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sábado, 14 de febrero de 2026

Reconocimiento Oficial

Desde Naiz traemos a ustedes este artículo con respecto al comunicado llevado a cabo por la Euskal Herriko Torturatuen Sarea en el marco de la conmemoración del Día Contra la Tortura:


La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria exige nuevos pasos en su reconocimiento oficial

La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria pide, a los 45 años de la muerte de Joxe Arregi, una nueva ley en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para que se reconozca a todas víctimas del Estado. Al Gobierno de Nafarroa le exigen que lo haga más allá del franquismo y la transición, ya que esperan cientos.

Agustin Goikoetxea

En el contexto del Día contra la Tortura, medio millar de personas torturadas que participan en la red creada en Euskal Herria ha llevado a cabo este sábado a la mañana en la Escuela de Ingeniería de Eibar una asamblea tras la que han emplazado a la sociedad vasca y a las «altas instituciones» del país a que reconozcan que «las fuerzas de seguridad del Estado español han torturado de manera sistemática, que nos han torturado», han enfatizado sus portavoces Leire Gallastegi y Metxe González.

Un año después de la presentación pública de la Red en el Kursaal donostiarra, han insistido en que «es tiempo de reconocimiento». Lo han hecho recordando que hay más de 5.000 casos documentados mediante diferentes investigaciones «y, a todos ellos, se les debe ofrecer mecanismos oficiales de reconocimiento y reparación». Han subrayado que se trata de «un requisito esencial para construir una convivencia democrática sólida».

«Se debe dar reconocimiento oficial a cada una de nuestras dolorosas vivencias. La violencia del Estado sufrida no puede permanecer invisible ni quedar al margen de ningún acuerdo social o marco de convivencia democrática», han defendido.

Llamada a los agentes políticos

Consideran «imprescindible» que se adopten nuevas medidas en ese reconocimiento, donde agentes políticos del país deben jugar su papel, ya que se trata de «una obligación democrática». «La tortura no es un asunto del pasado, sino una herida que permanece abierta y debe ser reconocida y reparada», han incidido.

Para ello, se han dirigido en concreto a los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea, exigiéndoles que den pasos efectivos en ese reconocimiento. Al de Lakua le piden, por ejemplo, que reforme la ley autonómica para el registro oficial de todas las víctimas del Estado, «ampliando el periodo y promoviendo las iniciativas y consensos políticos necesarios para garantizar un mecanismo integral de reconocimiento y reparación».

«Hemos sido miles las personas que hemos sufrido tortura en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y el proceso para hacer posible el reconocimiento de todas nosotras se está dilatando en exceso», se han quejado. De ahí que demanden «determinación» para que el proceso de reconocimiento de las miles de personas que durante décadas han sufrido tortura política «pueda desarrollarse en su totalidad y sin más obstáculos».

Para avanzar en ese camino, tras la asamblea de Eibar, han anunciado que la Red va a empezar a registrar en la ventanilla del Ejecutivo de Lakua todas las solicitudes de reconocimiento que puedan reunir desde 1960 a 2014, «hasta el último caso de tortura vinculado al conflicto vasco». Esa tarea, han adelantado, será vehiculizada a través de Egiari Zor Fundazioa.

Al Gobierno navarro, le exigen que reconozca a las cientos de personas que fueron torturadas «más allá del franquismo y la transición», asumiendo, en este sentido, las responsabilidades correspondientes.

La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria ha reiterado que «es tiempo de reconocimiento» y que este proceso no puede retrasarse más. «Si queremos construir en Euskal Herria un futuro basado en la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y una memoria completa: es el momento de esclarecer por qué nos torturaron, quién autorizó esta práctica y cómo se permitió», han expuesto.

Han finalizado esa comparecencia masiva destacando que «es hora de asumir responsabilidades públicas y poner fin a la impunidad de la tortura política».




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