¿Hay delito en las palabras "jaque mate" especialmente cuando ha sido la propia monarquía bananera la que ha bautizado así a dos operativos conjuntos en contra del pueblo vasco?
Antes de leer la nota publicada en Naiz, donde por cierto, queda bien claro de quién recibe sus órdenes el fiscal superior de la CAV, es necesario recordar que de las más recientes redadas en contra de independentistas vascos han sido denominadas Operación Jaque y Operación Mate respectivamente... juntas, Jaque Mate.
Así que si Juan Calparsoro dice que hay delito no podemos mas que darle la razón, y se le llama apartheid. Cuando unos pueden hacer cosas que otros no, estamos ante un estatus en donde lo que es un derecho para unos no lo es para otros. Si unos realizan una acción y esta es legal pero otros al realizarla incurren en lo que "podría ser un delito" entonces estamos ante un sistema con dos marcos legales: uno para uno y el otro para los otros. A eso, aquí y en Sudáfrica, se le llama apartheid.
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El fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, ve indicios de delito en la actuación del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por unas declaraciones en las que pidió a dar «jaque mate» a la Guardia Civil, tras la redada contra 16 ciudadanos vascos el pasado 12 de enero.
En un informe remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, el fiscal considera que dichas palabras pueden constituir un «delito contra las instituciones del Estado». Por ello «no se opone» a que se admita a trámite la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia contra Arraiz por estos hechos y recuerda que la competencia de este caso corresponde al TSJPV dado que el presidente de Sortu está aforado por su condición de parlamentario.
En el escrito, Calparsoro informa también de que, además de la querella, también recibión un informe del delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, quien consideró que podrían ser constitutivas de un delito de «injurias y amenazas a la Guardia Civil».
El que definitivamente está incurriendo en una actitud delictiva es, sin lugar a dudas, Juan Calparsoro, al cerrar filas con Carlos Urquijo tras demandar el segundo una acción que es de facto, constitutiva de política de apartheid en contra del pueblo vasco.
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