domingo, 23 de abril de 2006

Un Pueblo y Muchas Mesas

Este artículo ha sido publicado en Gara:

UN MES DES DE LA INICIATIVADE ETA (II): EL DIÁLOGO MULTIPARTITO

Un pueblo, un conflicto, ¿cuantas mesas?

Un pueblo, un conflicto, un proceso de resolución y un punto de partida común en torno a una mesa o en un foro. La fórmula parece lógica. Sin embargo, ya hay quien ha hablado de crear, de entrada, varias mesas de partidos. No falta tampoco quien entiende la tesis de las tres realidades administrativas como la antesala de limitar el diálogo a la CAV. Los peligros de distorsión son, pues, considerables.

Justo el día después de la promulgación del alto el fuego permanente de ETA, tal vez por aquello de ponerse la venda antes de la herida, GARA avanzaba en uno de sus titulares que «La reticencia a una única mesa multipartita se perfila como primer obstáculo a resolver». El miedo cierto a que el árbol de la discusión sobre el número de mesas no dejase ver el bosque que supone el conjunto del proceso hacía temer esta posibilidad.

De hecho, pese a la socializada idea desde la propuesta de Anoeta de que, además del carril ETA-gobiernos, debe configurarse un foro entre los agentes vascos donde poner las bases del futuro del país, los pronunciamientos sobre que las mesas a conformar deberían ser dos, en el caso de Hego Euskal Herria, o tres, si se tienen en cuenta los territorios del norte, no se hicieron esperar. Lo curioso, quizá, es que no han sido impulsados por aquéllos que desde la defensa de las soberanías francesa y española tienen interés en que el status quo no varíe demasiado. Grupos como Lokarri y formaciones políticas como Aralar o AB han sido quienes de una forma más explícita han hecho suya la bandera de las diferentes mesas. Del PNVcabe esperar, y temer, una actitud similar. En ese mundo hay quien, aprovechando el discurso sobre los tres ámbitos, contempla el escenario de terminar en una mesa, pero sólo de la CAV.

DEL «REALISMO» A AHOTSAK

Estas posiciones se justifican en función de las necesidades tácticas, con alusiones al realismo político y con el argumento de que las fuerzas del unionismo español y francés no se avendrán jamás a legitimar una mesa de carácter nacional.

En un orden estrictamente cronológico tras la declaración de ETA, Aralar aludió al principio del «realismo político» después de reunirse con Juan José Ibarretxe. Desde Lehendakaritza, instó a este último y a Miguel Sanz a conformar y liderar sus respectivas mesas. El presidente del Gobierno navarro recordó enseguida que se opone frontalmente a tal cosa.

Este tipo de posiciones pueden tener una lógica entendible: la conformación de una mesa o foro de carácter nacional que ponga un punto de partida mínimo al proceso político, desde el reconocimiento del pueblo vasco, resulta una tarea complicada, lo que puede hacer sucumbir a la tentación de efectuar «brindis al sol» con pro- puestas pretendidamente más pragmáticas. Lo malo reside en que en el ejercicio se ayude a encallar el proceso o se introduzca éste en una senda donde no se aborden las claves del conflicto político.

Sin embargo, la cualidad de las actuaciones realizadas con criterio nacional no resultan ya un ejercicio de especulación política. La iniciativa llevada a cabo por mujeres de todos los territorios vascos, denominada Ahotsak, ha sido una muestra indiscutible del valor añadido que esa perspectiva puede aportar al proceso de resolución. En ella se ha logrado el pronunciamiento de determinadas representantes políticas ­las del PS du Pays Basque, el PSE y el PSN­ que en la actividad habitual dentro de sus respectivos marcos de actuación no se había producido nunca. El punto de partida nacional ha permitido condicionar su posición de forma positiva para que hagan un pronunciamiento más valiente que el que estaban dispuestas a asumir hasta ahora.

La frase suscrita por todas estas mujeres merece ser repetida: «Si la sociedad vasca, la ciudadanía del País Vasco o Euskal Herria desea transformar, cambiar o mantener su actual marco jurídico-político, todos y todas deberíamos com- prometernos a respetar y establecer las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados para que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y materializado, y, si fuera necesario, tuviera reflejo en los ordenamientos jurídicos». Quienes sostienen que con estrategias de partición se allana el terreno para que se acerquen los sectores adscritos a las fuerzas de carácter estatal tendrían que preguntarse por qué no han conseguido, desde esos ámbitos en teoría más cómodos, un pronunciamiento tan claro y tan plural en favor del reconocimiento de derechos como el efectuado en el Palacio Miramar de Donostia.

