Atxabal y la Justicia

Complementamos la información acerca del dictamen de la ONU en el Caso Atxabal -mismo al que le hemos dado seguimiento desde 2005- con este artículo de Gara:

La ONU señala un caso de tortura de 1996 y reclama reparación

La bilbaina María Atxabal recurrió a esta instancia tras no ser atendida por los tribunales españoles ni el de Estrasburgo. La incomunicación en manos de la Guardia Civil le provocó estrés post-traumático hasta hoy.

Mikel Pastor

«Siento que por fin se ha hecho justicia». Visiblemente emocionada, María Atxabal comparecía ante los medios para valorar la sentencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU que reconoce que la bilbaina fue torturada por la Guardia Civil durante el régimen de incomunicación al que fue sometida tras su detención en junio de 1996, y que estos malos tratos le causaron un estrés post-traumático que, como ella misma reconoce, «todavía no he superado».

Atxabal, sin embargo, no quiso focalizar la atención únicamente en su caso, e hizo extensiva su reflexión a todas las personas que han pasado por el mismo trance: «La incomunicación destruye a las personas -aseveró tajante-. Hay que acabar con ello, que se reconozca que permite las torturas. Nadie más tiene que pasar por lo que me tocó pasar a mí».

A su lado, su abogado y gran apoyo durante todo este tiempo, Jaime Elías, se mostraba satisfecho con este nuevo varapalo internacional al Estado español por la tortura (hace justo un mes fue el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura el que señaló diez casos concretos de maltratos a vascos, incluida la violación a Beatriz Etxebarria). Tras explicar concienzudamente los pasos dados ante los diferentes tribunales durante los últimos diecisiete años y las negativas de las distintas instancias españolas a investigar su caso, concluyó que el dictamen de la ONU «deja claro que los hechos y las diferentes pruebas manifiestan que Atxabal fue torturada por las autoridades españolas estando incomunicada».

Además, estimó que el golpe es aún mayor dado que «obliga al Estado español a abrir una investigación objetiva y precisa sobre los hechos, reparar el daño causado a María y darle asistencia médica gratuita para superar el estrés post-traumático provocado por las torturas».

«El dictamen es contundente»

Al otro lado de la mesa, Jorge del Cura, experto del Centro de Documentación Contra la Tortura y veterano militante de esta causa, también se congratuló de la decisión tomada por el órgano de la ONU. Entrando a analizar el requerimiento en profundidad, destacó dos aspectos principales: «El primero es que la tortura es una práctica generalizada en el Estado español que no se quiere investigar, que se quiere pasar por alto. Falta voluntad política por parte de jueces de instrucción. Y esas fallas del sistema están quedando al descubierto en la gran mayoría de sentencias de los tribunales europeos e internacionales desde los años 2007 y 2008. Además, Amnistía Internacional revela que la gran mayoría de informes no son investigados por las autoridades españolas».

El segundo punto que destacó es el referido al propio régimen de incomunicación: «El dictamen es contundente en ese sentido, pide que se suprima esa medida. Concluye que mientras ese régimen exista las torturas pueden volver a producirse, por lo que pide de manera nítida que se derogue, que no se vuelva a aplicar».

En ese sentido, realizó un llamamiento a todas las personas que han sido torturadas: «La de Atxabal es la prueba de que se pueden demostrar las torturas. Es difícil, pero hemos demostrado que es posible. Ahora hay que conseguir que el Estado español cumpla estas exigencias».

Cuestionado por las consecuencias reales del dictamen, Del Cura reconoció que esta autoridad no puede obligar al Estado español a acatar la decisión, si bien negarse a ello «supondría un desprestigio tremendo para los que hasta hace poco presumían de derechos humanos, de que en su país no se torturaba, y les creían».

Sortu y los casos abiertos

Sortu, mediante una nota de prensa, estimó que «todas estas sentencias y las denuncias de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas demuestran que el Estado español y sus diversas policías han utilizado la tortura contra el pueblo vasco de forma sistemática. La tortura ha sido un instrumento básico en la estrategia de guerra contra Euskal Herria».

Recuerda, en cualquier caso, que los efectos de esta práctica perviven: «Declaraciones y autoinculpaciones obtenidas bajo tortura son la única base de numerosos sumarios de la Audiencia Nacional en los que han sido encarcelados cientos de vascos».

Cronología: diecisiete años después

7 de junio de 1996

La Guardia Civil detiene en su piso a María Atxabal, trasladándola primero al cuartel de La Salve y a Madrid después. Denuncia torturas para autoinculparse.

Finales de 1997

Atxabal, que sufre estrés postraumático tras la incomunicación, es juzgada bajo la acusación de «colaboración con banda armada». Resulta absuelta.

Octubre de 2000

Atxabal presenta una querella por torturas contra el Estado español. Intenta en vano que el caso se tramite en Bilbo. El sumario se instruye en Madrid.

Junio de 2003

Tras denegar el Juzgado de Madrid la apertura de juicio contra cuatro guardias civiles, decide interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Enero de 2005

El Tribunal Constitucional no admite a trámite el recurso, obligando a Atxabal a recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo, que desestima el caso en 2008.

2013

Atxabal decide finalmente dirigirse al Comité de DDHH de la ONU, quien finalmente reconoce las torturas y reprende al Estado español.

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