Sucedió en Almería

Por medio de Noticias de Gipuzkoa les traemos información acerca de este terrible episodio de terrorismo de estado a la española que el régimen quisiera fuese olvidado.

Lean ustedes:

‘Caso Almería’ Tortura y muerte de tres inocentes

Hoy hace 34 años se hallaron los cuerpos torturados acribillados y quemados de tres jóvenes que, confundidos con miembros de ETA, habían sido detenidos por la Guardia Civil, que montó una coartada para borrar las huellas

Enrique Santarén

El espeluznante relato forma parte de una carta anónima que, firmada por alguien que se identificaba como “guardia civil pero no asesino”, recibió tres años después de los hechos -sucedidos en 1981- la familia de una de las tres víctimas que murieron a manos de agentes del instituto armado en el denominado caso Almería, y que fue publicada en 2005 por Antonio Rubio en El Mundo.

Cuenta María Morales, la madre del joven almeriense Juan Mañas -la única de las madres de las víctimas que aún vive, 34 años después del crimen- que a su hijo y a sus amigos “los mataron tres veces: a palos, a tiros y quemados”. En realidad, podría decirse que los asesinaron, física y figuradamente, al menos seis veces: salvajemente torturados, mutilados y desmembrados; acribillados a tiros; calcinados tras un estrambótico e irreal montaje para borrar huellas; mancillada su memoria con acusaciones de terroristas etarras y con la fabricación de pruebas falsas; ignorados por la Justicia, que ni quiso ni supo investigar y otorgó trato de favor a los asesinos; y, finalmente, olvidados, ellos y sus familias, por las instituciones y la sociedad.

Era 1981, año de plomo. Apenas tres meses antes, el 23 de febrero, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero había irrumpido pistola en mano en el Congreso de los Diputados al mando de varios agentes. Poco antes del golpe de estado, el presunto miembro de ETA Jose Arregi había muerto en dependencias policiales, víctima de crueles torturas. La democracia se tambaleaba y ETA y el GRAPO, así como grupos de extrema derecha, llenaban las calles de cadáveres. Ajenos a este violento contexto, tres jóvenes, Luis Montero García (33 años), Luis Cobo Mier (28) y Juan Mañas Morales (25) partían desde Santander, donde vivían y trabajaban, hacia Almería. Juan, que era almeriense aunque llevaba varios años en la capital cántabra, había invitado a sus amigos a la primera comunión de su hermano. Un viaje de placer que terminaría literalmente en un infierno.

El azar quiso que el mismo día que salieron en su Seat 127, ETA cometiera un terrible atentado en Madrid, dirigido contra el teniente general y jefe del Cuarto Militar del Rey, Joaquín Valenzuela, que resultó herido grave, y en el que murieron tres militares y hubo veinte heridos. Solo en el mes de marzo, ETA había asesinado ya a cuatro militares y tres policías. Cuatro días antes, el GRAPO había matado, en Madrid y Barcelona, a un general del Ejército, un policía y dos guardias civiles.

En este clima de tensión extrema, los jóvenes, tras cruzar la capital de España, llegaron a Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde se les estropeó el coche, por lo que alquilaron otro vehículo -un Ford Fiesta- en Manzanares y prosiguieron su viaje. Su presencia, y quizá este cambio de coche, no pasó desapercibida para un ciudadano que creyó reconocer en los muchachos a los miembros de ETA sospechosos de cometer el último atentado, cuyas fotografías ya aparecían en prensa y televisión, y dio aviso a la Guardia Civil.

Tras llegar la noche del día siguiente a su destino, Pechina (Almería), los jóvenes acudieron a pasar el sábado a Roquetas de Mar. Sol, playa, compras y diversión. Pero no. Allí, en la creencia de que eran etarras, fueron detenidos por la Guardia Civil. Los hechos posteriores son la crónica más negra del terror de Estado. La madrugada del día 10 de mayo, hoy hace 34 años, los tres amigos fueron encontrados en un barranco, esposados, totalmente calcinados y acribillados a tiros dentro del Ford Fiesta.

Por todas las evidencias e investigaciones no oficiales realizadas y por algún testimonio anónimo recibido, incluida la carta del “guardia civil no asesino”, las familias de las víctimas, el abogado y la prensa independiente consideran que los tres jóvenes inocentes fueron trasladados a una vieja casa cuartel abandonada en Casas Fuertes, donde fueron sometidos a brutales torturas y que, al morir uno o quizá dos de ellos por los malos tratos recibidos, por orden del teniente coronel Carlos Castillo Quero, fueron introducidos en el coche, arrojados por el barranco en la carretera de Gérgal, tiroteados y, finalmente, quemado el vehículo con ellos dentro, tras rociarlo con gasolina con el fin de simular una improbable fuga y eliminar las pruebas de los crímenes.

“Sabían perfectamente desde el principio que no eran etarras. Alguno de los guardias civiles conocían a mi hermano, que era de aquí, de Almería. También dicen que tenían órdenes desde Madrid y que tenían que ejecutarlos y terminar con ellos. Y así lo hicieron, cumplieron bien”. Habla Francisco Javier Mañas, el niño que hacía la comunión aquel 10 de mayo, el motivo por el que los tres jóvenes viajaron hasta allí. Ese día el pequeño se levantó y vio que su hermano Juan no estaba. Todos se preocuparon, pero no había ni rastro. En la ceremonia de peticiones en la iglesia, solo dijo: “Que aparezca pronto mi hermano”.

