Buscaron el enroque, llevaron la partida hasta sus últimas consecuencias pero al final han recordado el fallo del TEDH en Estrasburgo a favor de Arnaldo Otegi cuando este declarase, con toda razón, que Juan Carlos Borbón y Franco era el jefe máximo de los torturadores al servicio del régimen español... ¿quién más si no él?
Les compartimos esta nota al respecto publicada en El Mundo:
El Tribunal Superior de Justicia vasco archiva la querella contra Arraiz por amenazas a la Guardia Civil
Considera que sus declaraciones en las que animaba a la sociedad vasca a dar "jaque mate" a este cuerpo de seguridad no tiene carácter delictivo
Sergio R. Viñas
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha acordado el sobreseimiento de la querella contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por injurias y amenazas graves hacia la Guardia Civil. Arraiz llamó en su día a la sociedad vasca a dar "jaque mate" a este cuerpo de seguridad, expresión que el TSJPV considera que no tiene carácter delictivo, razón por la que ha decidido archivar la querella.
La sentencia es definitiva, no cabe recurso alguno, por lo que Arraiz no irá a juicio por este asunto. Hace algo más de un año el TSJPV decidió admitir a trámite una querella presentada por Dignidad y Justicia por supuestas injurias hacia la Guardia Civil, a la que también acusó de ser una "amenaza violenta" y un instrumento de un "Estado terrorista".
Ahora, el TSJPV ha decidido archivar el caso "por no tener carácter delictivo los hechos investigados". El auto, firmado por los magistrados Nekane Bolado, Francisco de Borja Iriarte y José Damián Iranzo, estima considera que Arraiz hizo uso de su libertad de expresión, "sin que quepa considerar estas manifestaciones como incitadoras de la violencia o relacionadas con el discurso del odio".
El Tribunal se apoya, entre otra jurisdicción, en el "Asunto Otegi", en referencia al juicio al secretario general de Sortu por afirmar que el Rey Juan Carlos I era el "jefe de los torturadores". El Tribunal de Derechos Humanos, en 2011, acabó condenando al Estado a indemnizar a Otegi por vulnerar su libertad de expresión.
El auto incide en que la libertad de expresión "goza de especial protección en lo que se refiere a los representantes políticos, a los que se debe otorgar el derecho a un componente de provocación". "Sólo la incitación a la violencia o el discurso del odio son límites aceptables" en el caso de los representantes públicos, insiste el auto.
El TSJPV entiende además que sancionar a Arraiz por este motivo supondría el riesgo "de perjudicar la pluralidad ideológica de nuestros sistema", ya que existe "una reclamación histórica de una parte de la sociedad vasca de que abandone el País Vasco". La "eventual coincidencia" entre las palabras del presidente de Sortu y "expresiones utilizadas" por ETA tampoco convierte las declaraciones en delictivas, según el auto.
También considera el Tribunal que las declaraciones de Arraiz eran "de indudable interés público, al menos para una parte sustancial de la sociedad" en el ámbito de la actuación política del entonces también parlamentario de EH Bildu, ya que hacían referencia a la detención de doce abogados supuestamente vinculados a ETA el 12 de enero de 2015.
El auto, no obstante, reprocha a Arraiz que haga unas declaraciones de esa índole, "evidentemente rechazables moral y socialmente", además de "reprobables e inapropiadas".
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