México Contra el Fracking

Desde la página del Observatorio Petrolero Sur traemos a ustedes este excelente reportaje acerca del movimiento social en contra de la práctica del fracking en México:

México: el fracking y las profundas raíces de la violencia

Aroa de la Fuente López | Miembro de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Alianza Mexicana contra el Fracking

La situación por la que atraviesa México es alarmante. Las más de 23 mil personas desaparecidas en el país entre 2007-2014, según cifras oficiales, nos hablan de un contexto de violencia e impunidad excepcional en el que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo indignante y doloroso que es, sólo representa la punta del iceberg. Rara vez se va a la raíz del problema, se señala al crimen organizado como el causante de las muertes, las desapariciones y los ataques. En este sentido, es necesario resaltar que la violencia que vive el país tiene raíces mucho más profundas en las cuales el Estado tiene una gran responsabilidad. Entre otras razones, por instrumentar políticas que priorizan los intereses privados y empresariales sobre los públicos, por la falta de espacios de participación, por la debilidad institucional inducida, y por la pobreza y la marginación en las que subsiste una gran parte de la población, en especial la indígena.

Las reformas estructurales aprobadas en 2013 y 2014 por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto vienen a sumarse a estas políticas y vaticinan que las causas profundas del malestar social existente se profundizarán y expandirán. Con ello se prevé un aumento de la conflictividad y la violencia, en particular de aquella ejercida por el Estado, ya sea a través de su propio actuar o por decidir mirar hacia otro lado cuando otros la ejercen.

Territorios en disputa

Una de las más importantes fuentes de la conflictividad que se vive en el país es la imposición de proyectos de desarrollo ante los cuales la población se declara en resistencia. El gobierno ha reaccionado haciendo oídos sordos a estas legítimas demandas sociales o, directamente, mediante acciones de criminalización, hostigamiento y represión que llega a esconder tras la cortina de la lucha contra el crimen organizado. Casos que reflejan esta situación se presentan a lo largo y ancho de México en todo tipo de proyectos: mineros, petroleros, turísticos, eólicos, de infraestructura hídrica, etc. Ejemplos de ello son las comunidades en lucha en el Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, en contra de mega parques eólicos; la organización de frentes regionales en contra del uso de la fracturación hidráulica en Veracruz, San Luís Potosí, Puebla e Hidalgo (AAVV, 21/06/2015); y la resistencia a la construcción de un acueducto que afectará a cuatro estados del país y llevará agua para hacer posible la explotación de hidrocarburos de lutitas en Nuevo León.

Estos movimientos y frentes de resistencia han sido atacados repetidamente por las empresas y por el gobierno federal, así como por las autoridades estatales y municipales. Los casos más recientes son los ocurridos el 7 de junio, enmarcados en el contexto de elecciones de autoridades locales. La consigna abanderada por el Estado sobre el derecho al voto ha sido utilizada como justificación para reprimir a diversos colectivos, en un nuevo intento de hacerse con el control de los territorios. El primero de ellos fue el ataque con armas de fuego, por parte de grupos vinculados al presidente municipal de Juchitán, a integrantes de la Asamblea General Comunitaria de Álvaro Obregón (Oaxaca) -organización que forma parte del frente en defensa del territorio contra los proyectos eólicos del Itsmo. El segundo, la agresión a estudiantes de la Universidad Veracruzana que integran movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, y apoyan estrategias en contra del desarrollo de la fractura hidráulica (Centro Prodh, 05/06/2015). Por último, la brutal acción de la Policía Federal contra la población de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, que dejó un muerto y varios heridos, en un acto de represión contra los trabajadores de la educación que reclaman el esclarecimiento del paradero de los 42 normalistas que siguen desaparecidos, así como la aplicación de justicia por los asesinatos cometidos (Tlachinollan, 08/06/2015).

Un marco para la fractura

Es en este contexto que se inserta la Reforma Energética de diciembre de 2013, que supuso la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la participación del sector privado en la industria de hidrocarburos. Esto implicó un cambio muy profundo a la operación de dicho sector, que desde 1938 estaba reservada al Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). El principal argumento esgrimido por el gobierno para impulsar esta modificación fue la necesidad de revertir la caída en la producción de petróleo observada desde 2004, que pasó de 3.5 millones de barriles diarios (mmbd) a 2.5 mmbd en 2013 (Pemex, 2015 a). Igualmente, la reforma buscaba aumentar la extracción de gas para así reducir las importaciones, que en 2013 se situaron en 1.289 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) (Pemex, 2015 b). Para ello, sería necesario explotar los hidrocarburos no convencionales, especialmente aquellos que se encuentran en yacimientos de lutitas y requieren el uso de la fracturación hidráulica. Y, siempre según la opinión del gobierno, esto no podría hacerse sin el apoyo de las empresas petroleras privadas que cuentan con la experiencia, la tecnología y los recursos financieros. Por lo tanto, la reforma no sólo privatiza la industria, si no que profundiza un modelo energético insostenible, basado en combustibles fósiles, con la utilización de técnicas que suponen impactos sociales, ambientales y económicos negativos muy superiores a los ya graves causados por proyectos convencionales.

