Entrevista a Juan Antonio Madariaga

Esta entrevista ha sido publicada en Rebelión:

“Van a convertir en delito la crítica política y la solidaridad”

Alvar Chalmeta

El juicio por el sumario 33/01 quedó visto para sentencia el 18 de junio. En él no sólo han sido juzgados organismos anti represivos vascos sino también asociaciones de familiares de presos como Senideak.

DIAGONAL : ¿Cuál crees que va a ser el resultado del juicio?

JUAN ANTONIO MADARIAGA : Después de haber asistido a todas las sesiones del juicio, uno no sabe muy bien las razones de la acusación. No sabe si es por tener una empresa, por su actividad en Senideak por sus relaciones… Las dudas de alguna forma se aclaran cuando nos dicen que la actividad llevada a cabo por Senideak-Etxerat, Gestoras-Askatasuna, Behatokia [Observatorio vasco de los Derechos Humanos], T.A.T [Asamblea contra la tortura]… responde a un diseño previo y a una estrategia marcada por ETA.

¿Cómo hacerles entender que estas asociaciones y organismos han surgido, se han constituido, en respuesta a las medidas represivas? Voy a poner un ejemplo concreto. En 1987 se pone en marcha la política de la dispersión. Se nos dice que es para que los presos tengan la posibilidad de pensar y decidir en libertad sin la presión de la Comuna. Se dispersa a todo el colectivo por toda la geografía del Estado. Es un hecho evidente, objetivo. Lo que no se dice y no nos dirán es lo que se oculta detrás : el tratamiento político específico aplicado a este colectivo, que consiste en vulnerar todos los derechos humanos. Los juzgados de vigilancia penitenciaria están llenos de quejas, denuncias realizadas tanto por los presos como por los familiares... Ante este panorama, los familiares se ven en la necesidad de reflexionar, de dar una respuesta colectiva y de afrontar una realidad común. Surge Senideak-Etxerat. Para ofrecer una asistencia y facilitar las visitas. Para dar testimonio de una realidad oculta, para hacer un llamamiento constante a la clase política para que aborde de una forma definitiva el conflicto y para que de ese modo nunca más haya nuevos familiares de presos. Para mantener la exigencia del respeto de todos los derechos humanos para todos y todas y constatar que el sufrimiento no es patrimonio de nadie.

Por tanto la responsabilidad última en el papel y el trabajo de los familiares es del Gobierno que puso en marcha la dispersión. Si el objetivo hubiera sido que los presos decidiesen en libertad, les hubiera sido más fácil agruparlos y hacer una política de puertas abiertas a todos los agentes políticos y sociales. No es una idea original, lo hicieron en Irlanda y así va allí el proceso.

D. : Antes había un sentimiento amplio en la sociedad vasca favorable a la amnistía, ahora el Estado juzga a ese movimiento pro amnistía sin que haya grandes movilizaciones ¿Hay pérdida de apoyo social?

J.A.M. : No se ha buscado en ningún momento la solidaridad para con los imputados. Ése no era el objetivo. Seguiremos trabajando para hacer frente a la realidad represiva en sus múltiples expresiones. Pueblo a pueblo se sigue trabajando … Todas y cada una de las iniciativas en los pueblos están encaminadas a organizar la solidaridad.

El antídoto natural que surge en cualquier ser humano ante una injusticia es el de la solidaridad. Podrá ser anónima, cómplice, abierta, exigente, insegura, oculta, pero está siempre ahí. Aquí el día que seamos capaces de organizar toda esa solidaridad, diversa en sus expresiones, el día que compartamos todas las realidades perversas, todos nuestros temores, ese día la dispersión tiene las horas contadas, y se abrirá paso a un nuevo escenario.

Hay más de 300 personas que han tenido algún nivel de responsabilidad en la vida política, social, sindical y cultural de este país que se encuentran procesadas, encarceladas. Y éste no es más que el inicio de algo que va a continuar. A nadie se le escapa que lo que se busca, entre otras muchas cosas, es bloquear la capacidad de iniciativa, amedrentar, anular política y socialmente a un pensamiento crítico, disidente, y abrir el paso a la impunidad de actuaciones por parte del Estado. Son recetas habituales. Asumimos que vamos a ser condenados. Puede que alguno quede en libertad pero eso no va a ser determinante. Lo determinante es que van a convertir en delito la solidaridad, la crítica política... y van a criminalizar los movimientos populares que pongan en evidencia la represión del Estado.

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