Doscientos y Contando

No hay hombre más cobarde que el que abusa de un cargo público y pervierte al estado para convertirlo en una arma represiva en contra de grupos humanos. Pérez Rubalcaba amenazó con encarcelar a por lo menos 200 activistas vascos y como los únicos que le pueden poner límite a su insaciable sed de venganza de hecho son sus cómplices pues lo más seguro es que la cifra aumente. Esta nota ha sido publicada en Gara:

Rubalcaba ya supera los 200 detenidos que anunció

Con la redada contra militantes independentistas del lunes, Madrid -y París- acaban de superar las 200 detenciones incomunicadas en los últimos ocho meses. Y con los encarcelamientos del miércoles, la cifra de presos políticos vascos pasa ya de los 725. Esta es la radiografía de una ofensiva que el ministro de Interior español no dudó en anticipar a Europa y que otorga al PSOE el triste título de campeón de la represión en Euskal Herria.

Ramon SOLA

Alfredo Pérez Rubalcaba ha acumulado en su larga carrera una fama de político calculador y maquiavélico. El verano pasado, tras constatarse el fin del proceso de negociación man-tenido durante casi dos años, el ministro del Interior español se embarcó en una ronda de contactos con los diversos agentes internacionales, algunos de ellos de rango similar al de su gobierno, que habían participado en el intento en calidad de mediadores u observadores. En ella no dejó género de dudas: el Ejecutivo de Zapatero iba a abrir una ofensiva de una dimensión sin precedentes contra la izquierda abertzale en su conjunto. Y anticipó incluso un número a modo de referencia: 200 detenidos antes de las elecciones de marzo de 2008. El dato ha sido confirmado por portavoces de la izquierda abertzale, que lógicamente tuvieron conocimiento de la «gira» de Rubalcaba porque los destinatarios de su advertencia habían sido también sus interlocutores, de modo que la noticia de la amenaza no tardó en circular en todas las direcciones.

Pues bien, pasados ocho meses desde entonces, y en vísperas de las elecciones, la lista de los detenidos incomunicados en este periodo asciende a 218 personas, en lo que supone una plusmarca de dudoso honor para el Gobierno del PSOE, que ha superado la saña represiva de sus predecesores del PP y no duda además de jactarse de ello. No sólo ha disparado el número de detenidos, sino también el de los presos políticos vascos. Ha sido también durante estos días, con los encarcelamientos de once de los catorce detenidos el pasado lunes, cuando se ha alcanzado otra cifra significativa: 727 prisioneros.

«Se ve que Rubalcaba es hombre de palabra», afirmaba con un toque de humor negro, acorde a las circunstancias, uno de los ciudadanos vascos afectados por esta espiral imparable. Y es que el ministro del Interior y sus colegas del Estado francés parecen haber dosificado las redadas casi con el cronómetro en la mano para superar la cifra de los 200 justo en vísperas de la inminente campaña electoral. Desde el 6 de junio de 2007 en que ETA dio por finalizado el alto el fuego hasta ayer mismo, se han contabilizado 218 detenciones en régimen de incomunicación, las últimas 20 esta semana, según el listado facilitado por Askatasuna. Habría que sumarles otros 31 arrestos comunicados y varias decenas de detenciones menores por concentraciones, protestas y otros motivos relacionados con la libertad de expresión, entre ellas todas las producidas en la jornada de huelga del jueves.

El número de nuevos presos políticos vascos acumulado desde junio de 2007 supera justo el centenar, según la misma fuente. A principios de aquel mes eran 612; el 31 de enero sumaban 712. A día de hoy alcanzan los 727. Y sigue y sigue. En paralelo, el ritmo de excarcelaciones no deja de ralentizarse por la aplicación generalizada de la doctrina de la «cadena perpetua». En toda Europa no hay presos que lleven tanto tiempo en la cárcel como los del Estado español, ya sean de ETA o de los GRAPO. El zornotzarra Joxe Mari Sagardui, Gatza, no pisa la calle desde hace 27 años y medio; es el caso más sangrante, pero no un ejemplo aislado. Y en estos meses han seguido entre rejas presos con enfermedades graves o incurables como Angel Figueroa, Bautista Barandalla, Mariló Gorostiaga o Gotzone López de Luzuriaga. En el caso de esta última, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no dudó en poner negro sobre blanco la confirmación de que se le mantiene encarcelada, pese a padecer un cáncer, por no haberse arrepentido. El juez esgrimió en su auto que se había negado a suscribir «una declaración expresa de repudio de la violencia».

