No contentos con los castigos agregados que el régimen borbónico franquista impone a los presos políticos vascos, a sus familares y a sus amigos, los gamberros españolistas continúan su embestida en contra de los abogados que les defienden.
Esta nota al respecto ha sido publicada en Gara:
Iñaki Goioaga, abogado de presos políticos vascos, se sienta mañana en la Audiencia Nacional con una petición fiscal inusitadamente alta, y más para un letrado: 16 años de cárcel. Llueve sobre mojado, porque este colectivo ha sufrido varios procesos en los últimos años, denunciados por asociaciones europeas. Se piden también 6 años a un preso y 8 a una familiar, todo por un supuesto plan de fuga nunca ensayado.
Ramón Sola
Procesar a abogados por cuestiones relacionadas con su labor es algo muy infrecuente en Europa, pero se repite con cierta periodicidad en el Estado español cuando se trata de letrados que asisten a presos políticos vascos. Mañana se verá el último ejemplo en la Audiencia Nacional, especialmente grave dado que la Fiscalía pide nada menos que 16 años de cárcel para Iñaki Goioaga, además de 6 para el preso Gorka García Sertutxa y 8 para su entonces compañera, Ana Paz Cinos.
Todo comenzó en junio de 2009, cuando se produjo una redada muy extraña con una acusación no menos estrambótica. Simultáneamente fueron detenidos el abogado Goioaga, tres presos políticos vascos -que quedaron arrestados e incomunicados en la cárcel- y dos familiares -en el caso de Cinos, al salir de un vis a vis en Huelva-.
La noticia corrió como la pólvora gracias a filtraciones policiales que recreaban un espectacular plan de fuga que en ningún caso se había materializado ni intentado: se habló de que pensaban usar un helicóptero, de que los presos se ocultarían en Portugal... Un medio digital afirmó que el objetivo real de la operación era tapar el conflicto abierto en esas fechas entre Madrid y París por una intervención de la Guardia Civil en su territorio sin previo aviso.
Tal bomba informativa se fue desinflando poco a poco. El auto de prisión decretado por el juez Fernando Grande-Marlaska no recogía muchas de las afirmaciones hechas por el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en rueda de prensa. El silencio se hizo sobre el caso, pero fue avanzando y llega ahora a juicio. Y con especial saña en el caso de Goiaga; aquel primer auto venía a asumir que no había pruebas que lo ligasen al fantasmagórico plan de huida, pero añadía que en el registro de su despacho se habían hallado otros elementos que se consideraban sospechosos.
En este punto se desencadenan un montón de vulneraciones de derecho de defensa. Por ejemplo, ese registro se realizó sin mostrar orden judicial ni permitir que otro compañero de despacho fuera testigo. Al día siguiente, el resto de abogados vascos que habían acudido a la AN para interesarse fueron expulsados de los pasillos, donde sí se permitió estar a otros letrados y a periodistas.
Solidaridad y observadores
Todo ello motivó protestas de la asociación de abogados vascos Eskubideak y también de Abogados Europeos Demócratas, entidad que enviará observadores al juicio que se celebra entre mañana y el martes. También se recogieron más de 200 firmas de denuncia entre juristas vascos y del ámbito internacional.
Nada de ello ha detenido el proceso judicial. Tampoco el hecho de que Goioaga haya dado explicaciones sobre los documentos hallados en el despacho que resultan incriminatorios para la Fiscalía (unas cartas de un empresario y un manuscrito anónimo).
Se le achacan por ello «integración en organización terrorista», «quebrantamiento de condena con fines terroristas y uso de violencia en grado de conspiración», «secuestro terrorista en grado de conspiración» y «robo con intimidación con fines terroristas en grado de conspiración». A García Sertutxa se le imputan los tres últimos, también como «conspiración». Y a Cinos, «colaboración».
Diferentes imputaciones, un mismo objetivo
La asociación Abogados Europeos Demócratas lleva tiempo siguiendo con preocupación esta dinámica de procesos a abogados de presos vascos, iniciada en los años 90 pero recrudecida en la última década. La casuística resulta diferente, pero el objetivo de fondo es el mismo.
Varios han sido acusados -y algunos condenados- en los macroprocesos del «todo es ETA» (Karlos Trenor, Txema Matanzas, Mirian Campos, Julen Arzuaga, Iñigo Elkoro...) A otros se les intentó ligar con el «impuesto revolucionario» (Álvaro Reizabal, José Antonio de la Hoz..) A algunos más se les realizaron escuchas ilegales (Txema Gorostiza, Arantza Zulueta...). Y se les ha llevado a juzgados por transmitir a la opinión pública denuncias de torturas de sus defendidos (Aiert Larrarte y Alfontso Zenon).
No se trata de una práctica exclusiva del Estado español, dado que en el francés se actuó también contra Maritxu Paulus Basurko, Itziar Larraz o Unai Errea. El caso de este último motivó la intervención del llamado Conseil de L'Ordre des Avocats y del Syndicat des Avocats de France.
Además sigue su curso el caso contra los abogados Arantxa Zulueta, Iker Sarriegi y Jon Enparantza, detenidos en 2010.
Alfontso Zenon | Letrado defensor del caso: «Seguiremos hasta que todos vuelvan a casa»
En su momento se aceptó que no había prueba alguna de todo esto, ¿cómo ha llegado finalmente a juicio?
Estamos por desgracia acostumbrados a que en la AN se llegue a juicio con cualquier cosa, por nimia que sea, siempre que lleve el adjetivo «terrorista». Hasta enseñar una foto de un preso político vasco hoy día acaba ahí. Es un tribunal especial y las garantías brillan por su ausencia.
Se habló de un helicóptero, de Portugal... ¿En que quedó?
Es la «película» de la Guardia Civil y que dio por buena el juez Grande-Marlaska, que lo instruyó. Es curioso que incluso a Goioaga le acusan de conspiración para el secuestro del piloto del helicoptero y robo del mismo, pero no se sabe ni quién lo iba a robar ni quién iba a secuestrar... de hecho, no hay nadie acusado ni procesado por ello.
En el caso de Cinos, su defendida, ¿qué pruebas esgrimen?
Como en la gran mayoría de casos de la AN, solo hay declaraciones autoinculpatorias realizadas bajo las presiones, amenazas y maltrato de la Guardia Civil. Solicitamos al señor Grande-Marlaska medidas para evitarlo, pero fueron rechazadas. Demostraremos en el juicio que el control judicial de la incomunicación fue inexistente.
Visto lo visto, ¿ser abogado de presos vascos tiene un riesgo añadido? ¿Y ser familiar?
Para la Guardia Civil, etcétera, siempre seremos sospechosos. En este caso hay más: han usado la detención incomunicada de familiares para, mediante tortura, fabricar pruebas contra un abogado. Pero aquí seguimos, y que nadie dude de que seguiremos hasta que todos y todas vuelvan a casa.
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