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sábado, 9 de mayo de 2015

Madrid Veta a Abogados Europeos

Petulante como acostumbra ser, el régimen borbónico franquista se ha dado el lujo de impedir que un grupo de abogados de diferentes países pudieran visitar a los represaliados políticos vascos Arantza Zulueta y Jon Enparantza.

Aquí los detalles por conducto de Naiz:


Representantes de la Asociación Europea de Abogados Demócratas y la Asociación Europea por la Democracia y los Derechos Humanos han denunciado hoy el veto impuesto por Madrid a la visita que sus delegados tenían previsto realizar a los letrados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, que se encuentran en prisión preventiva. Advierten sobre la vulneración del «derecho de defensa».

Alberto Pradilla

Representantes de la Asociación Europea de Abogados Demócratas y la Asociación Europea por la Democracia y los Derechos Humanos han denunciado hoy el veto a las visitas que tenían previsto realizar a las cárceles de Estremera y Alcalá Meco, donde se encuentrna los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza. En una comparecencia celebrada en Madrid las asociaciones internacionales han explicado que pese a haber solicitado los permisos con antelación cuando se encontraban ya en la cárcel los seis abogados recibieron la notificación de que no podrían acceder. Según la prisión, necesitaban el permiso de la Audiencia Nacional española, un hecho que la togada italiana Mina Zapatero ha puesto en cuestión. «No podemos sino mostrar nuestra más absoluta disconformidad con lo ocurrido», ha argumentado, señalando que «la norma del reglamento esgrimido por la prisión no está correctamente interpretado».

«Se ha producido una merma en los derechos que les asisten a los letrados que han acudido; mucho más si cabe respecto de los internos que ejerciendo el derecho que les asiste por ley ven menoscabado el mismo, sin posibilidad de amparo», ha denunciado. Las organizaciones internacionales se han puesto en contacto con el Colegio de Abogados de Madrid, que se ha mostrado dispuesto a interesarse por el caso.

La situación de los abogados en Euskal Herria y la persecución que sufren por parte del Estado es una cuestión que genera preocupación en estos colectivos. Así lo ha señalado Thomas Schmidt, secretario general de la Asociación Europea por la Democracia y los Derechos Humanos, que ha calificado la prohibición de «insulto» a los abogados europeos y ha denunciado la excepcionalidad de las leyes que se aplican en el Estado español. En este sentido, ha criticado duramente tanto el encarcelamiento de Zulueta y Enparantza (que llevan ya 15 meses en prisión) como la redada de enero en la que diversos letrados fueron arrestados. Por todo ello ha exigido la inmediata puesta en libertad de los togados, así como el cumplimiento de los estándares internacionales que garantizan el derecho a la defensa y que han sido firmados por el Estado español. Además, ha advertido sobre el uso de la detención preventiva y ha recordado las recomendaciones de los relatores de la ONU y el Comité para la Prevención de la Tortura que Madrid debería de implementar.






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