“Oso Latza Izan Da”

Durante años los medios de comunicación mundiales se dieron el lujo de utilizar sin chistar un párrafo dictado por el régimen español, mismo que decía palabras más palabras menos; durante las últimas cuatro décadas ETA ha asesinado a 800 personas.

Esa cifra de 800 personas es también el número oficial de víctimas de la violencia.

O sea, en el conflicto político contemporáneo, generado por la ocupación del territorio de Nabarra hace quinientos años por parte del expansionismo de los reinos de Castilla y Aragón, la violencia solo ha emanado de uno de los dos lados del conflicto, o sea, del lado vasco. Del otro lado, del español, solo han surgido las víctimas.

Tal aseveración oculta una realidad lacerante, que la ocupación de Nabarra por parte del reino que emergería de los reinos de Castilla y Aragón tiene tintes que la calificarían de genocida.

Durante siglos Madrid ha intentado borrar la identidad vasca del otrora reino independiente. No lo ha logrado, pero en intentarlo a cometido crímenes de lesa humanidad por los que algún día tendrá que responder: campañas militares de exterminio, desplazamientos forzosos, exilio, manipulación étnica por medio de asentamientos en los territorios conquistados, prohibición de tradiciones, leyes en contra del euskera, destrucción de símbolos identitarios, manipulación revisionista de la historia y un largo etcétera.

Y todo eso, antes de la llegada del Franquismo.

Con el ascenso al poder de los fascistas todo un nuevo arsenal represivo sería agregado al inventario. Sería agotador enumerarlos, baste como ejemplo este que señala Danilo Albin en su artículo dado a cononcer en las páginas de Público:

Los policías que torturaron hasta la muerte a Joxe Arregi nunca fueron apartados de sus cargos

Este martes se cumplen 37 años de la muerte del joven guipuzcoano tras permanecer ocho días en dependencias de la Dirección General de Seguridad, donde fue sometido a salvajes tormentos. De los 70 policías que lo habrían torturado, sólo dos fueron condenados. El gobierno de Felipe González los indultó. Luego fueron ascendidos.

Danilo Albin

Fueron sus últimas palabras. Las pronunció con el último hilo de voz que le quedaba. Y ese hilo, por muy débil que fuese, ya era bastante: Joxe Arregi llevaba nueve días en el infierno. Pero no un infierno cualquiera, sino uno de carácter oficial, con bandera en la puerta y uniformados en la recepción. “Oso latza izan da”. “Ha sido muy duro”. Tan duro había sido que después, muy poco después, su corazón dejó de latir y su cuerpo, su destrozado cuerpo, ya no volvió a temblar. Ya no más.

Este martes se cumplen 37 años de la muerte de Arregi, un joven al que la Policía investigaba por su presunta relación con ETA. Por eso lo detuvieron. Por eso lo torturaron. Hasta cansarse. Hasta matarlo. “Oso latza izan da” fue el mensaje que logró transmitir a sus compañeros de prisión luego de sus largos nueve días en la sede madrileña de la Dirección General de Seguridad, dependienete del ministerio de Interior. Un ministerio que por entonces, en febrero de 1981, estaba a cargo del conservador Juan José Rosón.

“Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes”, fue parte del relato que Arregi logró transmitir a otros reclusos en el hospital penitenciario de Carabanchel. En realidad, tampoco hacía falta que hablase para que los presos que allí le vieron comprobasen que acababa de salir del infierno.

“Estaba aplastado físicamente”, aseguraron los presos que le vieron. Así consta en el informe “Oso latza izan da: La Tortura en Euskal Herria” elaborado por el abogado y actual parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga y publicado por la Fundación Euskal Memoria. En su trabajo, el investigador aporta la versión de quienes estuvieron con Arregi en los últimos momentos de su vida. “Al preguntar si era miembro de ETA, balbuciendo las palabras con un fuerte temblor en todo el cuerpo y con escasas fuerzas para respirar nos dio los datos precisos para su identificación. Intentamos estrecharle la mano en señal de saludo y apenas se apercibió del gesto, por lo cual pudimos observar que le faltaban los reflejos. ‘¡Tengo mucha sed!, ‘¡tengo mucha sed!’, esto es lo que decía con dificultad pero insistentemente”, relataron.

Cuando le desvistieron para acostarle, comprobaron el estado en el que se encontraba. El resto se vuelve entonces aún más aterrador. “Fue apareciéndonos el cuadro tétrico de su cuerpo cubierto de grandes hematomas, siendo el más llamativo uno totalmente ennegrecido de dimensiones aproximadas a los 20 centímetros de altura que le circundaba completamente a la altura de los riñones –describieron-. Los pies hinchados presentaban en toda la superficie de sus plantas un hematoma ennegrecido con visibles quemaduras y ulceraciones tratadas con mercromina. Sus ropas eran en realidad harapos malolientes por la suciedad acumulada”.

