No hay voluntad política por parte de Madrid para resolver de manera democrática el proceso de desconexión catalán. El régimen está envalentonado tras las múltiples muestras de apoyo incondicional por parte de distintos actores en las instancias supranacionales europeas.
Arrogantes, anuncian a los cuatro vientos el plan que tienen para castigar ejemplarmente a quienes ellos consideran los líderes del impulso por la autodeterminación de Catalunya. Las formas serán diferentes, pero en el fondo la actitud es exactamente la misma que tuvieron para con los líderes insurgentes de las colonias americanas. De ser capturados, les sometían a suplicios espantosos, a juicios irrisorios para finalmente ser llevados ante el pelotón de fusilamiento. No hace mucho le sucedió exactamente eso a Lluís Companys, como bien ha tenido a recordarnos Pablo Casado.
O sea, Madrid es una metrópoli anclada en el Siglo XIX que se ve obligada a guardar ciertas formas "democráticas" en su campaña punitiva por mantener el control de las colonias que no han sido beneficiadas aún por el proceso de descolonización supuestamente auspiciado por la ONU. Hablar de lo que marca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos visto lo visto sería una auténtica necedad.
Pero, antes de que inicien la lectura del artículo de Público que queremos compartirles es bueno recordarle a todos nuestros lectores que durante décadas el régimen español declaró que no se sentaría a una mesa de negociación con las instituciones vascas mientras existiera la violencia de ETA. Han pasado seis años desde la declaración unilateral del cese de hostilidades por parte de la organización antifascista y Madrid no se ha dignado sentarse en la mesa de negociación que facilite un proceso de paz, reconciliación y convivencia que determine la ruta a seguir para la eventual independencia de Hego Euskal Herria.
Palabras huecas.
Aún más huecas si se toma en cuenta que el procés catalán se ha caracterizado por ser pacífico desde el día uno.
Aquí la información:
Todos los que resulten procesados en marzo por el juez Llarena quedarán inhabilitados para ejercer un cargo público. Ningún preso saldrá de la cárcel hasta sentarse en el banquilloJulia PérezEl Tribunal Supremo tiene previsto sentar en el banquillo a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y el resto de los principales líderes del proceso independentista de Catalunya el próximo mes de octubre, de tal manera que el juicio durará un mes y en diciembre se promulgará la sentencia, según fuentes jurídicas.Este es el calendario que manejan varios magistrados sobre la investigación abierta a 28 ex altos cargos del Govern y del Parlament en el alto tribunal por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Aunque cabe que el calendario sea alterado con maniobras dilatorias que podrían ejercer algunas de las defensas, con la presentación de recursos y la petición de peritos, testigos y pruebas adicionales.Inhabilitación de Junqueras y PuigdemontEl juez instructor de la causa, Pablo Llarena, prevé dictar el auto de procesamiento el próximo mes de marzo. "Y todos los pasos que ha dado el juez apuntan a que el auto será dictado por el delito de rebelión y no por el de sedición", detallan fuentes jurídicas que prevén que Llarena "no procesará a los 28 investigados sino a los principales implicados en el proceso unilateral independentista".Este auto tendrá consecuencias de calado: los procesados por rebelión quedan a su vez inhabilitados para ejercer un cargo público si sobre ellos existe un auto de prisión. Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 384 bis). Y los principales líderes políticos del procés se encuentran en prisión provisional o bien en busca y captura nacional, de tal manera que lo previsible sería su ingreso en prisión en caso de que pongan un pie en España. La inhabilitación continúa hasta la sentencia, donde se fija el tiempo total que son apartados.Esto impedirá que Junqueras pueda ejercer cargo político alguno y que Puigdemont sea eurodiputado, como se ha barajado en las negociaciones de JxCAT con ERC: podría ser elegido en los comicios de 2020, pero nunca accedería al escaño, explican fuentes jurídicas.
Activará la extradiciónLas fuentes consultadas sostienen que Llarena tiene previsto activar en marzo o abril la euroorden contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica: Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.De esta manera, en Bélgica se iniciaría el proceso de extradición a España, que dura un máximo de tres meses y donde Puigdemont tiene previsto desplegar su equipo de defensa compuesto por 15 personas para impedirlo.En paralelo, en España, continuarán los trámites del procedimiento ordinario que arranca con el auto de procesamiento de Llarena. Este procedimiento está previsto para los delitos superiores a 9 años de cárcel, como son los de rebelión o sedición.
Sumará la pieza de los MossosEs previsible además que Llarena asuma la pieza que se investiga en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el papel de la policía autonómica en el proceso independentista y que la añada al auto de procesamiento."Si ha existido una rebelión, difícilmente se podría juzgar por separado el uso de la fuerza armada de 17.000 policías, cuyo papel disuasorio e inactividad propiciaron, según el juez, los actos violentos", explican otras fuentes jurídicas consultadas. Entre estos actos, Llarena investiga los disturbios ocurridos en el registro a la consejería de Economía de septiembre, edificio que fue rodeado por una multitud de 40.000 personas cuando era registrado por una comisión judicial, o los altercados del referéndum del 1 de octubre que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Una causa que 'quema'Al Tribunal Supremo le quema esta causa de rebelión porque es el único sumario que se tramita en su Sala de lo Penal, ya que su principal actividad es la casación. Además, es una ‘causa con preso’, lo que significa que los magistrados tienen la obligación de proceder con la máxima atención y prioridad.En prisión preventiva se encuentran el ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras, así como Joaquim Forn —exconsejero de Interior— y los líderes de la ANC Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien no ha solicitado su puesta en libertad."Está claro a estas alturas que ninguno de ellos será puesto en libertad, sino que todos permanecerán en prisión preventiva hasta que se sienten en el banquillo", posiblemente en octubre, aclaran fuentes jurídicas.En julio llegará el auto de conclusión del sumario. Comienza después la fase intermedia que culminará bien con el archivo de la causa o bien con el auto de apertura de juicio oral, que es el verdadero proceso penal.El calendario ideal del Supremo fija el mes de octubre como el del inicio del juicio oral contra los líderes del procés. En concreto, el 1 de octubre, lunes.El tribunal juzgador estará compuesto por siete magistrados de la Sala de lo Penal y el ponente será su presidente, Manuel Marchena. Las sesiones serán de mañana y tarde y el juicio durará un mes.
La Fiscalía "lo tiene difícil""Da pena pensar que las personas que genuinamente defienden la vía dialogada y ponen mesura estén en prisión", destacan fuentes de la defensa de los investigados, que denuncian que el Supremo "está cargándose de tal rigidez que se juega su prestigio y sólo nos queda acudir a Estrasburgo"."La Fiscalía lo va a tener difícil para acreditar e hilar que todos y cada uno los procesados cometieron un delito de rebelión", explican fuentes jurídicas que descartan que unos puedan ser condenados por rebelión y otros por sedición."O existió un alzamiento violento y públicamente para derogar la Constitución y declarar la independencia, como dice el tipo penal de rebelión, o bien existió un alzamiento 'público y tumultuario', como es el de la sedición. Pero no caben ambos delitos".Los líderes de la rebelión se pueden enfrentar a penas de entre 15 a 25 años de prisión, mientras que los jefes de una sedición afrontan penas de 8 a 15 años.La intención de los magistrados es dictar la sentencia cuanto antes, posiblemente el mes de diciembre. La resolución no es recurrible, ya que no existe la apelación.En el alto tribunal existe la convicción de que en este juicio histórico, los condenados —si los hubiera— apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De ahí que vayan a aceptar todas las pruebas y peritos que soliciten, con el fin de no dejar resquicio para que más tarde se alegue indefensión.
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