Vascófobo y racista como pocos, el pseudo-filósofo Fernando Savater se coloca a la cabeza de una pandilla de xenófobos que han firmado un documento en que exigen que el castellano sea la única lengua de el Estado Español en detrimento de las demas lenguas. Parece ser que el grupúsculo de inadaptados quiere verse más intolerante que la Academia de la Lengua Francesa.
Aquí está la información al respecto:
Aquí el texto íntegro:
Es curioso como a pesar del contenido retrógrada del manifiesto quien escribió el artículo describiera a estos imbéciles como "intelectuales".
Aquí está la información al respecto:
Fernando Savater y otros intelectuales piden modificar la Constitución en defensa del castellano
Mario Vargas Llosa, Albert Boadella y Fernando Savater, entre una veintena de escritores, artistas y políticos, han promovido un manifiesto en defensa del castellano como lengua común en España. Para Savater, "no se trata de una mera queja o de la denuncia de un hecho sino de proponer al Parlamento una serie de iniciativas legales, entre las que se contempla una posible modificación de la Constitución y de algunos Estatutos Autonómicos".
"Los ciudadanos son quienes tienen derechos lingüísticos y no los territorios ni mucho menos las lenguas", aseguró hoy el filósofo impulsor del documento, durante su presentación en el Ateneo de Madrid.
José Antonio de la Marina, Roberto Blanco, Sosa Wagner, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Alvaro Pombo, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Ramón Rodríguez, así como profesores de las universidades de Santiago, Cantabria y Rey Juan Carlos de Madrid, completan, por ahora, la lista de firmantes.
El castellano, "Única lengua obligatoria"
Entre los puntos de cambio propuestos, se encuentra el "asegurar el derecho (NO LA ÚNICA IMPOSICIÓN !!!) de todos los ciudadanos a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna, así como elincluir, entre los planes de estudio, opciones que contemplen a las lenguas cooficiales autonómicas, pero nunca como lenguas vehiculares exclusivas".
"La base sobre la que partimos es que no puede discriminarse políticamente al castellano lo que, según consideramos los firmantes, acaba afectando a los más desfavorecidos, dañando sus posibilidades laborales y sociales y recortando sus alternativas", sentenció Savater.
La académica Carmen Iglesias resaltó su preocupación por "las consecuencias de la marginación del castellano en los planes educativos" y recalcó la importancia de lograr una movilización de la sociedad civil y de los políticos "para garantizar el derecho y deber del aprendizaje del castellano".
Asimismo, defendieron "el derecho de todo ciudadano a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales, lo que no significa que todo funcionario esté obligado a emplear ambas". Por otro lado, apuntaron como recomendable el que la rotulación de calles y edificios públicos sea bilingüe, "pero que nunca se emplee exclusivamente la lengua autonómica".
El quinto de los puntos suscritos se refiere al uso del castellano que deben hacer los políticos, tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas, "en sus funciones de alcance estatal, tanto dentro como fuera de España".
El que fuese cabeza de lista al Senado por Madrid en UPyD, Alvaro Pombo, consideró que seguramente su partido "presente una iniciativa parlamentaria que recoja lo esencial del manifiesto".
Aquí el texto íntegro:
Manifiesto por la lengua común
Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural –nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación. Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1) Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implicainjusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua políticacomún es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en elmundo entero como el castellano.
2) Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüisticos, no los territorios ni mucho menos laslenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello “normalización lingüística”).
3) En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
4) Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar talartículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1) La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2) Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas co-oficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
3) En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4) La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc...en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5) Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Firmas (orden alfabético): Mario Vargas Llosa, José Antonio de la Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, Jose Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, Jose Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater
Es curioso como a pesar del contenido retrógrada del manifiesto quien escribió el artículo describiera a estos imbéciles como "intelectuales".
.... ... .
No hay comentarios.:
Publicar un comentario