La vendetta en contra de los presos políticos vascos es institucional, como nos muestra el aval que ha llevado a cabo la Audiencia Nacional de lo dictado por una inquisidora que busca ganarse favores en La Zarzuela.
Aquí lo que se denuncia desde Naiz:
La Audiencia Nacional española ha rechazado las peticiones de acercamiento de 30 presos vascos a prisiones próximas a Euskal Herria, al considerar que solo es competente para adoptar una medida de estas características si se produce «una clara vulneración de los derechos fundamentales de los internos».En una treintena de autos dictados por la titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, Reyes Jimeno Gutiérrez, se rechaza las peticiones de acercamiento a cárceles de Euskal Herria formuladas por las defensas de los presos vascos argumentando que la competencia exclusiva para decidir sobre el destino o traslado de los internos «está residenciada en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias».La magistrada añade que los reclusos pueden formular sus recursos por la vía administrativa y, una vez agotada ésta, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En el auto, la juez Jimeno afirma que «no consta que los afectados hayan visto vulnerados sus derechos a las comunicaciones y visitas, defensa y asesoramiento jurídico, asistencia médica y derecho a la cultura y a la educación».Una vez rechazadas 30 peticiones de acercamiento, el magistrado aún tiene pendiente dictar resolución sobre otros tantos recursos de presos que han hecho la misma petición de acercamiento.En el caso de Francisco Mujika, único auto que se ha difundido, se afirma que el preso «ha podido realizar comunicaciones especiales con total regularidad y frecuencia mensual», y se añade que dispone de «todas las vías de comunicación previstas» por la ley, «sin que se observe vulneración alguna de su derecho a la defensa».Con respecto a su asistencia médica, el auto indica que Mujika «realizó los programas de salud habituales» y fue atendido «a demanda» en la consulta del centro penitenciario, y en relación con el derecho a la cultura y la educación, la jueza apunta que, hasta la fecha, «no consta solicitud alguna del interno interesando su participación en actividades formativas y/o culturales».
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