Nos hemos cansado de decirlo pero vale la pena repetirlo dada la ocasión que nos presenta lo que está sucediendo en Galiza: el españolismo colonialista y genocida ensayó en Euskal Herria lo que hoy implementa en contra de galegos y catalanes.
Si no nos creen, tan solo lean esto que reporta Público:
El independentismo gallego se enfrenta a 102 años de cárcel por "enaltecimiento del terrorismo"
Doce integrantes de las organizaciones Causa Galiza y Ceivar van a juicio este lunes por "pertenencia a organización criminal". El independentismo se ha puesto en pie para pedir su absolución por considerar que no existe fundamento probatorio para condenarlos.
Alba ToméUn lustro después de las primeras detenciones, doce militantes de los partidos independentistas Causa Galiza y Ceivar irán a juicio esta semana por "enaltecimiento del terrorismo" y "pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista y sus miembros". Las entidades defienden su inocencia y sostienen que no existe ninguna banda armada en Galicia que practique violencia política, por lo que para ellas las condenas atienden a una inspiración "autoritaria" y "represiva" por parte del tribunal y el Estado.
La mediática Operación Jaro comienza hace cinco años y se divide en dos fases: Jaro I y Jaro II. La Fiscalía relacionó la actividad de los militantes con la justificación de la organización Resistencia Galega, considerada terrorista tras una sentencia del Tribunal Supremo en 2015, y se le juzga como su "brazo político" por desarrollar "actividades concretas orientadas a la organización y promoción de actos de apoyo a los miembros". En octubre de 2015 los agentes de la Guardia Civil detuvieron a nueve miembros de Causa Galiza que se encontraban en varios puntos de la comunidad: Santiago, Pontevedra, Vigo, Boiro y Muros, y en 2017 a cuatro de Ceivar, por lo que se tomó la organización como finalmente desmantelada.
Desde ese momento se suspendió la actividad de la entidad y se ilegalizó durante un año, y el sumario fue modificándose y perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Se retiró la imputación de "pertenencia a banda armada" y Fiscalía añadió la "pertenencia a banda criminal". La acusación provino tanto de la política estatal como mediática. El periódico de mayor tirada en Galicia tituló "La Guardia Civil asesta otro golpe al brazo político de Resistencia Galega". La detención fue entonces también aplaudida por el entonces Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, imputado a día de hoy en el caso Kitchen.
La Audiencia Nacional pide entre 4 y 12 años de cárcel, en total 102 para once de ellos, ya que uno es solo imputado por enaltecer el terrorismo por participar en determinados actos. El Ministerio Público reclama la disolución de los partidos, sanciones económicas de más de 300.000 euros, la inhabilitación para trabajar en administración y opositar, así como para presentarse como candidatos en elecciones. Causa Galiza defendió la "legitimidad" y "legalidad" de su trabajo político. Respondió al escrito de acusación como un "montaje" que "evidencia un grave salto cualitativo en la persecución del independentismo políticamente organizado". Además, también sostuvo que la decisión se enmarca en la "más grave crisis del régimen neofranquista español en 40 años como resultado del proceso independentista catalán".
Esculca, el Observatorio para la defensa de los derechos y libertades, emitió un informe al respecto después de analizar la investigación desde su origen. En el documento reflejó que todo el proceso judicial y policial incurrió en una "vulneración" de hasta cinco derechos fundamentales y también de "derechos de participación política". Esculca insiste en una "progresiva expansión de la noción de terrorismo", donde el concepto se extiende a otros comportamientos propios de un partido, entre ellas, "actividades de disidencia política, como movilizaciones y manifestaciones populares".
Así las cosas, los acusados de la Operación Jaro fueron apoyados en el Congreso de los Diputados por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), EH Bildu y la CUP, y han pedido su "absolución" en un proceso que consideran un "montaje policial y judicial". Este pasado domingo, unas 1.500 personas recorrieron las calles de Santiago de Compostela al grito de "defender la tierra no es delito", donde se pudo ver a representantes políticos de la política gallega y estatal apoyar a los 12 acusados. El juicio se extenderá hasta el miércoles en Madrid y desde Galicia el movimiento independentista espera que la justicia resuelva a favor de la libertad de expresión y de la no "persecución de las ideas".
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