A ocho años de la apuesta por el proceso de paz unilateral, a dos años del desarme en Baiona y a un año de la desmovilización en Kanbo, se anuncia un nuevo macrosumario en contra de la solidaridad con los represaliados políticos vascos.
Esa es la España que hoy juzga a los catalanes por supuestamente haber agredido a los integrantes de los cuerpos policíacos el 1° de octubre de 2017.
Vuelve el Macrosumario 18/98. Ahora es el 11/13.
Vuelve la farsa de Altsasu.
Les compartimos este artículo de Gara:
El 16 de setiembre comenzará en la Audiencia Nacional el juicio contra 47 ciudadanos vascos. Son abogados y personas que han participado en organizaciones como Herrira o Jaiki Hadi, creadas para defender los derechos humanos de los represaliados. La Fiscalía pide para ellos penas de entre 20 y 11 años de prisión. En total suman 601 años de cárcel.Ion SalgadoEl 16 de setiembre comenzará un nuevo macrojuicio político en la Audiencia Nacional. 47 ciudadanos vascos se sentarán en el banquillo, acusados de formar parte del «frente de cárceles» de ETA. Se trata de abogados y otras personas vinculadas a organizaciones creadas para defender los derechos de los represaliados, como Herrira y Jaiki Hadi, detenidas entre los años 2013 y 2015 en tres operaciones denominadas “Jaque”, “Mate” y “Pastor”.La Fiscalía solicita para ellas penas de entre 20 y 11 años de prisión por «participación activa en organización terrorista», delito «continuado de enaltecimiento del terrorismo» y «financiación de terrorismo». Fran Balda, integrante de Herrira que se enfrenta a una petición de 20 años y medio de prisión, está imputado además por un supuesto delito de «quebrantamiento de medida cautelar».En un comunicado remitido ayer a los medios de comunicación, los encausados denunciaron que «durante todos estos años hemos sido conscientes de que en cualquier momento nos veríamos ante un juicio. Esta situación ha condicionado nuestras vidas y también las de nuestro círculo más cercano», que, tal como remarcaron, vive con el temor de que sus seres queridos sean encarcelados por «organizar movilizaciones en favor de los derechos de los presos políticos vascos, cuidar de la salud de los presos, defenderlos en los juzgados, realizar intermediación, ser familiares de presos y organizarnos para hacer frente a la dispersión». «Esas han sido las labores que hemos realizado y esos son los hechos que se van a juzgar», destacaron antes de advertir de que este nuevo macroproceso es «una aberración jurídica y social nacida en las cloacas del Estado».«Nuestros trabajo ha sido público y ha tenido unos objetivos claros: que los derechos de los y las presas sean respetados, para consolidar de una vez una situación de paz y justicia en Euskal Herria», indicaron, y enmarcaron la situación de los represaliados vascos «en la terrible involución de derechos que se está dando a nivel mundial». «El caso de los jóvenes de Altsasu y lo que está ocurriendo en Catalunya nos demuestra hasta donde llegan la regresión y la persecución», manifiestan.Un juicio «inaceptable»Sare señaló que este juicio es «inaceptable». «En vez de avanzar en pro de la convivencia dando solución a la problemática de los y las presas vascas, este juicio camina en dirección contraria, creando más y más dolor. No vale más que para abrir nuevas heridas y seguir atando más y más nudos». Para LAB, «este pueblo necesita soluciones, no vías agotadas que solo traen más castigo, prisión, dolor y sufrimiento». En el banquillo estará su portavoz en Nafarroa, Imanol Karrera.
Y aquí el comentario editorial de Naiz:
Un macrojuicio que nadie entiende ni debe aceptar
Un nuevo macrojuicio político se anuncia para septiembre de este año. Esta vez serán juzgadas 47 personas para las que la Fiscalía solicita penas de prisión que van desde los 8 hasta los 20,5 años. Un castigo tremendo simplemente por haber realizado una labor relacionada con la defensa de los derechos de los presos políticos vascos. No hay más que ver quiénes son estas personas: abogados, médicos, activistas sociales, familiares de presos...
Se trata de la última macrocausa que se ha instruido al amparo de la doctrina de «todo es ETA». Durante los últimos veinte años, esa ha sido la excusa para atacar al independentismo vasco. Una tesis absurda desde el principio, pero se ha convertido en directamente delirante tras la desaparición de esa organización. No cabe olvidar que todas las detenciones de las personas procesadas en esta causa se produjeron después de que ETA anunciara el fin de su acción armada en 2011, lo que demuestra la voluntad de seguir recreando el pasado. Pero también conviene recordar que el Estado ha demostrado que, cuando hay no ya voluntad política sino puro sentido común, caben soluciones; la reforma del Código Penal que rebajó grados de condena para los «delitos menos graves» ha resuelto algunos de estos macroprocesos sin llenar más las cárceles.
Es evidente que este macrojuicio pretende, una vez más, castigar y criminalizar cualquier muestra de solidaridad con las y los prisioneros vascos. Pero a pesar del titánico esfuerzo que ha dedicado el Estado a esta tarea, los derechos de los presos se han convertido en una de las reivindicaciones más amplias y mayoritarias en la sociedad vasca. Las enormes movilizaciones que durante los últimos años han protagonizado estas demandas así lo atestiguan. También por este motivo, nadie en Euskal Herria entiende que se celebre este juicio anclado en caducos esquemas del pasado. Y todavía menos se entendería que este proceso terminase con nuevos encarcelamientos.
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