La versión del ministro Rosón fue muy simple. “Las lesiones se le produjeron cuando fue capturado y en un supuesto forcejeo en las dependencias policiales”, dijo el responsable de Interior en sede parlamentaria, donde además se permitió lanzar una advertencia: “Esta actuación individualizada no puede ser instrumentalizada por nadie con fines políticos desestabilizadores del estado, la democracia y la paz civil”. Sin embargo, Arzuaga destaca en su informe que “algo más debía haber”, ya que tras la muerte de Arregi “se suceden los ceses y dimisiones de cargos de la Policía Nacional, tales como el director general José Manuel Blanco Benito o Manuel Ballesteros, comisario general de Información”.

De la condena al indulto

El recorrido judicial de este caso no estuvo exento de polémica. Si bien se comprobó que Arregi “permaneció durante ocho días ininterrumpidamente en un mismo despacho de la Brigada Regional de Información por el que pasaron y actuaron hasta 73 funcionarios del Cuerpo Superior de Policía”, lo cierto es que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid acabó dejando en libertad a los cinco inspectores que habían intervenido en los salvajes interrogatorios a Arregi.

“Lo que se anunció como una investigación en profundidad, comenzó pronto a desacelerarse”, recuerda Arzuaga en su trabajo. Destaca además que “por mera cuestión cosmética, también la Dirección General de la Policía planteó una sanción disciplinaria contra (Julián) Marín y (Juan Antonio) Gil Rubiales”, dos inspectores de Policía que fueron señalados como “instructor y secretario de la declaración que se tomó al detenido Arregi”. El autor del informe de Euskal Memoria sobre la tortura en Euskal Herria señala que la dimensión de esa supuesta sanción era “grotesca”, ya que solamente “constaba de una pérdida de veinte días de sueldo”.

En el juicio sobre este caso, el fiscal pidió tres meses de prisión para Marín Rios y Gil Rubiales “por un delito de malos tratos”. En diciembre de 1983 fueron absueltos, pero poco después volverían a ser juzgados a instancias del Tribunal Supremo. En septiembre de 1985, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid los absolvió nuevamente, e incluso fue más allá: el tribunal rechazó que Arregi hubiese sido víctima de malos tratos y alegó que “no se tiene en absoluto certeza de que las llagas en la planta de los pies fueran quemaduras”.

“Recurrida nuevamente la sentencia, en octubre de 1989, casi nueve años después de cometidos los delitos, el Tribunal Supremo condenó a Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales a cuatro y tres meses de arresto y tres y dos años respectivamente de suspensión de empleo y sueldo”, relata Arzuaga. Sin embargo, “tanto la sanción disciplinaria como la condena judicial no tuvieron ninguna repercusión en la vida ni en la actividad profesional de los dos acusados”.

En efecto, el gobierno de Felipe González indultó a ambos policías en 1990. En mayo de ese año, la entonces diputada de IU Cristina Almeida preguntó al Ejecutivo del PSOE cuáles habían sido sus razones para otorgar ese favor a Ríos y Gil Rubiales, quienes continuaban trabajando en dependencias policiales. No recibió respuesta. Lo mismo volvió a preguntar un año después su compañero de bancada Antonio Romero. Entonces, el ministro Virgilio Zapatero Gómez le indicó que “los Inspectores de Policía a los que se refiere la pregunta de Su Señoría se encuentran actualmente en situación de suspensión de funciones por el tiempo estipulado en la Sentencia”.

El tiempo pasó rápido. Muy rápido. Poco después, los dos policías condenados e indultados volvieron a sus puestos de trabajo. El caso más claro es el de Gil Rubiales, quien en 2005 llegó a ser designado Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Tenerife por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Murió en julio de 2008.

Día Contra la Tortura

37 años después de la muerte de Arregi, este martes 13 volverá a ser recordado por distintos colectivos de Euskadi como el “Día Contra la Tortura”. En ese contexto, la Fundación Euskal Memoria celebrará el próximo viernes 16 una conferencia en Donostia que abordará, precisamente, la lacra de la tortura. Allí estará José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Laura Pego, representante del Instituto Vasco de Criminología –organismo encargado del reciente informe sobre la tortura en Euskadi-; y el ex deportado vasco Eugenio Etxebeste, quien a día de hoy forma parte del patronato de Euskal Memoria. El acto se celebrará a partir de las 18.00 en el Auditorio Antonio Beristain del Centro Carlos María (UPV-EHU).

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