Garzón el Martillo

Este texto ha sido publicado en Gara:

Anjel Errasti, Jon Gurutz Olaskoaga, José Manuel Castells, Virginia Tamayo | profesores de la UPV/EHU

El martillo de los herejes, la luz de España

Los firmantes del artículo parten de una constatación general, el deterioro del Estado de Derecho en el Estado español, para adentrarse en uno de sus desarrollos particulares: la caza de brujas contra la «proximidad ideológica» a la izquierda abertzale desarrollada por la Audiencia Nacional, con el juez Baltasar Garzón a la cabeza, emulando la persecución que desarrolló la Santa Inquisición sobre los herejes.

Estamos asistiendo estos últimos años al deterioro del Estado de Derecho para una parte significativa de nuestros conciudadanos y, por ende, para toda la sociedad vasca. Las actuaciones de la Audiencia Nacional en múltiples sumarios que han llevado al cierre de periódicos, disolución de partidos políticos, encarcelamientos indiscriminados, etc., hacen que vivamos en una especie de estado de excepción, inimaginable en la venturosa Europa.

El popularmente conocido como «Pacto Antiterrorista», firmado en Madrid por PP-PSOE el 8 de diciembre de 2000 y diseñado como estrategia del Gobierno Aznar para combatir a ETA, sienta las bases de una estrategia común para el País Vasco (reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e institucional, etc.). A este pacto se añadió la Ley Partidos Políticos (27 de junio de 2002), creada ad hoc para declarar ilegal a Batasuna y que contó con la aprobación ardiente e inmediata del PSOE y, singularmente, no lo olvidemos, del PSE, que dice ahora que va a ensanchar las libertades y el autogobierno de Euskadi. Ambos conforman el marco jurídico que permite todo este deplorable despropósito, junto con la entusiasmada colaboración de los jueces más iluminados de la Audiencia Nacional. Éstos, tras nueve años de tramitación de un proceso judicial con una carga política que ha dejado sin efecto los derechos procesales y las garantías jurídicas de 46 procesados vascos pertenecientes a empresas y entidades vinculadas al nacionalismo vasco no institucional encausadas en el Macro-Sumario 18/1998, han desarrollado la tergiversada pero productiva teoría del Juez Baltasar Garzón de que «todo es ETA» o lo que en afortunadas palabras Mariano Ferrer llama el «terrorismo desarmado» y otros el terrorismo pacífico. Esta acusación de «proximidad ideológica» con el entorno de ETA en muchos casos se asemeja a la acusación de herejía que se realizaba en los tiempos de la Inquisición, en la que la prueba no era necesaria.

Nos referimos a la orden que dictó el Juez Baltasar Garzón para detener y posteriormente encarcelar incondicionalmente a las hermanas oriotarras Maribel y Blanca Bruño, gerente de la empresa familiar la primera e irakasle la segunda y también vinculada al negocio, acusadas de haber pagado distintas cantidades de dinero a ETA en relación al denominado «impuesto revolucionario». En el auto de prisión, el magistrado español les acusó de colaborar con ETA y de haber pagado de forma voluntaria a la organización armada, basándose en una carta de agradecimiento remitida por la banda a las imputadas. El juez considera que las dos hermanas están muy próximas ideológicamente a ETA y que tienen la vía abierta para seguir colaborando.

Hay dos aspectos que queremos destacar de este hecho. En primer lugar, consideramos bastante improbable esa voluntariedad en el pago cuando la familia y la misma empresa de las detenidas han sufrido durante 28 años la extorsión económica de ETA, tal y como manifestó Andrés Bruño, propietario de una empresa marisquera fundada hace 50 años y padre de las detenidas, en su «Carta de un padre destrozado» que remitió a los medios de comunicación el pasado 18 de junio.

En dicha carta señalaba que en 1980, cuando era alcalde de Usurbil por el PNV, él mismo dio el paso inédito en aquellos tiempos de denunciar la «extorsión» y la «amenaza física» de la que comenzó a ser víctima por parte de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, organización nutrida en parte por los antiguos miembros Bereziak de ETA político-militar con el fin de sufragar los gastos que conlleva la práctica de la lucha armada revolucionaria. También resulta chocante que se rompa la cadena por el eslabón más débil, unas indefensas hermanas sin respaldos políticos o de asociaciones empresariales, y sean las dos únicas personas encarceladas actualmente por el pago del llamado impuesto revolucionario en una país donde sin duda se podrían encontrar innumerables personas que podrían ser acusadas de haber cometido el mismo «delito». ¿Acaso existe una pretensión judicial subyacente en la que las hijas extorsionaban al padre? Absurdo al máximo.

En segundo lugar, consideramos que esgrimir el argumento de la «proximidad ideológica» de las mencionadas hermanas para su encarcelamiento incondicional no deja de ser «un nuevo paso en la criminalización de las ideas» y «una aberración jurídica». El padre de las encarceladas, Andrés Bruño, en la misma carta se ha visto obligado a justificar el distanciamiento de sus hijas del mundo rupturista, realizando aclaraciones sobre su posición política que son estrictamente del ámbito personal. Verse obligado a indicar que su hija Blanca sí votó en las últimas elecciones para intentar librarla de la cárcel no está muy alejado de intentar demostrar ante los nazis la pureza de la raza. El hecho de tener que realizar este tipo de manifestaciones públicas nos recuerda también a los autos de fe, que fueron una manifestación pública de la Inquisición y de otros momentos oscuros de la humanidad, como la caza de brujas promovida en EEUU por el senador republicano Joseph R. McCarthy (1908-1957) sobre personas del Gobierno y otros sospechosos de ser agentes soviéticos o simpatizantes del comunismo infiltrados en la Administración Pública o en el Ejército, o las actuaciones del juez nazi Roland Freisler (1893-1945), presidente del Tribunal Popular de la Alemania nazi, participante en las reuniones para la «Solución Final» de llamado «problema judío» en Europa. Las personas que eran sospechosas de proximidad a los denominados herejes, comunistas o judíos se convirtieron en el blanco de las actuaciones judiciales, tal y como está sucediendo en este país con las personas y organizaciones más o menos cercanas a la izquierda abertzale.

Dicho lo anterior, lo que cada vez parece más claro es la terrible indefensión jurídica que tienen los vascos de ciudadanía española, sometidos a la Audiencia Nacional de Madrid (institución heredera del Tribunal de Orden Público franquista). En este sentido, y mientras no dispongamos de un Poder Judicial propio, que agote todas las instancias, sería deseable que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tomara cuanto antes cartas en el asunto, tanto para corregir sentencias como para inspeccionar si las actuaciones de estos jueces internos se ajustan al Convenio Europeo de Derechos Humanos ratificado por el Estado español. De hecho, en el caso de la ilegalización de Batasuna, la demanda ya ha sido admitida a trámite.

Mientras tanto, con este tipo de actuaciones, el Juez Baltasar Garzón se haría merecedor, salva rerum distantia, de los elogios que el cronista español de la época, Sebastián de Olmedo, utilizó para referirse al tristemente famoso Fray Tomas de Torquemada (1420-1498), Primer Inquisidor General de Castilla y Aragón en el siglo XV, confesor de la reina Isabel la Católica y presidente del Consejo Supremo del Santo Oficio: «El martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país, el honor de su orden». Como es sabido, el nombre de Torquemada, como parte de la leyenda negra de la Inquisición española, se ha convertido en un símbolo de la crueldad y el fanatismo al servicio de la religión, es decir, del Poder constituido.

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