El Congreso Español y la Ley de Memoria

La Ley de Memoria del estado español continúa su derrotero con el apoyo de tirios y troyanos.

A quienes les asignaron la tarea de representar lo más retrógrada del españolismo están cumpliendo con su papel a cabalidad.

Esto es lo que nos reporta Naiz:

El Congreso aprueba en comisión la Ley de Memoria con el apoyo de EH Bildu y PNV

La Comisión Constitucional del Congreso aprobó este lunes el dictamen de la Ley de Memoria Democrática, que saldrá adelante en el pleno del 14 de julio. PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y PNV votaron a favor, mientras que PP, Vox y Ciudadanos lo hicieron en contra. ERC optó por la abstención.

La Comisión Constitucional del Congreso aprobó este lunes el proyecto de Ley de Memoria Democrática con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PNV y EH Bildu, y el ‘no’ del PP, Vox y Ciudadanos. Esquerra Republicana optó por la abstención porque ve avances tras los últimos cambios introducidos, pero le sigue pareciendo insuficiente. Junts también se abstuvo.

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en «la nevera» al carecer el Gobierno de Sánchez de suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo de ERC.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con EH Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Acuerdo con EH Bildu: víctimas y memoria

El grueso de los acuerdos se alcanzó con EH Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.

En concreto, la ley mandata al Ejecutivo español a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre las vulneraciones de derechos humanos sufridas por personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición soberanista en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».

En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.

Cabe señalar que, gracias al acuerdo con EH Bildu, el fuerte de Ezkaba, en Iruñerria, y el palacio de La Cumbre, en Donostia, pasarán a ser considerados espacios para la memoria.

Reconocimiento de los movimientos antifranquistas

Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara «ilegal» el régimen franquista y reconoce expresamente «las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos» en defensa de la democracia.

Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, declarando víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega.

Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.

Todos estos acuerdos han permitido al Gobierno sumar apoyos suficientes para sacar adelante la ley este lunes en la Comisión Constitucional. A los 17 votos que suman PSOE y Unidas Podemos en comisión ha añadido este lunes los del PNV y Bildu, lo que ya les ha dado la mayoría absoluta en la comisión que preside Patxi López.

Finalmente, Esquerra Republicana se ha decantado por la abstención, pues aunque su portavoz adjunta, Carolina Telechea, admite que ha habido avances en las enmiendas pactadas, creen que faltan cuestiones como fijar una escala de reparaciones económicas, impedir que prescriban los crímenes del franquismo y derogar total o parcialmente la Ley de Amnistía de 1977, que a su juicio sella la «impunidad» del franquismo. «Se sigue sin poder juzgar los crímenes del fascismo», ha señalado.

La posición de ERC

Los partidos del Gobierno pactaron ayer cinco enmiendas con ERC y confían que, cuando la ley llegue al Pleno, la formación catalana mantenga al menos la abstención que ha marcado en ponencia y comisión.

Tampoco Junts quiso dar su apoyo al texto, se ha quedado en la abstención, al considerar que «no cambia nada» para investigar crímenes del franquismo y no declara a Catalunya como «nación víctima» de la dictadura.

En contra se mantuvieron el PP, Vox, Ciudadanos y el diputado navarro suspendido por UPN Carlos García Adanero. Todos ellos criticaron la extensión de los trabajos de la comisión hasta 1983. «Que el PSOE esté dispuesto a apuñalar al Gobierno de Felipe González es sorprendente», apuntó el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz.

Una vez aprobado por la Comisión Constitucional, el dictamen de la comisión se elevará al pleno que se prevé celebrar tras el debate sobre el estado de la nación con idea de que esté disponible en el Senado a la vuelta del verano para que se pueda completar toda la tramitación parlamentaria en setiembre y entrar en vigor.

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