Ver para creer, ahora resulta que Amnistía Internacional, que acostumbra dar una de cal por las que da de arena, ha decidido no respaldar la lucha en contra de la trata de personas (o sea, de la esclavitud).
Lean esta nota publicada en Proceso:
La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) clausuró de manera simbólica las instalaciones de Amnistía Internacional (AI) en México, en rechazo a la propuesta de este organismo para despenalizar la explotación sexual comercial.
Defensoras de víctimas de trata de personas y explotación sexual se manifestaron hoy en esta capital con una manta de metro y medio de largo (con imágenes de niñas y adolescentes desaparecidas), y una cartulina con la palabra “clausurado” frente a las instalaciones de AI-México, ubicadas en la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte.
Encabezadas por Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de CATWLAC, las activistas –entre quienes iban familiares de víctimas de trata– protestaron porque durante la Reunión del Consejo Internacional (RCI), que se celebró en Dublín, Irlanda, en agosto pasado, los delegados de AI debatieron y aprobaron de manera preliminar la “política sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer realidad los Derechos Humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual”.
De acuerdo con Ulloa, quien lleva más de 20 años atendiendo a las víctimas de este flagelo, esa política es contraria a la misión de AI de defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a vivir una vida digna y sin violencia, así como a los derechos de las mujeres establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
La activista denunció que esa política –presuntamente impulsada por Estados Unidos y aprobada por países de América Latina, Asia y África– plantea despenalizar totalmente el “comercio sexual”, incluyendo a proxenetas, dueños de burdeles y lenones.
Señaló que si bien está de acuerdo con AI en que las personas en condición de explotación sexual comercial no deben ser penalizadas o sancionadas en ninguna jurisdicción, rechaza la decisión del organismo de despenalizar el sistema de explotación sexual que está basado en historias de “opresión, racismo, colonialismo, esclavitud, genocidio, naturalización de la violencia y la discriminación, principalmente contra las mujeres afrodescendientes, pobres y víctimas de violencia sexual, económica, incesto y marginación”.
La experta informó que 76% de las mujeres que actualmente se encuentran en condición de explotación sexual comercial iniciaron a los 12 años de edad, y muchas de ellas fueron víctimas de violencia sexual desde sus hogares.
“Hasta los 18 años ellas son consideradas como víctimas (porque son menores de edad), pero cuando cumplen los 18 (luego de vivir años de explotación sexual) ¿ya se convierten automáticamente en trabajadoras?”, cuestionó la también abogada.
CATWLAC también expresó su rechazo al término de “trabajo sexual” que defiende AI, ya que –observó– fue creado por la “industria sexual” perpetuada por los intereses multimillonarios de las redes del crimen trasnacional organizado y sostenida por lenones, quienes –en algunos países– también son considerados como “trabajadores sexuales”, por lo que con la política de AI podrían resultar absueltos del delito de comercializar el cuerpo de las mujeres.
El organismo también criticó que AI no haga mención a investigaciones o estudios y a un marco jurídico más amplio relacionado con la explotación sexual comercial y sus consecuencias, además de que ignorara la visita que las activistas hicieron a las oficinas de AI-México previo a la reunión en Dublín.
Ulloa llamó a que AI se posicione en solidaridad con las personas en situación de explotación sexual comercial, y que consulte con profesionales de la salud e investigadoras que reúnen datos sobre los profundos daños físicos, psicológicos y traumáticos –incluso la muerte– que enfrentan las mujeres en esta condición.
AI-México se reunirá con CATWLAC
Luego de que la activista terminara de leer su pronunciamiento, la coordinadora de Incidencia de AI-México, Chasel Colorado, salió del recinto para recibir formalmente el documento de CATWLAC.
Cuestionada por la postura de AI frente al llamado de Ulloa, Colorado Piña precisó que todavía ningún país ha aprobado totalmente ni implementado esta política; sin embargo, durante la etapa de discusión sí fue aprobada. Explicó que lo que se aprobó fue “un primer borrador” del proyecto que aún tendrá que ser discutido por el Comité Ejecutivo de AI.
En breve entrevista con esta agencia, la representante de AI-México defendió la postura de que hay mujeres que se “autodefinen” como trabajadoras sexuales, y que es una actividad que ellas han elegido en contraste con las víctimas de trata de personas que están sometidas a regímenes de dominación, por lo que se debe garantizar su derecho a “trabajar en lo que ellas han decidido” y evitar que sean objeto de abusos.
La también experta en Derecho Internacional no precisó si esa política también aplicará para dejar sin sanción a los proxenetas, toda vez que –aseguró– la política aún no se discute a ese grado.
Chasel Colorado aclaró que AI siempre ha estado presente en la lucha por los derechos femeninos, principalmente los vinculados con la violencia de género, y los derechos sexuales y reproductivos.
Invitó a Teresa Ulloa para que la próxima semana se reúna con ella a fin de intercambiar información y profundizar en la discusión de esa política.
CATWLAC informó que esta clausura simbólica se hizo en paralelo en otros países del mundo por parte de otras organizaciones civiles que atienden a mujeres en condición de explotación sexual comercial, así como familiares de víctimas, para evitar que AI apruebe esta política, además de que se juntaron a nivel mundial 25 mil firmas en repudio a la propuesta.
AI también entregó hoy por escrito a los medios de comunicación su pronunciamiento global respecto a este tema, en el que se explica que los trabajadores sexuales son uno de los “grupos más marginados del mundo y que enfrentan una serie de abusos tales como la violación, las palizas, la trata de personas, la extorsión, el desalojo forzoso y la discriminación”.
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