El Calvario de María José Carrasco

El estado español está patas arriba por el caso de María José Carrasco, mismo que ha reabierto el debate de la eutanasia.

Desde Gara traemos a ustedes este artículo:

Despenalizar la eutanasia, opción bloqueada por la derecha en Madrid

La muerte de María José Carrasco ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar la regulación de la eutanasia y del suicidio asistido. La CAV y Nafarroa tienen leyes de muerte digna, pero no pueden dar más pasos hasta que las Cortes no despenalicen está práctica. PP y Ciudadanos han usado la Mesa del Congreso para bloquear el debate en Madrid.

Ion Salgado

Este miércoles finalizó el calvario de María José Carrasco, una mujer de 61 años a la que hace ya tres décadas le diagnosticaron esclerosis múltiple. En numerosas ocasiones expresó su deseo de morir, de poner punto final a su sufrimiento, pero no encontró respuesta por parte de las instituciones. Fue su marido, Ángel Hernández, quien finalmente le prestó sus manos para acabar con su vida, en Madrid. Y lo hizo sabiendo las consecuencias que tendría, consciente de que el suicido asistido se castiga con penas que van de los dos a los ocho años de prisión, aunque el Código Penal español recoge una rebaja de grado si hay una petición expresa de la víctima, como ocurre en este caso.

La muerte de Carrasco y la detención de su marido, que fue puesto en libertad sin medias cautelares el jueves por la noche, ha puesto de manifiesto la necesidad desbloquear el debate sobre la eutanasia en el Congreso de los Diputados, donde PP y Ciudadanos han utilizado la mayoría que ostentan en la Mesa para bloquear un proyecto de ley de eutanasia que contaba con el apoyo de la mayoría del pleno, incluidos los diputados de PNV y de EH Bildu, que en 2016 pactaron una ley de muerte digna en el Parlamento de Gasteiz. Una norma aprobada por unanimidad que regula los derechos de las personas en el proceso final de su vida, aunque no incluye conceptos como eutanasia o suicidio asistido.

Y no lo hace porque, tal como explicaron las parlamentarias de EH Bildu Rebeka Ubera y Eva Blanca en mayo de 2014, cuando el grupo soberanista presentó la propuesta inicial, la Cámara de Gasteiz carece de competencias para regular una práctica que «debería estar concretada y admitida en el ordenamiento jurídico y, sin embargo, está tipificada como delito». «Los sectores más recalcitrantes, las derechas y los ámbitos conservadores han tratado de levantar un muro para no hablar de forma natural o en clave positiva del proceso de morir», censuraron.

La ley navarra

En Nafarroa también se aprobó en 2011 una ley de muerte digna a propuesta de NaBai. Al igual que en la CAV, la norma navarra se centra en el ejercicio de los derechos de los enfermos, los deberes del personal sanitario que atiende a los pacientes y las garantías que las entidades sociosanitarias están obligadas a proporcionar, pero rehusa entrar en aspectos relacionados con la eutanasia. No obstante, en febrero de 2016 la Cámara foral aprobó una iniciativa en la que instaba al Gobierno español a elaborar y desarrollar una ley que regule el suicidio médicamente asistido y la eutanasia.

La moción fue presentada por Geroa Bai y recabó el apoyo de EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, mientras que UPN y PPN votaron en contra. Ana Beltrán, que se presenta a las elecciones del día 28 en la lista del PP por Madrid, indicó que el PPN «está a favor de la vida desde la concepción hasta su muerte natural».

Bonnemaison, condenado por la muerte de enfermos terminales

En octubre de 2015 el jurado popular del Tribunal de los Criminal de Angers condenó a Nicolas Bonnemaison, exmedico del Hospital de Baiona, por la muerte de siete pacientes terminales. Le impuso una pena de dos años de cárcel, exenta de cumplimiento, por un delito de «envenenamiento». Bonnemaison había sido absuelto por un jurado popular de Pau, pero la Fiscalía recurrió y solicitó en Angers una pena de cinco años sin cumplimiento.

Los hechos por los que fue juzgado se produjeron en los años 2010 y 2011 y suscitaron un debate sobre la eutanasia en todo el Estado francés. El facultativo, natural de Hazparne, declaró que solo actuó para acabar con el sufrimiento de pacientes en situaciones terminales e irreversibles, pero la Fiscalía argumentó que su impresión personal sobre los casos no elimina la «intención criminal». Además, las familias de los siete pacientes fallecidos expresaron opiniones contradictorias. Unas le exculparon, e incluso le defendieron, mientras que otras promovieron la acusación.

Lo ocurrido en Ipar Euskal Herria es una muestra de la división existente en torno a la eutanasia y al suicidio asistido, que a día de hoy están legislados en Canadá, Colombia, Australia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y en algunos estados de EEUU. En Suiza se permite el suicidio asistido, no la eutanasia.

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