Con respecto al acto represivo sufrido por los activistas vascos Floren Aoiz y Asier Altuna a manos del gobierno del filo-franquista Enrique Peña Nieto, les compartimos esta nota que nos ha sido enviada vía Facebook:
¿Por qué fueron deportados los ciudadanos vascos?
Víctor García Zapata
El 27 de julio de este año fueron detenidos en el aeropuerto de la Ciudad de México los ciudadanos vascos Asier Altuna, representante para América Latina de Sortu; y Floren Aioz, presidente de la Fundación Iratzar. Después de estar retenidos y ser interrogados por varias horas, fueron deportados al Estado Español en vuelos diferentes. Si bien ambos están ahora en casa y con los suyos, el episodio es grave y, por muchas razones, no debiera pasar desapercibido. Dado que las autoridades no cumplieron con el protocolo de notificar por escrito a los afectados sobre los motivos para impedirles entrar al país, hemos de suponer que se trata de algún arreglo entre los gobiernos de México y España. Si este fuera el caso, se repite la sujeción del gobierno de nuestro país a intereses ajenos y conservadores, al grado extremo de definir de manera discrecional quién entra y quién no a territorio nacional.
Difícil pensar que Altuna y Aoiz hayan violado alguna ley. Forman parte de instituciones cuya participación política está reconocida constitucionalmente en España, juegan en coaliciones de gobierno en Navarra y en País Vasco, y tienen representación en redes internacionales de partidos con registro. Se trata, sea como sea, de un evento de represión política probablemente solicitado allá y cumplimentado acá.
Tras la firma de la declaración de Aiete en 2011 (hoja de ruta para la paz firmada por actores gubernamentales, políticos, sociales y empresariales del País vasco), el anuncio de ETA de cese definitivo al fuego, y en tiempos en los que las izquierdas han normalizado su participación electoral mediante la coalición Bildu, lo lógico sería pensar que todos los actores involucrados abren caminos y facilitan procesos para fortalecer la vía político–institucional de solución del conflicto. Sin embargo, trabas como la interpuesta por el gobierno mexicano, que se suma a la dispersión de los presos (prisiones alejadas de sus lugares de origen) o a la prisión e inhabilitación del dirigente Arnaldo Otegi, no hacen sino restar velocidad a un camino de construcción de paz que, de cualquier manera, ya ha sido decidido de manera irreversible por una de las partes.
La solidaridad desde México pasa por exigir explicaciones al gobierno mexicano sobre este caso y los que se presenten, pero también por exigir retomar aquellas printernacionalistas que facilite ácticas de relación con el mundo basadas en la solidaridad, en la soberanía y en la disposición a recibir a los exiliados. Habría que preguntarnos, por ejemplo, de qué manera exigimos modificar o derogar el artículo 33 constitucional. Resulta arcaico, como muchas cosas en nuestra política, que extranjeros residentes o visitantes no puedan emitir opinión o intercambiar puntos de vista sobre política mexicana. Desde supuestas posiciones de izquierda se ha caído en la contradicción de pretender limitar el derecho a opinar a extranjeros conservadores. Actitudes como esas restan fuerzas para construir escenarios libertarios donde cada quien pueda expresar su opinión y sumar su posición a quien convenga. Al final son las posiciones de izquierda las que suelen ver castigadas sus solidaridades.
Desde los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda habría que repensar cómo es que retomamos los impulsos internacionalistas que facilite construir circuitos de solidaridad y contrastar las arduas discusiones internas con lo que sucede en otros países. Grave es para un país en lucha permanente por su democracia, anclarse en discusiones domésticas. Desde la sociedad tiene que restituirse el espacio de encuentro con América Latina que el gobierno ha perdido. Hay que mirar y acompañar los conflictos internacionales y geopolíticos sin dejarnos llevar por los estigmas creados por las grandes potencias. Entenderlos y procesarlos no solo es un deber moral sino un factor de enriquecimiento para reconstruirnos como nación.
Con respecto al País Vasco, algunos son los esfuerzos realizados por organizaciones mexicanas. En 2013, la Fundación para la Democracia y Serapaz organizaron el Encuentro Latinoamericano de Solidaridad con el Proceso de Paz del País Vasco, para ratificar el apoyo internacional a la Declaración de Aiete, sumando sus firmas Piedad Córdoba, de Colombia; Lucia Topolansky, de Uruguay; Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina; Rodrigo Borja, de Ecuador; y Cuauhtémoc Cárdenas, de México, entre otras personalidades políticas del continente. Con amplia repercusión en Euskadi, se considera que dicho encuentro relanzó los impulsos internacionales por la paz.
En el campo internacional, está en marcha la campaña global por la libertad de Arnaldo Otegi, dirigente emblemático de Batasuna y secretario general de Sortu. Otegi permanece preso por una estrategia que parece estar montada para prohibirle participar electoralmente. (información sobre la campaña: http://bit.ly/1KBEetd)
En fin. Muchas cosas habrá que decir al respecto y varias más que seguir haciendo. Quizás lo más importante por ahora sea exigir explicación al gobierno mexicano en el caso de Altuna y Aoiz. También, por lo pronto, vencer todos los escozores remanentes con respecto al conflicto vasco, para impulsar desde diversas trincheras la libertad de los presos y el proceso de paz según lo establecido en Aiete.
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