“Eso te marca para toda la vida. Yo era un niño, la ilusión que se tiene, la cuestión era estar toda la familia, y de terminar en una fiesta a terminar en una tragedia...”, recuerda.

Hoy, aquel niño de la primera comunión es ya un hombre de 42 años que no olvida. “Vivimos recordándolo en cada momento, siempre en la mente. No hay un día que no te acuerdes de lo que pasó. Nos marcó mucho”.

Con idénticas palabras se expresa Socorro Montero, hermana también de una de las víctimas cántabras, Luis. “Constantemente, a diario nos acordamos de mi hermano y de los demás. Eso no lo olvidamos. Ahora mismo hablando de ello se me pone la carne de gallina”, cuenta desde un pueblecito cercano a Santander. No es para menos. Su madre murió hace años, sin saber siquiera lo que pasó, no se lo quisieron contar y le dijeron que su hijo había fallecido en un accidente. “Era el niño pequeño, vivían juntos”, dice. El hermano de Socorro, Faustino, fue el único, junto al abogado, que logró ver los cadáveres, porque se colaron en el depósito.

¿Qué les contó Faustino?

-Que le reconoció, pero que estaba de pena. No hay derecho a que hagan esas burradas.

Dicen que no tenía brazos...

-Sí, le faltaban brazos y piernas. Les descuartizaron, también al otro de Santander. Fue terrible.”

La versión oficial de una fuga de tres terroristas esposados en el asiento trasero de un coche que se incendió de manera inexplicable quiso mantenerse incluso durante el juicio, pese a que hasta el ministro del Interior, Juan José Rosón, llegó a reconocer que había sido “un trágico error”. Finalmente, gracias a la labor del abogado de la acusación particular, Darío Fernández, fueron condenados en 1982 el teniente coronel Carlos Castillo Quero, a 24 años y tres días de prisión mayor;el teniente Manuel Gómez Torres, a 15 años de prisión menor;y el guardia Manuel Fernández Llamas, a 12 años de prisión menor. Todos ellos por tres “delitos de homicidio con atenuante de cumplimiento del deber”, un fallo que causó estupor ya que se demostró que los tres jóvenes eran completamente inocentes, y que las familias aún tienen grabado a fuego en el alma. “Fueron condenas irrisorias y ni siquiera las cumplieron, dice Francisco Javier Mañas. En efecto, Castillo Quero logró el tercer grado en 1988 y salió en libertad condicional en 1992, con lo que estuvo 11 años en prisión, dos de ellos en régimen abierto. Murió libre, de muerte natural, en 1994. Gómez Torres estuvo en la cárcel siete años y Fernández Llamas no llegó a cinco.

“Para nada se ha hecho justicia. 34 años después no se ha hecho justicia”, dice Mañas, quien revela que recientemente la familia ha recibido una llamada reveladora: “Nos dicen que el Estado o instituciones de la Guardia Civil les dieron dinero a los guardias civiles que condenaron para callarles, para que no contaran nada. Les dieron hasta una vivienda aquí en Almería, en San José, en una urbanización junto al mar. Les dieron viviendas y dinero para que callasen”.

También Socorro Montero insiste en que no se ha hecho justicia. “¡Qué se va a hacer justicia, si no se sabe la verdad! ¿Hay derecho a esto?”, repite.

Quieren, exigen, la verdad. “Parece que alguien quiere hablar pero no se atreve. Nosotros lo que pedimos es que alguien de las personas que participaron y que están en libertad hablen y cuenten lo que sepan. Es lo menos que pueden hacer después de 34 años”, insiste el hermano de Juan Mañas, que asegura no haber perdido la esperanza. Socorro también pide “que hablen”, pero es pesimista. “No se va a saber la verdad, yo no tengo esperanza. El que habla no da ni nombres, eso no se sabrá nunca. Lo saben ellos, los que lo hicieron”.

¿En estos años han recibido algún reconocimiento, el calor de las instituciones, del Gobierno...?

-De nadie. ¿Sabes lo que es de nadie? Pues de nadie, de-na-di-e.

Francisco Javier Mañas responde a la misma pregunta:

-Para nada. El Gobierno, desde que ocurrieron los hechos, con nosotros no se ha portado nada bien, nunca hemos tenido una disculpa oficial, siempre ha callado e incluso lo que ha hecho ha sido proteger a los guardias civiles que estuvieron asesinando a mi hermano y a sus compañeros. Yo echo mucho de menos una disculpa oficial por parte del Estado a día de hoy”.

Por tres veces, las familias han pedido ser reconocidas como víctimas del terrorismo. Las tres veces se les ha denegado.

Por cierto, de haber sido vascos los tres jóvenes e incluso de haber pertenecido a ETA, también hubieran sido víctimas inocentes de un régimen genocida heredero de un reino que se ha conducido violentamente en contra de otros pueblos y naciones desde hace por lo menos 600 años.

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