La propia declaración de ETA ha hecho que los movimientos políticos más significativos no se queden dentro de los tres ámbitos administrativos existentes. Jamás una iniciativa circunscrita a las provincias de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa había logrado que MAM, como se conoce a la ministra de Defensa Michèle Alliot-Marie, hiciera una declaración del calado político como la que hizo tras el anuncio de la organización armada. «En la medida en que nos demos cuenta, en el futuro, de que hay una voluntad real de alto el fuego y una búsqueda cierta de soluciones, se podrán abordar todos los temas. Repito, todos», dijo al responder a una pregunta de los periodistas sobre el acercamiento de presos.

Habrá quien diga, y con razón, que no hay que presuponer buenas intenciones a estas palabras, pero tampoco se puede obviar que las mismas denotan que la cuestión vasca no es, como han querido aparentar las autoridades francesas, una cuestión doméstica de los vecinos españoles.

SANZ Y ALLI, ENROCADOS

Lógicamente, las iniciativas que no se constriñen a los marcos territoriales consagrados por las leyes españolas y francesas crean reacciones contrarias. La actitud de UPN, a quien acompaña como fiel escudero el otrora heterodoxo Juan Cruz Alli, se convierte en un obstáculo objetivo para el desarrollo del proceso de resolución. Pero ello no presupone que la propuesta de una mesa ad hoc para la Comunidad Foral haga flexibilizar su posición. Ni mucho menos, a la luz de los acontecimientos de los últimos días.

En un primer momento, EA de Nafarroa sí insinuó cierta disposición a impulsar una mesa diferenciada. Así, llevó al Parlamento una petición para que se comprometiera a abrir «un diálogo entre los partidos y los agentes políticos». El debate realizado en la Mesa y Junta concluyó, por contra, con la aprobación de esa polémica declaración de UPN y CDN en la que se rechaza expresamente que los abertzales accedan al Gobierno navarro en un futuro.

La fórmula de esta mesa diferenciada, abandonada por EA en posteriores posicionamientos pero que mantienen en Nafarroa Aralar, PNV y Batzarre, tiene además un precedente claramente fracasado: la ponencia de autogobierno creada en el Parlamento navarro y que ha sido cerrada hace unas semanas ante la imposibilidad de acuerdo. Los partidos únicamente compartían promover modificaciones del actual Amejoramiento en aspectos tan concretos y banales como la duración del periodo de legislatura en caso de adelantos electorales. Y la conclusión general fue que para ese viaje no hacían falta tales alforjas.

UNA REALIDAD RECONOCIDA

Las voces que desde el mundo del nacionalismo vasco se han apresurado a marcar las diferencias entre territorios no han tenido en cuenta, además, el daño que en este momento pueden hacer esos pronunciamientos, cuando de lo que se trata también es de lograr el reconocimiento de Euskal Herria por parte de los estados que la dividen y ocupan.

Según fuentes conocedoras de los contactos de los últimos meses que han permitido abrir la nueva situación, quienes se sientan frente a la izquierda abertzale han reconocido que Euskal Herria constituye una realidad, no sólo cultural e histórica, sino también social y política. Que pasen a actuar en función de este reconocimiento privado sería, a juicio de estas fuentes, el salto cualitativo que se debe dar ahora, por lo que aquellas expresiones que, aun involuntariamente, desfiguren la existencia de un pueblo asentado en siete territorios no ayudan en absoluto en ese importante reto.

Por suerte, otras fuerzas con mayor peso saben de lo peligroso de este debate numérico de ebanistería cuando hay que fijar las bases del conjunto del proceso político. Así, el secretario de Organización de EA, Rafa Larreina, fue tajante en una entrevista concedida a GARA: «Nosotros tenemos claro que la mesa debe ser de todo el país, porque el conflicto político no es sólo de la Comunidad Autónoma Vasca. La cuestión no es el encaje o desencaje de Araba, Bizkaia o Gipuzkoa en el Estado español, sino el reconocimiento de una realidad cultural, geográfica, política e histórica, tal y como viene reflejada, por ejemplo, en el mapa que aparece en la enciclopedia Espasa o en la Enciclopedia Británica. Eso es lo que hay que abordar y, por lo tanto, no se puede circunscribir a la CAV ni a otro ámbito que sea reductivo. Hay que abordar el conflicto en su conjunto».

Preguntado sobre esta espinosa cuestión, el secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, explicaba en GARA pocos días antes de la declaración de ETA que «no se pueden dividir los marcos de negociación del conflicto en función de los ámbitos institucionales actuales. La negociación de los derechos de un pueblo no se puede diversificar en mesas. Estamos ante un pueblo, un conflicto con dos estados y, por lo tanto, debe haber un proceso de negociación y un acuerdo global; y, eso sí, luego puede haber una operativización del acuerdo partiendo de los marcos vigentes».

