Mientras que Madrid insiste en que no se le puede responsabilizar por lo sucedido hace 500 años en América un medio de comunicación español -y españolista añadiríamos- reporta acerca de un informe en el que se responsabiliza al estado canadiense por el genocidio de los grupos originarios no hace 300 ni 200 años, hace apenas 40.
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Un informe del Gobierno estudia la muerte de más de 1.000 niñas y mujeres pertenecientes a los grupos autóctonos desde 1980Jaime Porras FerreyraEl Comité de investigación nacional sobre las más de mil mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Canadá en las últimas décadas concluyó este lunes que el Estado es cómplice de un genocidio planificado, basado en la raza, la identidad y el género, que se apoya en políticas colonialistas y la inacción estatal. Resultado de tres años de trabajo, el informe establece que, si bien el genocidio canadiense afecta a todos los miembros de los grupos indígenas, está especialmente dirigido a las mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGTBQI.El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, solicitó la puesta en marcha de este comité, una promesa electoral que obedecía a las reivindicaciones de líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos. La población indígena de Canadá representa el 4,6% del total del país.El informe del comité estima que, en concreto, las mujeres indígenas tienen hasta 12 veces más probabilidades de ser víctimas de asesinatos y desapariciones. Según un documento de la Real Policía Montada de Canadá publicado en 2014, entre 1980 y 2012, fueron asesinadas 1.017 mujeres indígenas y 164 desaparecieron, cifras que podrían ser más elevadas, según distintos organismos.El comité comenzó sus trabajos en septiembre de 2016. El informe final está integrado por 1.192 páginas, y fue redactado después de escuchar más de 2.000 testimonios en distintas audiencias a lo largo del país. "Es necesario un verdadero cambio de paradigma para deshacerse de este colonialismo dentro de la sociedad canadiense", declaró Marion Buller, la jefa del comité, en la ceremonia oficial de entrega del informe, que tuvo lugar este lunes en el Museo de Historia Canadiense, ubicado en Gatineau (Quebec).El documento contiene diversas recomendaciones para hacer frente a esta problemática. Por ejemplo, la designación de un ombudsman, una figura similar al Defensor del Pueblo dedicado a los derechos indígenas, un mayor número de agentes de policía indígenas y proyectos más ambiciosos en apoyo a las víctimas.Justin Trudeau estuvo presente en la ceremonia de entrega del informe. "Durante décadas, las mujeres y niñas canadienses indígenas han sufrido desapariciones y asesinatos. Nuestro sistema de justicia ha fracasado", señaló. "Por desgracia, no es un tema únicamente del pasado. Es vergonzoso y absolutamente inaceptable. Esto debe parar", añadió Trudeau, quien se mostró muy conmovido en el evento.El informe contiene 122 veces la palabra genocidio. Sin embargo, Trudeau no la pronunció una sola vez en su discurso. En junio de 2015, una comisión especial encargada de investigar los maltratos que sufrieron miles de niños indígenas en internados federales entre 1883 y 1996, catalogó como un genocidio cultural lo ocurrido en esos centros. Además de castigos físicos y agresiones sexuales, existió un esfuerzo sistemático para despojar a los menores de sus lenguas originarias y sus tradiciones culturales.No obstante, la referencia en el informe a un genocidio planificado generó reacciones encontradas. Algunos líderes indígenas secundan esta acusación, mientras que los articulistas de los grandes diarios nacionales confirman la magnitud del problema, pero hacen un llamado a la cordura para evitar que la polémica se adueñe de la discusión. "En este contexto, debo decir que tengo problemas con el uso de este término", comentó por su parte Roméo Dallaire, el militar canadiense que comandó la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda entre 1993 y 1994. Sin embargo, Dallaire sí precisó, en un evento en la Universidad Concordia, que las políticas del Gobierno federal han sido sumamente perjudiciales para los pueblos indígenas durante décadas.
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