Madrid niega por todo lo alto la calidad de presos políticos a los vascos que son juzgados por la Audiencia Nacional debido a su militancia en favor de la autodeterminación de Euskal Herria; sea desde un medio de comunicación como Egin, desde un partido político como Herri Batasuna o desde una organización armada como ETA.
Lo hace a sabiendas de las diferentes leyes de excepción que aplica en contra de ese colectivo en específico, como lo es la dispersión, o sea, el alejamiento del preso de su entorno, medida que busca castigar ya no al preso, sino a sus familiares y amigos que acuden a visitarle.
Tanto la clase política española como los medios de comunicación al servicio de la monarquía borbónico franquista insisten en llamar a estos presos como 'presos de ETA'. Inclusive Armando G. Tejeda, corresponsal del diario mexicano La Jornada ha insistido en denominarles así en su cobertura de lo que ocurre en relación a Euskal Herria.
Pues bien, resulta que el régimen español prepara una nueva batería de medidas de excepción en contra de los presos políticos vascos y así nos lo reporta, precisamente, La Jornada:
Endurece el gobierno español la ley contra acusados de terrorismo
Partidos, jueces y fiscales califican de innecesaria la nueva disposición del presidente
Armando G. Tejeda | Corresponsal
El presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, anunció hoy una nueva ley carcelaria que obligará a los presos por delitos de terrorismo a cumplir íntegras sus condenas. La reforma, adoptada en solitario por el gobernante Partido Popular (PP) y que será aprobada por el Consejo de Ministros el próximo 3 de enero, fue recibida con recelo por asociaciones de jueces y fiscales, que la consideran innecesaria.
Durante una reunión con la cúpula del PP, el gobernante anunció que aprobará una reforma al artículo 78 del Código Penal para evitar que las personas condenadas por delitos de terrorismo accedan a algunos beneficios contemplados en la actual normativa, que permite obtener libertad vigilada una vez cumplidos dos tercios de la pena.
La medida se enmarca en la serie de modificaciones que ha impulsado el ejecutivo para endurecer la ley por el conflicto vasco. Entre éstas destacan la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, que permitió iniciar el proceso de proscripción de Batasuna, coalición del nacionalismo radical vasco que es considerada el brazo político de ETA.
Aznar señaló que se adoptarán "medidas eficaces para que España deje de ser uno de los países en los que sale más barato penalmente ser terrorista y para evitar posibles supuestos de impunidad, como consecuencia de la aplicación de beneficios penitenciarios pensados por el constituyente y por el legislativo con finalidad distinta".
Según el mandatario, después de "25 años de democracia, el país se ha sacudido los complejos que dejaban impunes el terrorismo callejero, la exaltación del terrorismo y la humillación de las víctimas".
El cumplimiento íntegro de condenas por delitos de terrorismo es una exigencia reiterada de asociaciones de víctimas de los atentados del grupo armado vasco. Sin embargo, los partidos de oposición -algunos por las formas y otros por el contenido de las modificaciones- y diversas asociaciones de fiscales y jueces recibieron con cautela la iniciativa.
El vocero de la oposición socialista (PSOE), Jesús Caldera, sostuvo que su formación comparte la medida, pero atribuyó al PP falta de diálogo, al no convocar a la "reunión del acuerdo por las libertades y contra el terrorismo", suscrito únicamente por el PP y el PSOE. A su vez, Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida (IU, republicanos y comunistas), rechazó que se pretenda hacer una nueva modificación al marco legal "sin consultar a ningún partido del arco parlamentario".
Asociaciones de fiscales y jueces consideraron que las restricciones para el cumplimiento íntegro de la condena ya están contempladas en la ley. "El espíritu y la letra" de la reforma de Aznar "ya están considerados en el Código Penal", señaló Miguel Carmona, de la Asociación de Fiscales.
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