Todo puntúa

A la meta de los 200, eso sí, han llegado por múltiples caminos el Gobierno español de Zapatero y Pérez Rubalcaba y el francés de Nicolás Sarkozy y Michelle Alliot-Marie. Sus policías han abierto todos los frentes posibles para llenar el saco anunciado por Rubalcaba. Cuando el ministro español trasladó su mensaje a Europa, los gobernantes que recibieron el aviso quizás dieron por seguro que Madrid y París iban a golpear a ETA. Sin embargo, el listado de detenidos demuestra que sólo una parte muy pequeña (en torno a un 10% del total) encaja en la categoría de militantes de la organización armada.

El grueso de nuevos presos, por contra, lo conforman en primer lugar representantes políticos de la izquierda abertzale, incluidos los que hasta hace muy pocos meses eran interlocutores del PSOE y del PNV y que, en todos los casos, han realizado una actividad política pública y conocida. Si la redada de Segura en octubre se justificó públicamente con el argumento de que los arrestados participaban en reuniones orgánicas de Batasuna, en las detenciones de este mes se ha ido más lejos. Los autos de prisión incluyen como elementos inculpatorios ruedas de prensa, entrevistas o charlas como la de Iruñea. Por militar en Batasuna, ANV, EHAK o la izquierda abertzale en general se han producido 43 arrestos, y muy pocos de ellos están libres a día de hoy.

Un bloque cuantitativamente similar lo componen los condenados por el «caso 18/98»; 41 de ellos fueron detenidos y llevados a prisión mayoritariamente antes incluso de que se les comunicara el castigo impuesto (otros tres ya estaban presos con anterioridad). Sobra decir que a todos ellos se les ha aplicado, como a los anteriores, la
etiqueta de integrantes o colaboradores de ETA, pese que toda la sociedad vasca conoce -y reconoce- su labor absolutamente pública en distintos ámbitos de la construcción nacional. El tercer gran paquete de detenidos lo conforman varias macrorredadas por kale borroka. A la realizada en julio en Araba le siguieron otras con una periodicidad y un reparto por herrialdes muy medido: primero fue la centrada en Garazi en setiembre -aunque la Policía francesa se llevó de todo por delante-, les siguió la de Getxo en el mes de octubre, en noviembre vinieron las de Donostia y Burlata, y ya en enero la que tuvo como epicentro a Lea-Artibai. En todos los casos, Rubalcaba esgrimió un objetivo de carácter «preventivo»: evitar que los jóvenes que practican estas acciones ingresaran en ETA en un futuro. Es la tesis que un medio próximo al Gobierno del PSOE definió como «acabar con el huevo de la serpiente».

A los 200 se ha llegado por otras dos vías igualmente retorcidas. La primera son las detenciones de refugiados que en muchos casos hacían vida completamente normal desde hace años. Ha sido un lento goteo que compone otro flanco represivo admitido hace tres meses por la Fiscalía. Sobra decir que todos son también presentados sistemáticamente como miembros de ETA, aunque no se les intervenga ningún arma. En ocasiones, esta línea de acción no ha tenido más rendimiento que el propagandístico a corto plazo, ya que los detenidos han quedado libres poco después, aunque en este caso ya sin realce mediático alguno. Sólo en las últimas semanas han pasado por esa situación Eneko Galarraga y Ainhoa Adin. Y otro ejemplo de ensañamiento supone la captura en dos ocasiones en un año (febrero de 2007 y febrero de 2008) del andoaindarra Peio Álvarez, enfermo de cáncer. Este ha sido el terreno en que más se ha hecho notar la colaboración de la Policía francesa.

