A Callar

Parece que la ley mordaza tan publicitada por Juan Carlos Borbón se extiende por todos lados, incluso en los foros de la diáspora vasca se ordena no hablar de política mas que cuando sea para apoyar a Ibarretxe. El silencio a reinado en torno al veredicto del 18/98, en torno a la apología a la tortura en contra Sarasola y Portu por parte de Balza, en torno a la suspensión de EHAK y ANV.

Pero hay quienes eligen no callar.

Este análisis ha sido publicado en Gara:

Porque no te callas

También Lakua se suma al intento de acallar a la izquierda abertzale. Por un lado, manda a su policía a impedir manifestaciones. Por otro, hace desaparecer esta opción de sus encuestas, realizadas antes de la suspensión.

Iñaki Iriondo

Las cinco personas que ocupaban el centro de la mesa en la rueda de prensa ofrecida anteayer por la izquierda abertzale llamando a la huelga están detenidas. Algunos de sus responsables de Comunicación, también. La pretensión del Gobierno español es clara: que se callen. Y porque no se callan, los detienen. Pero el PSOE no está solo en la tarea de expulsar a la izquierda abertzale del espacio público.

Lo decía Karmelo Landa en la edición del domingo: «Por dar una rueda de prensa o una entrevista como ésta, vas a la cárcel». Y Baltasar Garzón corrió a darle la razón. La imagen de Karmelo Landa esposado y rodeado de policías estaba ayer en todos los informativos. De hecho, las cinco personas que ocupaban el centro de la mesa de la rueda de prensa del domingo han sido detenidas. También aquellas que tenían responsabilidades de comunicación en la izquierda abertzale y en el grupo parlamentario Ezker Abertzalea. Se impone el silencio.

Incomprensiblemente, el Ministerio del Interior acusa a los detenidos de ser «dirigentes clandestinos», cuando es más que constatable su constante presencia pública. En realidad, su determinación de hablar parece estar en el origen de la última oleada de detenciones.

Al levantarse de la mesa negociadora el PSOE juró que se lo haría pagar a la izquierda abertzale. Lo recordaba en este mismo diario Pernando Barrena tras las detenciones de Segura. De hecho, Alfredo Pérez Rubalcaba ya había anticipado a los mediadores internacionales una oleada de arrestos si se produ- cían víctimas mortales en un atentado de ETA. Pero el ministro del Interior no pudo esperar tanto y el 4 de octubre se produjo la primera redada, cuando desde la izquierda abertzale se preparaba una iniciativa de socialización de su Propuesta de Marco Democrático. Ahora, la nueva razia llega cuando se disponían a dar su visión de lo ocurrido en el proceso negociador, centrándose en las conversaciones de Loiola. Esto demuestra que la persecución a la izquierda abertzale no es fruto de las actuaciones de ETA, sino respuesta a la actividad política del independentismo, que es lo que pretende impedir.

¿Tanto escuece al Ejecutivo español que se conozca lo ocurrido en Loiola? Quizá para obtener una respuesta baste mirar la primera página de «El País» del domingo, en la que se daba cuenta de la «reconstrucción de las últimas conversaciones mantenidas con los terroristas» con el siguiente titular, puesto en boca de «la representación de Batasuna» en las conversaciones de Loiola: «Zapatero tiene una bomba de relojería bajo sus pies».

Resulta elocuente que el mismo periodista que en una tertulia radiofónica consideraba prácticamente un sabotaje a futuros procesos que GARA publicara los borradores y propuestas que se intercambiaron en el santuario de los jesuitas vuelva ahora sobre la cuestión, para dar la versión del Gobierno español y, de paso, desvelar qué gobiernos europeos estuvieron implicados en las conversaciones entre ETA y el Ejecutivo.

No es descabellado suponer que en La Moncloa creen que la palabra de la izquierda abertzale puede tener eco entre la población cuando, al tiempo que se detiene a sus portavoces, se intenta contrarrestar su versión desde el periódico de mayor tirada del Estado español.

