nada. Barcina hubo de admitir ayer que este es el problema real y que la situación en la que le deja el pacto de hace un año puede ser más débil que la inicial.






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