La obsesión por acumular dígitos represivos se puede rastrear también en episodios como el del 4 de diciembre, cuando quince jóvenes donostiarras que se disponían a comparecer en la Audiencia Nacional de modo voluntario fueron capturados en la misma entrada. O en el de los vizcainos llevados a prisión en diciembre pese a que tenían una condena de sólo dos años de cárcel y que en su día habían pactado con el fiscal que no se les aplicaría el ingreso en prisión. El representante del Gobierno del PSOE cambió de criterio sin dar explicación. Los últimos cinco decidieron entregarse encadenándose en Sabin Etxea, la sede central del PNV, el pasado 22 de diciembre.

Salto cualitativo

Pero el factor cuantitativo es sólo un modo de medir la forma en que el Ejecutivo español ha cumplido su amenaza. Este salto represivo tiene también índices muy claros a nivel cualitativo. Por ejemplo, en la decisión de ilegalizar a partidos plenamente legales hasta ahora, como ANV y EHAK, que han vivido sin sobresalto alguno con gobiernos de UCD y del PP. El Gobierno del PSOE, además, ha asumido en su integridad la paternidad de esta ofensiva. Al contrario de lo que ocurriera en 2002, cuando las demandas de ilegalización fueron votadas en el Congreso, en esta ocasión el PSOE ha rechazado hasta cinco propuestas del PP en el legislativo español, y una vez concluido el periodo de sesiones ha enviado a sus dos peones, Fiscalía y Abogacía del Estado, a promover el veto. Ni siquiera la admisión a trámite por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de los recursos de los partidos y candidaturas ilegalizados entre 2003 y 2005 le ha frenado.

Del mismo modo, la gravedad de la sentencia del «caso 18/98» no sólo se puede calibrar por la razia que trajo consigo, sino por el salto jurisprudencial que supone, más allá todavía del criterio sentado anteriormente en el proceso contra Jarrai-Haika-Segi. La defensa de los condenados lanzó la voz de alarma tras leer el fallo: «Resulta absolutamente impredecible saber hasta dónde pueden alcanzar las ondas de esta piedra jurídica lanzada al estanque de la realidad social vasca», resumió Iñigo Iruin.

Por los calabozos policiales no sólo han pasado más detenidos que nunca, sino que de allí han salido las denuncias de torturas más graves de los últimos años. Especialmente estremecedor fue el testimonio de Gorka Lupiañez, obviado por la clase política y por la práctica totalidad de los medios; apenas un mes más tarde, el ingreso en la UVI del Hospital Donostia de Igor Portu 18 horas después de su detención ya no podría ser ocultado a la opinión pública. Esta vez fue de nuevo Rubalcaba el que salió a la palestra esa misma tarde para hacer suya la versión de la Guardia Civil, que una vez más recurría a atribuir las lesiones al momento de la detención. El ministro del Interior, por cierto, llegó a decir en esa misma comparecencia que el otro arrestado, Mattin Sarasola, había dicho en comisaría que no había sido torturado. Días después, el relato público de Sarasola lo desmentiría, pero para entonces el caso ya había sido sacado de la agenda política y mediática.

El calendario junio 2007-febrero 2008 evidencia además cómo Madrid y París han pisado el acelerador cada vez con más fuerza. Si en junio se produjeron 10 detenidos, en julio fueron 17 y en agosto 7, en octubre se contabilizarían ya 41, en noviembre se alcanzarían las 58 y en diciembre sumaron 46.

En octubre, el mes en que la sala de máquinas del aparato represivo del Estado entró en pleno funcionamiento, José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a echar mano de un término que hasta entonces era patrimonio de otros dirigentes como José María Aznar o George Bush: «Combate».

«El Estado está preparado para este combate», anunció en el Senado. Para entonces, Rubalcaba ya había maniobrado para anestesiar a los agentes internacionales ante la vuelta de tuerca sin precedentes que se avecinaba. A muchos de ellos, por cierto, quizás les haya pasado desapercibido algo que el presidente español acaba de admitir en una entrevista radiofónica y que los vascos conocían bien: que durante el proceso también empleó el «combate» a la vez que la «negociación».

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