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viernes, 8 de julio de 2022

«Urgente Resolución» en Política Penitenciaria

Mientras la Audiencia Nacional inicia un proceso en contra de tres represaliados políticos -dos presos y un expreso- para conmemorar muy a su vengativa manera el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, desde el Foro Social Permanente se hacen llamados para encontrar una solución viable lo más pronto posible a la situación de quienes aún permanecen en las cárceles del estado, imposibilitando así el componente de Reintegración en el DDR de ETA.

Aquí el artículo de Naiz a este respecto:


El Foro Social ve mayorías consolidadas para afrontar la tarea pendiente en materia carcelaria

El Foro Social considera que existen condiciones y mayorías consolidadas para afrontar las tareas pendientes en materia de política penitenciaria. Destaca que en los dos últimos años se han producido avances pero quedan aspectos de «urgente resolución».

Nazario Oleaga, Nekane Altzelai y Agus Hernan han comparecido este viernes en Bilbo para realizar un balance de los avances producidos en los dos últimos años en materia de política penitenciaria, una valoración con «claroscuros» en la que han destacado que «se han superado los aspectos más inhumanos que han primado durante 30 años», como el alejamiento, la dispersión, el aislamiento y el primer grado, aunque «todavía quedan aspectos en marcha del andamiaje de excepcionalidad construido para responder a una razón antiterrorista que desde hace once años ya no existe».

Oleaga y Altzelai han enumerado los cuatro aspectos en los que «se ha avanzado notablemente»: la política de alejamiento, con 102 personas presas encarceladas en prisiones de Hego Euskal Herria y «65 en doce cárceles periféricas»; la aplicación de grados, con 22 presos en tercer grado y el resto en segundo; una «humanización» de la política penitenciaria en aspectos como el fin del aislamiento y el tratamiento de los presos gravemente enfermos; y el traspaso de la transferencia de prisiones al Gobierno de Lakua.

Frente a esas cuestiones, han contrapuesto la acumulación de penas cumplidas en otros estados europeos, un tema de la agenda de resolución «que no ha avanzado». Para el Foro Social, además, existen otros dos aspectos «ya superados que han condicionado notablemente» esa cuestión, como son los ongietorris, que «gracias al trabajo realizado de manera discreta por numerosos agentes y a la decisión del propio EPPK, tiene encarrilada su resolución», y la «batalla del relato», un tema que en el caso de la CAV y Nafarroa «ya no condiciona» a pesar de que «sectores mediáticos, políticos y alguna asociación de víctimas siguen empeñados desde Madrid en frenar los cambios».

Asimismo, advierte de que la existencia de «lobbies con fuerte peso en sectores de la Audiencia Nacional» ha generado «nuevas dificultades que hace dos años no lo eran» y que el Foro Social «ha puesto sobre la mesa»: «Los escollos que la Audiencia Nacional está poniendo a los itinerarios de reintegración de las personas presas condenadas por delitos de motivación política y, particularmente, a los permisos en segundo grado y evolución a tercer grado».

Tres aspectos de «urgente resolución»

Por su parte, Agus Hernan ha desgranado los tres aspectos que el Foro Social considera de «urgente resolución»: «La posición obstruccionista de determinados jueces de la Audiencia Nacional», que el criterio a aplicar en el caso de la acumulación de condenas recaídas en otros estados de la Unión Europea «sea el propio establecido por la normativa y resoluciones europeas en la materia», y «los acercamientos aún pendientes».

«Aunque mucho se ha avanzado en este sentido, entendemos que a día de hoy no existe ninguna razón para no superar definitivamente, en un plazo razonable, esta consecuencia de la política de excepcionalidad y trasladar a las 65 personas presas en cárceles periféricas a cárceles vascas. Todos los actores reconocen de puertas para adentro que el ritmo debería ser mayor y más constante», ha subrayado.

Hernan también ha abogado por avanzar en acuerdos en «dos debates pendientes»: la ley 7/2003 que obliga al cumplimiento de condenas de 40 años sin redenciones» y «la definición de unos itinerarios de reintegración para las personas presas por delitos de motivación política que cumplen condena en la CAV», a fin de «acordar las bases y contenidos de una política de Justicia Restaurativa a aplicar a esta tipología de personas presas para que quienes lo deseen puedan transitarla».

El Foro Social ha destacado que «llegar a esta situación es el fruto de un largo trabajo discreto, de tejer consensos entre numerosos agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales» y que a pesar de «las dificultades y de las crisis que este proceso ha tenido, ha existido voluntad en todos los actores para superarlas, allanando el camino».

En ese sentido, Hernan ha subrayado que a fecha de hoy, tanto en los parlamentos de Gasteiz y de Nafarroa «las condiciones están construidas y las mayorías consolidadas e, incluso, están maduras en el Congreso de los Diputados, para afrontar las tareas pendientes».

«Existen nubarrones en el horizonte que pueden poner en cuestión los avances realizados y que hacen estos pasos más urgentes en el plazo corto, para permitir consolidar una situación que la haga difícil de revertir», ha urgido.




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