Trampa y Ley

Esta es la editorial de hoy de Gara:

Hecha la Ley, hecha la trampa

Hoy comienza en el Tribunal Supremo español la vista oral sobre la demanda de ilegalización de los partidos políticos vascos ANV y EHAK promovida por el Gobierno español. Hace dos semanas fueron aceptadas prácticamente todas las pruebas presentadas por la defensa de esas formaciones, entre las que se incluyen testimonios que sin duda sientan en el banquillo a la calidad democrática del Estado español, como son los relativos a la detención de Igor Portu y Mattin Sarasola. Algunas voces presentaron esta aceptación como una muestra del respeto a las garantías legales; sin embargo, nada hay más lejos de la realidad en toda esta ofensiva ilegalizadora, al parecer sin límites.

Al margen de la decisión que adopte el Tribunal Supremo tras escuchar a testigos y leer las pruebas documentales, las dos formaciones vascas seguirán suspendidas de sus actividades por decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Su actuación «preventiva» dejó ya sin efecto práctico este trámite del Supremo. Y ambas instancias actúan además como una apisonadora en un momento en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite los recursos de la práctica totalidad de partidos y plataformas electorales ilegalizadas hasta el momento y tiene pendiente su decisión final sobre el litigio. La decisión de Garzón, por otro lado, propició numerosos procesamientos y encarcelamientos por «desobediencia». Con esos antecedentes, la vista que tendrá lugar a partir de hoy, por muchos esfuerzos por aparentar rigor, no se sustrae a la evidencia del absoluto déficit democrático del Estado español. Un déficit que tiene un nombre propio, aunque no sea el único: Ley de Partidos Políticos.

Por otro lado, llama la atención que estas actuaciones transcurran al margen de la agenda política, incluso para las formaciones que dicen rechazar esa Ley de Partidos. La iniciativa de Juan José Ibarretxe apelando al acuerdo sin exclusiones contrasta de modo flagrante con el silencio ante procesos como éste y el veto sistemático a la acción política de la izquierda abertzale.

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