De esta resolución arbitraria no esperen leer nada en la página de los juntaletras de Reporteros Sin Fronteras, después de todo recordemos que España es un estado supuestamente democrático.
Enterense pues de como trabaja la máquina trituradora de derechos humanos y garantías civiles conocida con el eufemístico nombre de "justicia española".
Este escrito ha sido publicado en Rebelión:
Enterense pues de como trabaja la máquina trituradora de derechos humanos y garantías civiles conocida con el eufemístico nombre de "justicia española".
Este escrito ha sido publicado en Rebelión:
Para que el Estado funcione
Imanol Murua
Traducido para Rebelión por Daniel Escribano
El caso de las torturas a Iñaki Uria estaba en camino de ser una feliz excepción. Cuatro años después de ser torturado en la sala de interrogatorio, una jueza tomó la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a cuatro guardias civiles. Una jueza de San Sebastián, Nekane Rodríguez, dio credibilidad al testimonio de Uria. Después de muchos años, después de que múltiples denuncias de tortura hayan acabado en la papelera, iban a juzgar a cuatro guardias civiles imputándoles delito de tortura.
Era demasiado bonito. Tenía demasiada semejanza con la justicia, a decir verdad. Ha bastado con que un tribunal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa decidiera que correspondía al tribunal de Madrid. Punto. Ahí se acaba.
El juez Vaquero ni siquiera ha tomado declaración a Uria y ni siquiera se ha tomado el trabajo de responder a los argumentos que dio la jueza Rodríguez cuando decidió que se celebrara el juicio. Se ha limitado, sin más, a firmar las razones expuestas por el fiscal en el recurso. Los argumentos no tienen nombre: que presentó la denuncia con un retraso de un mes ─¡estaba preso!─, que, como lo encarcelaron, tiene «enemistad manifiesta» para con quienes le detuvieron ─¿sólo pueden ser creíbles las denuncias de tortura de quienes quedan en libertad, por tanto?─, que tiene demasiada semejanza con las denuncias de los detenidos de ETA, etc.
El Estado está tranquilo. También los funcionarios responsables de los detenidos durante el período de incomunicación de éstos. El fiscal ha hecho bien su trabajo. Y el juez también. Para que funcione el Estado no debe funcionar la justicia.
Berria, 11 de junio de 2008
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