Cuantificando la Política de Guerra

Desde Gara traemos a ustedes esta editorial que nos arroja más luz acerca de un tema que ha sido puesto sobre la mesa ante la negativa por parte de Madrid de dar pasos que acompañen el proceso de paz: el alto costo económico que representa para los familiares de los presos políticos vascos el que estos sean víctimas de la política de excepción conocida como la dispersión.

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Es importante cuantificar y hacer saber el precio de la venganza

A los vascos no les gusta hablar de dinero. Esta sentencia es una generalización, por supuesto, pero es cierto que, en general, la ciudadanía vasca es pudorosa en relación al tema del dinero. No es, ni mucho menos, que entre nosotros no haya fanfarrones o pijos indecentes que gusten de mostrar en público cuánto tienen y cuánto gastan. Ni que no haya ratas y mezquinos que siempre miren para otro lado a la hora pagar. No se trata de eso. Es, sencillamente, que esa gente no está bien vista, que en la escala general de valores de esta sociedad mirar demasiado al dinero, se tenga o no se tenga, no se considera aceptable, no cotiza. Alguien pensará que en todas las sociedades es así, pero las escalas de valores, incluso las universales, se desarrollan de manera diferente en cada sociedad. Por otro lado, cada virtud social suele ir acompañada de su propia tara.

Históricamente, el victimismo tampoco ha tenido gran recorrido en este país, aunque como consecuencia de la generalización de la demagogia esto haya supuesto un fuerte déficit competitivo a la hora de debatir ciertos temas. A veces ni siquiera cuando se han sufrido vejaciones o dolos evidentes se ha recurrido al papel de víctima. A nadie le place ser víctima, y quien lo es sabe perfectamente que su objetivo más preciado es abandonar esa condición. Atención a aquellos que no lo saben.

Es relevante, es pertinente, es complementario

Sea por su tradición política o por su responsabilidad en otros sufrimientos, lo cierto es que la izquierda abertzale casi nunca ha admitido el rol de víctima para sí y rara vez ha puesto el foco en el daño económico causado por las injusticias que han padecido los miembros de su comunidad. Nunca este ha sido el argumento principal. No se ha planteado esta como una lucha central, ni siquiera cuando este ha sido uno de los objetivos declarados de dichos ataques, como en el expolio de sus bienes.

Pese a que dentro de la lógica de un conflicto político es de sentido común que en ambos lados ha habido víctimas, hasta hace bien poco en este lado apenas se ha utilizado ese término para referirlas. En términos políticos y éticos esto tiene sus pros y sus contras, sin lugar a dudas, discutibles todos ellos.

Aunque solo sea por eso, resulta interesante y significativo que los familiares de los presos políticos hayan puesto este año el foco en este tema: el coste económico de la dispersión. No porque sea central a nivel político o ético. Ese coste económico no es comparable con la violación de derechos humanos o con la nula voluntad de solucionar conflictos que tienen las autoridades españolas y francesas. Todo ello es mucho más lesivo, pero no hay duda de que la presión económica busca agravarlo. En medio de esta crisis, este es un enfoque que puede ayudar a empatizar a otras personas, a aquellas menos cercanas a la realidad de los familiares.

Nadie en Euskal Herria, salvo algún fascista desacomplejado, tiene el valor de decirle a un familiar que lo que tiene que hacer para ver a su allegado preso está justificado, está bien. Desgraciadamente, pese a no compartir esta estrategia, la gran mayoría de los representantes políticos tampoco tienen el valor de plantarse ante ella, para acompañar a las víctimas de esta política, para paliar su sufrimiento injusto. No se trata del relato; son políticas y requieren de un acuerdo en clave humanitaria y asistencial. Las autoridades vascas tienen plenas competencias para implementar políticas de denuncia y asistencia en este terreno. Que cada cual haga lo suyo.

Una política muy cruel y poco «rentable»

La dispersión es una política pública excepcional que tenía como objetivo quebrar la unidad del Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas. Es una maniobra bélica, plena de lógica militar. En medio de un conflicto armado abierto, buscaba alterar las convicciones y lealtades de los prisioneros y sus familiares sobre la base del chantaje y el castigo. Ha vulnerado derechos elementales en nombre de un bien mayor que, sin embargo, no ha logrado. Al mismo tiempo ha alterado las convicciones morales en materia penal de la izquierda española, ahondando en una cultura política profundamente autoritaria y antidemocrática. Esto también computa como coste. Tras casi tres décadas vigente, con ese conflicto camino de cerrarse, su balance es paupérrimo en resultados objetivos, pero ha generado graves daños. Entre otros, aunque se tape, ha provocado la muerte de 16 personas, «civiles» según esa lógica militar.

Frente a lo peor de la cultura política española, a esa crueldad ajena a toda lógica, ha surgido lo mejor de la sociedad vasca: la solidaridad.

Llegados a este punto, todo el mundo debería medir y recalcular sus fuerzas, hacer balance. De la gestión sabia de estas variables saldrá quién sufre un mayor coste en esta batalla. Eso sí, a un precio humano muy alto.

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