Burlarse de las víctimas es, a nuestros ojos, tener gente rindiendo honores a Francisco Franco en el Valle de los Caídos.
Burlarse de las víctimas es, también a nuestros ojos, tener a los magistrados del TEDH sito en Estrasburgo decir que las víctimas vascas del terrorismo de estado español no son víctimas.
Burlarse de las víctimas es, para que quede claro, tener que recurrir a la juez María de Servini en Argentina para que se abra el más mínimo resquicio de esperanza.
Burlarse de las víctimas es, en definitiva, galardonar a los integrantes de los diferentes cuerpos represivos que han sido investigados por haber participado en actos como tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.
Todo eso y más es burlarse de las víctimas.
Pero para Madrid, tan propensa a la violencia y al exterminio, burlarse de las víctimas es recibir a tu familiar o vecino después de un largo encierro en las mazmorras del régimen.
Familiar o vecino que por cierto, al purgar su condena ha de hecho saldado su deuda con la sociedad.
Pero bueno, ya podrán estar tranquilos los españoles pues, a pesar de no poder o no saber formar gobierno, Pedro Sánchez el Corto tiene a sus espías haciendo su trabajo a la perfección en Oñati y Hernani.
Aquí lo que nos reporta Naiz:
La delegación del Gobierno español envía al fiscal informes policiales de los recibimientos a presosLa Delegación del Gobierno español en la CAV ha remitido al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, la información policial sobre los dos actos de recibimiento a los expresos Xabier Ugarte y José Javier Zabaleta en Oñati y Hernani, respectivamente.Zabaleta regresó a Hernani tras 43 años lejos de su pueblo, los últimos 29 en prisión; mientras que Ugarte volvió a Oñati después de 22 años encarcelado. El Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez ya anunció este domingo que iba a pedir a la Fiscalía investigar ambos actos, al considerarlos «inadmisibles» por ser «un insulto a las víctimas del terrorismo y a la sociedad».Remarcó que el recibimiento a los presos por parte de sus familias «no puede convertirse en ningún caso en homenajes públicos, en los que se hace un reconocimiento del preso y se legitiman sus crímenes».Este lunes la Delegación del Gobierno en la CAV ha indicado que ya ha enviado a la Fiscalía los informes provisionales redactados por responsables policiales.El delegado gubernativo, Jesús Loza, considera que estos recibimientos «son siempre una manifestación de homenaje al criminal en cuestión y una legitimación de su actividad terrorista».Loza ha ensalzado «los pasos significativos que se han dado desde el Gobierno en la construcción de una convivencia en paz y libertad en el País Vasco tras la derrota de ETA por el Estado de derecho», y ha subrayado que para ello «es imprescindible que quienes han apoyado el terror en los últimos 50 años también den pasos en esa dirección».«Nos retrotrae al pasado»Ambos actos han desatado una oleada de críticas. Desde el Ejecutivo de Lakua, su secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, ha indicado que «el Gobierno Vasco entiende y comparte plenamente el sentimiento de dolor e indignación que estos recibimientos a expresos producen en las víctimas y las asociaciones»«Tenemos que avanzar hacia el futuro y todo esto nos retrotrae al pasado a formas de entender la realidad que no tienen que ver con un presente de normalización de la convivencia», ha argumentado, al tiempo que ha defendido que «hay que dar pasos»y ha incidido en que «un paso desde luego es que este tipo de actos desaparezcan».Colectivos de víctimas de ETA como AVT y Covite ya han presentado sendas denuncias en la Audiencia Nacional de Madrid, mientras que formaciones políticas como PNV, PSE, PP o Ciudadanos han mostrado su repulsa y han interpelado a la izquierda abertzale.PeriodistasEl Gobierno español denunció asimismo en su nota que un equipo informativo de Antena 3 fue «acosado» en Oñati «en un claro ataque a la libertad de información y de expresión».El Colegio Vasco de Periodistas (CVP-KEE ) y la Asociación Vasca de Periodistas (AVP-EKE) han emitido una nota conjunta en la que «censuran y reprueban los insultos y empujones recibidos por periodistas» en ese acto, y recuerdan que «el derecho a la información es un derecho fundamental de la ciudadanía».
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