El régimen borbónico franquista goza de una gran aceptación en la comunidad internacional. Gracias al cheque en blanco otorgado por Ike Eisenhower desde Madrid no temen en lo absoluto que alguna instancia global vaya algún día a poner en entredicho la separación de poderes que se considera la base de toda democracia que se jacte de serlo.
Así pues, en el estado español los poderes judicial, legislativo y ejecutivo trabajan atados y bien atados a los designios de la corona, heredera a perpetuidad del régimen franquista.
Es por lo anterior que ha resultado tan fácil a los "gobiernos surgidos de la transición" llenar de vascos las mazmorras de su sistema penitenciario. Integrantes de alguno de los cuerpos represivos españoles secuestran a un vasco, lo incomunican, lo torturan, le extraen las confesiones más kafkianas posibles, un juez hace válido lo que la fiscalía le presenta, no cuestiona nada y aplica la condena más alta que pueda encontrar en el catálogo. Y cuando el delito del que se acusa al vasco ni siquiera existe, entra al quite el legislativo y se inventa el delito, faltaba más.
Mientras tanto, los medios de comunicación se encargan de crucificar al vasco en cuestión, a su familia, a sus amigos, a su barrio y a quien se mueva.
Y por si todo lo anterior no fuese suficiente, la corona siempre puede recurrir a sus violentos grupos de choque disfrazados de ONGs con nombres como Foro Ermua, Covite, AVT o Justicia y Dignidad.
Y por si todo lo anterior no fuese suficiente, la corona siempre puede recurrir a sus violentos grupos de choque disfrazados de ONGs con nombres como Foro Ermua, Covite, AVT o Justicia y Dignidad.
Así funciona la maquinaria represiva española, y es por esto que resulta imprescindible compartirles este artículo publicado en Naiz:
La Fiscalía se ha mostrado favorable a apartar al magistrado de la Audiencia Nacional española José Ricardo de Prada de dos procedimientos –el sumario contra EHAK y ANV y el intento de atentado contra el exedil de UPN Miguel Ángel Ruiz de Langarica– al entender que ha perdido la apariencia de imparcialidad al mostrar sus «prejuicios» por reconocer la existencia de torturas.
Así figura en sendos escritos firmados por los fiscales Pedro Rubira, Vicente González Mota y José Perals, después de que la AVT solicitara la recusación del magistrado por afirmar el pasado abril en una mesa redonda en Tolosa que «la tortura se ha producido de manera clara, y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho».
El Ministerio Público advierte de que De Prada identificó los denominados «informes periciales de inteligencia» –opiniones de los agentes con valor de prueba– como una «patología» del sistema e hizo una valoración global «muy negativa» sobre ellos.
A este respecto, la Fiscalía pone de relieve que el magistrado ha mostrado de forma «contundente» la idea predeterminada que tiene respecto a este medio de prueba y apunta que los informes de inteligencia son precisamente una prueba «muy habitual» en los procedimientos contra miembros de partidos políticos «instrumentalizados por ETA».
«La libertad de expresión de jueces y magistrados está reconocida, pero la misma debe tener unos límites a los efectos de garantizar otros derechos constitucionales igualmente importantes, como es el derecho a un proceso con todas las garantías en su vertiente de derecho a un juez imparcial», explican.
«Dio su opinión sobre un hecho del que va a conocer jurisdiccionalmente y lo hizo con carácter previo al mismo, sin haber tenido en cuenta todas las pruebas que acusaciones y defensas han propuesto para el acto del juicio oral», concluye.
El juez De Prada se ha opuesto a la recusación y ha acompañado sus alegaciones con un Informe del Instituto Vasco de Criminología denominado «Proyecto de Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960-2010», fechado en diciembre de 2014; así como las memorias de la Fiscalía correspondientes a los años 2012 y 2013, en las que aparecen los apartados dedicados a los delitos de torturas y contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario público.
O sea, este juez no está siguiendo la línea, y entonces es cuestionado por tres fiscales acostumbrados a hacer las cosas como se hacían durante los tiempos de Francisco Franco. Ojo, les tiene molestos que alguien se atreva a obstaculizarles juicios en contra de partidos políticos, repetimos, partidos políticos.
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