A la reforma constitucional se sumó, en agosto de 2014, la aprobación de legislación energética que vino a sentar las bases bajo las cuales operará este nuevo modelo de industria. La sanción de nueve leyes y la modificación de doce existentes supusieron la creación de un marco regulatorio que favorece, facilita y acelera el desarrollo de los proyectos hidrocarburos y el uso de la fracturación hidráulica. Su simple aprobación supone violaciones graves a los derechos humanos y a las obligaciones del Estado de garantizarlos, establecidas en los tratados internacionales subscritos por México y en su propia constitución, que se verán agravadas con la implementación de la reforma.

La nueva Ley de Hidrocarburos da preferencia sobre el acceso y el uso del territorio a los proyectos de explotación de petróleo y gas. De manera contradictoria, a la vez que se privatiza la industria de hidrocarburos, ésta es declarada de utilidad pública, lo que implica que el Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas. Esta medida se puede aplicar, incluso, cuando se trate de proyectos que afecten a los pueblos indígenas, lo que vulnera sus derechos a la autodeterminación y al territorio, entre otros. Por lo tanto, existe una desprotección de los habitantes de las tierras ya que se les pretende forzar a permitir la actividad petrolera, sin importar las afectaciones que pueda suponerles a su vida y a las actividades que realizan. Por otro lado, la Ley indica que los gobiernos locales deben contribuir al desarrollo de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros, para lo que tienen que garantizar y agilizar la entrega de las autorizaciones y permisos bajo su competencia. Es decir, también las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de permitir los proyectos, sin importar qué consecuencias tengan para sus territorios ni las políticas de desarrollo que se encuentren implementando en los mismos.

La Ley de los Órganos Reguladores en Materia Energética, en tanto, señala que los actos de los mismos sólo serán impugnables mediante amparo y no serán sujetos de suspensión, lo que tiene el objetivo de dar seguridad a las inversiones. Dado que son los órganos encargados de otorgar los permisos y contratos para la explotación de los hidrocarburos, la inclusión de esta disposición quiere decir que los proyectos no podrán ser detenidos hasta que haya una resolución judicial -lo que puede tardar años-, aunque conlleven violaciones a derechos humanos y degradación ambiental.

Otra de las disposiciones para asegurar el desarrollo de la actividad es la incluida en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con la creación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que alimenta un fondo estatal y municipal. El problema recae en el hecho de que las empresas estarán exentas de su pago cuando, por razones ajenas a su voluntad, no puedan operar en las áreas determinadas. De esta manera, se motiva a los gobiernos locales a que pongan en marcha medidas para que las compañías operen, lo que puede hacerse a costa de aquellas personas y comunidades que se oponen a los proyectos en defensa de sus derechos. Para ello, contarán con un mecanismo adicional: la Gendarmería, cuya creación se realizó tan sólo once días después de la aprobación de la legislación complementaria de la reforma energética (Fundar, 21/10/2014). Este cuerpo policial de élite, con más de 5 mil efectivos, tiene entre sus principales funciones actuar frente a quienes atenten contra los ciclos productivos y las fuentes de ingresos, es decir, las inversiones. De hecho, el mismo Secretario de Hacienda declaró a finales de 2014, en reuniones anuales convocadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que la Gendarmería será utilizada para proteger los proyectos energéticos. Incluso, se plantea crear una división especial dentro de este cuerpo para el sector minero (El Financiero, 14/04/2015).

En un país en el que la inseguridad crece cada día y donde hay miles de desaparecidos y asesinados, resulta aún más flagrante que se destinen recursos públicos a la protección de las empresas y no de la población. Además, dado el contexto de criminalización y represión de la protesta social y de los defensores de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, la Gendarmería se configura como un instrumento más para la imposición de proyectos.

Muchos mundos

Lo expuesto hasta aquí, junto con otros cambios introducidos en la reforma tales como el debilitamiento de la regulación ambiental y la inclusión de la consulta previa como un mero trámite al no asegurar el derecho al consentimiento, plantea un panorama que se oscurece aún más ante la inminente intensificación del uso del fracking. Antes de la reforma, la fracturación hidráulica fue utilizada en, al menos, 20 campos en yacimientos de lutitas. En todos los casos, esta actividad se realizó sin que la población fuera informada ni consultada al respecto. Con los cambios introducidos en la legislación en 2013 y 2014, las amenazas son aún mayores. La llegada de los gigantes petroleros, como Chevron, que tendrán a su favor una legislación para hacer y deshacer a su antojo, y un Estado a su servicio, plantea serios retos para la defensa del territorio en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luís Potosí y Oaxaca.

Sin embargo, la reforma viene acompañada de voces que se alzan cada vez más fuertes en contra del fracking, y de la multiplicación de poblaciones en lucha, que no sólo buscan detener esta actividad sino también plantear alternativas sustentables de vida comunitaria. No hay que olvidar que México es un país de resistencias, de construcción de alternativas y de luchas por una realidad diferente, que sigue en pie por un mundo en que quepan muchos mundos.

°