Greenpeace y el Genocidio Yemení

El tema ha estado sobre la mesa hace ya casi un año cuando se denunció que se había cesado al bombero Ignacio Robles por negarse a participar en un operativo de seguridad durante el embarque de armas en el puerto de Bilbo destinado a Arabia Saudita, dictadura fundamentalista que estos momentos mantiene un brutal estado de sitio en contra de la población civil de Yemen.

Hace unas semanas, colectivos feministas de Euskal Herria llevaron a cabo una protesta dando realce una vez más al asunto, haciendo hincapie en el antimilitarismo que ha caracterizado al movimiento social vasco.

Ahora, según nos informa Naiz, ha correspondido al grupo ambientalista Greenpeace tomar el testigo:

Activistas de Greenpeace protestan en el puerto de Bilbo contra el «envío ilegal» de armamento

Activistas de Greenpeace han realizado una acción de protesta pacífica en el puerto de Bilbo colgándose de los amarres del barco Bahri Tabuk para denunciar «el envío de armamento con destino a los países de la coalición liderada por Arabia Saudí en la guerra del Yemen».

Con esta acción de protesta pacífica, Greenpeace denuncia que estas armas «pueden ser usadas contra la población civil en la cruenta guerra del Yemen, que le ha costado la vida a miles de personas inocentes». Greenpeace acusa al Gobierno español de «ser cómplice de esta situación por permitir la venta de este material» y le exige que le ponga fin.

El grupo de activistas se ha aproximado en zódiacs al barco Bahri Tabuk, de la naviera saudí Bahri, y se han lanzado al agua con trajes especiales y con pancartas con el mensaje «Armas Marca España para matar civiles» en castellano, inglés y euskera. Cuatro activistas más permanecen colgados en las amarras del barco y cinco en las defensas que separan el barco del muelle. La protesta pacífica se prolongará tanto como sea posible.

Greenpeace señala al Gobierno español «por autorizar envíos ilegales de material bélico cuando existen indicios de que estas armas podrían ser utilizadas para vulnerar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos».

Según ha denunciado, «este es el caso del envío de armamento a países que forman parte de la coalición saudí, que desde que comenzó la guerra de Yemen en marzo de 2015 ha llevado a cabo ataques continuados sobre población civil». «Como consecuencia de los ataques de ambas partes del conflicto se han contabilizado, hasta finales de 2017, 9.245 civiles muertos y 52.807 personas heridas», han alertado.

Greenpeace ha criticado que, «a pesar de esta situación y de que España no cuenta con mecanismos para verificar el uso que se hace del armamento que exporta, entre 2014 y 2016, se han autorizado y realizado ventas de armas desde España a los países de la Coalición Saudí que participa en la guerra de Yemen por valor superior a 995 millones de euros, a pesar del riesgo de que hayan podido ser utilizados en Yemen, lo que incumpliría la Ley española de Control de Comercio de Armas, el Tratado de Comercio de Armas y la Posición Común del Consejo de la UE en la materia».

«El Gobierno está permitiendo el envío de armas a varios países que están participando en la guerra de Yemen y masacrando población civil y, además, no puede certificar el uso final de estas armas. Estas premisas hacen esas autorizaciones ilegales y tienen que denegarse inmediatamente», ha declarado Sara del Río, responsable la campaña de Desarme de Greenpeace.

Ley de Secretos Oficiales

Por otro lado, Greenpeace ha explicado que la Ley de Secretos Oficiales, «cuya reforma en el Congreso mantienen bloqueada el Partido Popular y Ciudadanos, está sirviendo de escudo para impedir que tanto la ciudadanía como el poder legislativo accedan a la información para verificar si se están aplicando correctamente los principios que establece la ley o que el Gobierno rinda cuentas si, como parece, estuviese incumpliendo la legislación nacional e internacional en la materia».

Del Río ha advertido de que «el cumplimiento del derecho internacional tiene que primar sobre los beneficios de las empresas armamentísticas, y para asegurar que es así el Gobierno tiene que rendir cuentas y no esconderse tras la Ley de Secretos Oficiales». En ese sentido, ha dicho que el PP «tendría que dejar de bloquear la reforma de esta ley franquista en el Congreso».

¿Recuerdan la actitud chulesca de Cospedal a pregunta expresa de Gabriel Rufián acerca de el presupuesto designado para el gasto militar? Pues ahí está.

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