Con respecto al encarcelamiento ordenado por la inquisidora garzoniana Carmen Lamela en contra de los nueve -ahora ocho- representantes populares catalanes para beneplácito del régimen borbónico franquista, desde Catalunya un señor que sabe de leyes hace algunas aclaraciones, según nos indica este artículo en La Vanguardia:
Ribó denuncia “una muestra más de la desproporción de la justicia”Un ejemplo más de “desproporción” de la justicia española y una posible “vulneración de derechos fundamentales”. Así analiza el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, el auto de prisión incondicional contra nueve consellers del Govern cesado de Carles Puigdemont, que dictó este jueves la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.En rueda de prensa desde el Parlament de Catalunya en el que ha presentado la actuación de su organismo respecto a los hechos acontecidos el 1 de octubre, Ribó ha considerado “sorprendente” que la Audiencia y el Tribunal Supremo hayan demostrado “diversidad de criterios” en sendos procesos de investigación contra los distintos cargos catalanes. A su juicio, ello podría haber no garantizado los derechos de defensa del vicepresidente cesado y los consellers.Ribó mantiene además que “la calificación penal como rebelión parece completamente desproporcionada”, recordando que la Constitución Española la que obliga a garantizar un principio de proporcionalidad de las resoluciones y penas y “no parece que se esté respetando en este caso”, ha concluido.El Síndic también reprocha que el auto judicial consideren “intimidatorias” las manifestaciones de los 11 de septiembre de los últimos años, cuando han sido, según Ribó, “ejemplares por su civismo”. Esta consideración por parte de la magistrada puede suponer una grave “transgresión” el artículo 21 de la Constitución que garantiza el derecho de manifestación, ha añadido.En el informe, el Síndic se muestra especialmente crítico con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Ribó entiende que la disolución del Parlament, el cesde del Govern, la convocatoria de elecciones y el cese del presidente catalán pueden “transgredir el derecho a la autonomía”. En este sentido, Ribó entiende que la interpretación del Senado y el Gobierno del mencionado artículo sería contrario a otros preceptos constitucionales como el artículo 2 de la Constitución y el sistema desplegado en el título VIII. Ha recordado incluso que los ciudadanos podrían “impugna” la resolución del Senado, “incluso con amparo constitucional”.Finalmente, Ribó ha pedido que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre tengan “todas las garantías democráticas”, se celebren “sin amenazas ni advertencias” y ha exigido al Gobierno que se “comprometa públicamente a levantar” las medidas del 155 cuando se forme el nuevo Govern.
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