La Unión Europea permite que en su seno exista un estado autoritario que lleva a cabo juicios políticos en contra de quienes se atreven a cuestionar los principios fundamentales del movimiento nacional que en 1936, por medio de un mortífero golpe de estado militar, instaurara al régimen fascista más longevo de Europa.
Un estado que abiertamente lleva a cabo medidas de excepción en contra de quienes son sometidos a sus procesos inquisitoriales. Un estado que tortura en el lapso que eufemísticamente denomina incomunicación, un estado que aleja de su entorno social a quienes son condenados a larguísimas y desproporcionadas penas de cárcel, un estado que se niega a reconocer a dichos represaliados como presos políticos, un estado que castiga con aislamiento a esos presos a los que también deniega, sistemáticamente, los beneficios que por ley les debe otorgar, un estado que arrogante menosprecia legislación europea en cuestión de los derechos humanos de quienes terminan en sus mazmorras, un estado que terminantemente se niega a aplicar medidas humanitarias para quienes sufren enfermedades crónicas, degenerativas o en estado terminal.
No es raro pues que la UE tenga tan baja aceptación en Euskal Herria.
Porque resulta que ante el rosario de violaciones a las garantías de los presos políticos durante décadas ha habido un sinfín de iniciativas solidarias surgidas del propio pueblo vasco, cada una de ellas destinada a hacer más llevadero el impacto que medidas tan crueles causan no solo en el represaliado sino en su entorno cercano, llámense familiares o amigos.
Pues bien, como ya habíamos reportado con anterioridad, ahora Madrid se dispone a castigar ejemplarmente a toda una nueva generación de solidarios con los presos.
A ocho años de iniciado el proceso de paz tras la Conferencia de Aiete, a dos años de la escenificación del desarme en Baiona y a un año de la desmovilización de ETA.
Y la UE, fiel a su estilo, cómplice, callando.
Aquí una actualización vía Naiz:
El juicio contra 47 personas ligadas a la labor en defensa de los derechos de los presos arrancará el 16 de setiembre en la Audiencia Nacional española y, según han apuntado en una nota, viven con «preocupación» las consecuencias que puede acarrear ete juicio. Pese a ello, se han mostrado «llenos de ilusión y energía para afrontar el acoso judicial, mediático y político» que conllevará.El 16 de setiembre arrancará en la Audiencia Nacional española el juicio contra 47 personas de Euskal Herria en relación con las operaciones policiales contra Herrira, Jaiki Adi, Etxerat, abogados y el grupo de interlocución. Los encausados han emitido un comunicado en el que han querido agradecer las muestras de apoyo recibidas en las últimas semanas.Según han apuntado, esta misma semana la Policía ha acudido a los domicilios de varios de ellos para notificar la citación del juicio, mientras que otros han tenido que acudir. «Los y las encausadas vivimos con preocupación lo que puede suponer este macrojuicio, pero estamos llenos de ilusión y energía para afrontar el acoso judicial, mediático y político que se nos viene encima», han apuntado. De hecho, ya se encuentran organizados en grupos de trabajo. «Haremos frente a toda esta persecución de manera colectiva, cuidándonos y sosteniéndonos entre nosotros y nosotras», han añadido.Además de las propias tareas de preparar un juicio, están estudiando distintas opciones para paliar las grandes pérdidas económicas que supone un proceso como este. Asimismo, han anunciado que, en una fecha todavía sin concretar, organizarán una movilziación en la que «pueda confluir toda la solidaridad que estamos recibiendo y que pueda servir para poner encima de la mesa la situación que sufren los y las presas y huidas políticas vascas». El 1 de junio comparecerán en Donostia, donde darán más detalles sobre las distintas iniciativas.
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