Este último apunte sí indica que el desarrollo del proceso tendría que tener en cuenta la situación administrativa existente. De esta forma, se respondería, además, a aquellos que insisten en que los ciudadanos de cada territorio, en especial en el caso de Nafarroa Garaia, tienen que ser protagonistas en primera persona de las decisiones a adoptar. «Navarra será lo que decidan los navarros» podrá ser una frase realmente satisfecha. En la actualidad, si su capacidad de decisión resulta cuestionada, no lo es por el proyecto de Euskal Herria, sino por la imposición de la Constitución española.

El problema, en el mundo abertzale, se encuentra en dónde se pone el acento. En el pasado Aberri Eguna, AB hizo un discurso marcadamente partidario de diferenciar los tres ámbitos y acuñó el término de «soberanía asimétrica». En la cuestión de las mesas, tomó posición por constituir tres, aunque, apostilló, con un grado de coordinación entre ellas.

La cuestión podría plantearse, por tanto, en cuál debe ser el punto de partida: si se trata de abrir el proceso desde el ámbito nacional y luego acondicionarlo a cada realidad o, por el contrario, hay que partir desde cada ámbito para llegar a completar, como si fuera a trozos, un proceso integral.

Como ha demostrado la «ponencia de autogobierno» en Nafarroa o el Plan Ibarretxe en la CAV, el planteamiento de partir de la situación vigente para efectuar un cambio sustancial corre el riesgo de terminar consagrando lo ya existente.

FIRMAS POR UN REFERENDUM

Otra cosa es que determinadas dinámicas específicas de cada ámbito contribuyan a generar debate y movimiento político. Está por ver, por ejemplo, el efecto que tiene la recogida de firmas en Ipar Euskal Herria para demandar un referéndum con la cuestión de la institucionalización de telón de fondo. Las limitaciones resultan evidentes, pues el planteamiento, por una parte, hace referencia sólo al modelo departamental de organización y, por otra, no responde al ámbito vasco de decisión, pues las firmas a lograr corresponden al conjunto del censo del Departamento de los Pirineos Atlánticos, donde los bearneses son mayoría. Cierto es, por contra, que esta campaña puede poner de nuevo sobre la mesa la denuncia de la falta de reconocimiento de Euskal Herria y potenciar, asimismo, la idea de que son los ciudadanos quienes deben pronunciarse sobre su futuro.

Quien quiera buscar problemas y deficiencias a la posición que entiende que para que el proceso sea realmente tal se debe empezar desde un punto de partida nacional podrá encontrarlos, qué duda cabe. De hecho, en el seno de la izquierda abertzale existe el miedo latente de que ese punto de partida no garantiza, per se, que luego no se produzcan desequilibrios de tiempos y contenidos entre los territorios más allá de lo razonable, sobre todo entre el norte y el sur de Euskal Herria a consecuencia de la división en dos estados.

Los mínimos de esta mesa de resolución fue una cuestión que abordó Arnaldo Otegi en el libro-entrevista publicado por este diario en el último trimestre del año pasado. El portavoz de Batasuna insistía en la necesidad de fijar garantías y bases sólidas antes de ponerla en marcha, y añadía que «la clave es incorporar al PSE, al PSN y al PSF a un proceso democrático en Euskal Herria». Para Otegi, resulta evidente que «un proceso de estas características exige la presencia de al menos una formación política unionista, pero nosotros tenemos la puerta abierta a la colaboración con todo el mundo, sin exclusiones».

ACTIVAR A LA SOCIEDAD

Cuál será la posición de las fuerzas estatales es algo que se debe definir en los próximos tiempos, aunque en el caso de PP-UPN-UMP parece que hay pocas dudas. En el del Partido Socialista, en cualquiera de sus versiones, es difícil hallar afirmaciones claras, pues, en estos momentos, se limita al discurso sobre la llamada verificación del alto el fuego de ETA.

Las familias políticas que en Euskal Herria representan al unionismo podrían perfectamente intentar dejar coja la mesa de resolución, pero ello se puede producir en cualquier formato. La propuesta de formar varias mesas no resuelve ese problema; el antídoto real tiene mucho más que ver con la capacidad de activar a la sociedad en favor de una solución justa y duradera, para que ello condicione a todos los agentes.

Por todo ello, antes de empezar a talar bosques para hacer muchas mesas o caer en propuestas de complicada ingeniería política, parece conveniente buscar un punto de partida con bases y principios sólidos, donde poder hablar y poner a rodar la bola de la articulación futura y efectiva del derecho a decidir. Un punto de partida al que, sin perder de vista el objetivo de resolver el conflicto político, puedan adherirse el máximo de sensibilidades posibles. -

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