Entrevista a Joaquín Urías

Con respecto al golpe de estado en Catalunya llevado a cabo por el régimen borbónico bananero por vía del Artículo 155, les presentamos esta entrevista dada a conocer por Gara:

«El precio a pagar por frenar a Catalunya es una disminución de los derechos fundamentales»

Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional. A través de las redes sociales y artículos de prensa, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías se ha convertido en una de las voces que, desde España, más insistentemente alerta sobre la pendiente resbaladiza por la que está cayendo el Estado en su respuesta al envite catalán.

Beñat Zaldua

Casi siempre hay alguien al otro lado. Personas con la extraña virtud de señalar la viga en su propio ojo, lo que en el caso catalán se traduce en una denuncia del peaje antidemocrático que el propio Estado español está pagando por no abordar el conflicto en el terreno que le corresponde: la negociación política. Uno de ellos es Joaquín Urías (Sevilla, 1968), exletrado del Tribunal Constitucional.

Aunque con Catalunya nada pueda descartarse, si no pasa nada por el camino el TC decide esta semana próxima admitir o no el recurso del Gobierno español contra la investidura de Carles Puigdemont. ¿Tiene motivos para hacerlo?

Desde el punto de vista jurídico es muy evidente que el recurso debería ser inadmitido, básicamente porque es un recurso preventivo. Viene antes de que haya ocurrido el acto recurrido, se hace por si las moscas.

Hace dos semanas el TC pospuso la decisión sobre el recurso del Gobierno español, pero dictó unas medidas cautelares que, en la práctica, imposibilitaban la investidura de Puigdemont. ¿Se ajustan a derecho?

La idea de las medidas cautelares es un poco absurda porque, según la ley, en el momento en que se admite a trámite un recurso para analizarlo, el acto recurrido queda ya suspendido. Por tanto, no hay medidas cautelares previstas; esto solo surge porque el tribunal, en vez de resolver lo que tenía que resolver, lo ha pospuesto.

La decisión podría dividir al TC, ya que seis jueces se mostraron a favor de admitir el recurso y cinco en contra. ¿Qué valor tiene la unanimidad en estos casos?

Cuando una decisión del Tribunal Constitucional viene respaldada por unanimidad, la imagen pública que se da es que se ha realizado la única interpretación posible de la Constitución. Cuando hay un voto particular, este muestra que se podía haber hecho de otra forma. En este caso, al Gobierno le interesa mucho que no haya grietas y que haya unanimidad, en la medida en que eso dibuja un bloque de todos los constitucionalistas frente al independentismo catalán. Veremos qué ocurre ahora, cuando tendrán que tomar la decisión de verdad.

¿Ve algún recorrido a un eventual recurso por parte catalana ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?

Habrá que ver la decisión final del Tribunal Constitucional, pero si todo se mantiene como hasta ahora creo que sí que es posible que un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tenga posibilidades de éxito. Eso sí, llegaría al cabo de muchos años...

¿Ve algún margen para que Puigdemont pueda ser investido de alguna forma?

Con la ley en la mano, si Puigdemont estuviese presente en la Cámara, no hay ningún obstáculo para que sea investido. Lo que sucede es que, con las medidas cautelares, el Constitucional nos dice que necesita el permiso de un juez. El Tribunal se niega a que Puigdemont sea investido en todo caso, aunque ceda después la Presidencia. Si las normas se aplicasen como debieran, lo normal sería que Puigdemont fuese investido y después, si el Gobierno considera que la investidura es errónea, entonces lo recurriese y se anulase.

Tenemos al TC y al Supremo como tutores de la política catalana; ellos deciden quién puede ser candidato y quién no.

Es la estrategia que ha adoptado el PP desde hace años. En vez de elegir una respuesta política al desafío que se les presentaba políticamente, han ido eligiendo respuestas judiciales. En vez de contestar «no estamos de acuerdo con lo que están ustedes haciendo», Rajoy ha contestado desde el primer día «espere un momento que voy a buscar a un juez para que le diga que usted no puede hacer eso que está haciendo». Es decir, el poder judicial está respondiendo donde tenía que estar respondiendo el poder político.

¿Con qué consecuencias?

Está debilitando la confianza en la justicia, porque cuando un problema político de primera magnitud divide el país, el hecho de que los tribunales tomen sistemáticamente partido a favor de uno, forzando hasta el límite la letra de la ley –es más, retorciendo lo que dice la ley para darle la razón siembre al Gobierno–, pues al cabo de un tiempo eso tiene un efecto sobre la confianza en la justicia. Por eso, de aquí vamos a salir con una justicia menos independiente, menos neutra y que dará menos confianza.

Rubalcaba ha dejado dicho que el Estado pagará el precio por frenar el proceso soberanista catalán. ¿Cuál es ese precio?

El precio que se está pagando ya es la disminución de los derechos fundamentales. Y no lo está pagando solo el Estado, sino todos sus ciudadanos. Se están debilitando la Constitución y los derechos fundamentales. El precio de frenar al independentismo a toda costa es debilitar el sistema de derechos y libertades de todos los ciudadanos.

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