En el afán represivo de los últimos días hay, por tanto, una doble dirección. En lo que afecta a ANV y EHAK, desde el Estado se pretende evitar que un importante sector político de la sociedad vasca pueda tener representación institucional. Se intenta impedir su proyección pública y también, como se ha podido comprobar, que obtengan financiación. Con la persecución de los que son presentados como líderes de Batasuna, se pretende acallar una voz que rompe esquemas. Con la combinación de ambas intervenciones, lo que se busca en conjunto es paralizar al independentismo. Forzarlo a la más absoluta clandestinidad y tratar de desconectarlo de la sociedad.

El objetivo último es forzar a la izquierda abertzale a una futura negociación a la baja en la que se deje asimilar en una reformulación del actual marco autonómico. Y, si no es posible, debilitarla al máximo para que no sea impedimento en una operación de reforma estatutaria liderada al alimón por Zapatero e Ibarretxe.

En este intento de acallar a la izquierda abertzale, el PSOE vuelve a encontrar un aliado en el PNV y sus compañeros de tripartito. En los últimos días, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha destacado en diversos foros que a lo largo de todo el proceso se ha sentido apoyado por los jeltzales. Los hechos demuestran que puede seguir contando con ellos.

El 1 de diciembre de 2006 el Parlamento de Gasteiz aprobó «exigir la desaparición de la Audiencia Nacional como tribunal especial, que no hace efectivas las garantías procesales, especialmente cuando se admiten declaraciones obtenidas bajo torturas y se aplica la denominada justicia del enemigo». Esta exigencia se ratificó el pasado 26 de octubre, al hilo de la redada de Segura. Sin embargo, el Gobierno de Lakua no tiene ningún inconveniente en ponerse a las órdenes de esa Audiencia Nacional y ser el brazo ejecutor de «la justicia del enemigo». Se comprobó de nuevo el pasado domingo.

Pero si la actuación de la Ertzaintza es muy visible, hay otros pequeños detalles que demuestran que la estrategia del tripartito contra la izquierda abertzale no es sólo seguidismo de Madrid, sino que tiene también impulsos propios. Puede comprobarse, por ejemplo, en la encuesta de intención de voto que ayer hizo pública Lehendakaritza. ANV ha quedado borrada con la única explicación sobre las previsiones de voto de que «sólo se han incluido las opciones de voto válidas». Pero se da la circunstancia de que en la ficha técnica se confiesa que «la recogida de información se realizó entre los días 15 y 29 de enero», cuando no mediaba ninguna orden judicial contra ANV. ¿Qué ha ocurrido? ¿No se preguntó sobre ANV, dándola ya por ilegalizada antes que la propia Audiencia Nacional? ¿O se preguntó y ahora se hurta a la ciudadanía un dato que tiene un incuestionable valor informativo? ¿Y cómo se han rehecho los resultados? ¿Se ha dado por nulo el voto a ANV? Entonces, ¿por qué no se ha rellenado la casilla de «voto válido»? ¿No habían gustado en Lehendakaritza los resultados del sondeo?

Son muchos los interrogantes a responder por un gobierno que dice estar en contra de la Ley de Partidos, de las ilegalizaciones y de la Audiencia Nacional, pero que actúa con una absoluta disociación entre sus dichos y sus hechos.

En la estrategia de hacer desaparecer del escenario público a la izquierda abertzale coinciden diversos intereses, y más aún cuando algunos partidos están dando muestras de no mirar más allá de sus propias urgencias electorales.

Pero el tiempo pasa, los ciclos se agotan y la propaganda pocas veces puede sustituir a los movimientos profundos de la sociedad. Ya hubo quien se las prometió felices tras el ¡A por ellos! de julio de 1997. Catorce meses después, el escenario había cambiado por completo.

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