El "Verano del Cambio"

En este texto publicado en Rebelión nos presentan un balance del verano en el que el gobierno de Juan Carlos Borbón aprovechando la imposición del Francisco Javier López al electorado de la CAV se dedicó a hostigar a la sociedad vasca con total impunidad y ante la silente complicidad de la comunidad internacional:

Un verano de fiestas con antidisturbios y porrazos

Jara Calvo

El nuevo lehendakari afirmó que “estamos en el tiempo de la concertación permanente”, sin embargo las cargas policiales se han repetido en pueblos y ciudades vascas.

Quinientos mil euros es el presupuesto que el nuevo Gobierno vasco ha anunciado va a aportar para que los ayuntamientos continúen retirando las pancartas, carteles y pintadas que, según el ejecutivo, dan “apoyo, justificación o amparo de la violencia terrorista”. Ésta es una prueba más de la importancia que la nueva administración autonómica concede a su campaña de “tolerancia cero”.

Una campaña tanto autonómica como estatal. Si durante todo el verano la policía autonómica ha irrumpido en los recintos festivos de pueblos y ciudades vascas por orden de la Consejería de Interior para arrancar carteles y fotos de presos, por su parte la Audiencia Nacional ha prohibido actos incluidos en los programas de las fiestas, como pregones o pasacalles, que hasta ahora habían venido desarrollándose con normalidad.

Un cambio de actitud que, según el abogado Julen Arzuaga, de Behatokia, observatorio de derechos humanos de Euskal Herria, achaca a que “el término terrorismo se ha extendido para criminalizar actividades transparentes y pacíficas”.

Hace unos meses Patxi López, actual lehendakari del Gobierno vasco, afirmaba en su Propuesta para el diálogo y la convivencia en Euskadi, publicada en su blog, que la sociedad vasca quiere “un futuro compartido y no un futuro en el que la mitad de esta sociedad esté excluida”.

También recalcaba que “no estamos en el tiempo de la confrontación permanente. Estamos en el tiempo de la concertación permanente”. Sin embargo, en agosto, estas intenciones dieron paso a declaraciones de otro tipo: “La calle es el espacio de la libertad y la convivencia, y por eso los ciudadanos pacíficos y con ganas de diversión vamos a demostrar que la calle es nuestra”. El 5 de agosto, en el principal acto institucional al inicio de las fiestas de Gasteiz remachaba: “Va a ser una dura batalla pero la vamos a ganar”. Después, las noticias sobre los incidentes acaecidos en gran parte de las fiestas de la comunidad autónoma vasca y de Navarra se volvieron casi diarias.

Cambio de marco legal

En este nuevo escenario, la Audiencia Nacional prohibió, en agosto, por ejemplo, el pregón de las fiestas de Gernika que iba a ser protagonizado por el Gernika Rugby Club, porque esta agrupación había invitado a participar a Etxerat, una asociación de familiares de presos vascos. También vetó un pasacalles vespertino y festivo en solidaridad con los presos del pueblo. La Ertzaintza cargó violentamente para disolver el acto, dejando 20 heridos y cuatro detenidos.

Una actuación policial que fue duramente criticada por el alcalde de Gernika, José M. Gorroño (Eusko Alkartasuna), que la consideró un “exceso” cometido en “un recinto festivo lleno de personas de todas las edades, que estaban tranquilamente celebrando las fiestas”. Ante las declaraciones del alcalde, el departamento de Interior del Gobierno vasco argumentó que los responsables eran “quienes no cumplen la ley, no acatan las disposiciones legales y realizan actos ilegales”.

Este tipo de actuaciones policiales son las que provocaron, según la izquierda abertzale de Villabona, la muerte de Remi Ayestarán, un concejal de ANV que falleció de un infarto tras la entrada, en el recinto festivo del pueblo, de la Ertzaintza que, supuestamente, le hostigó.

Las cargas policiales y los incidentes se han repetido en pueblos y ciudades. Así en Tafalla (Navarra), la Guardia Civil entró en dos bares momentos antes del chupinazo. O las cargas acaecidas en las fiestas de Donosti. La intervención policial se produjo después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, prohibiese dos manifestaciones y cuando cientos de personas, la mayor parte de avanzada edad, al igual que en otras ocasiones, marchasen por las calles de la ciudad en silencio, portando las fotografías de familiares y amigos presos.

Julen Arzuaga critica duramente la actitud judicial de veto hacia unos actos que se han celebrado de forma similar durante años y sin ningún impedimento. “Hay un principio básico en derecho que es el de seguridad jurídica, es decir, el ciudadano debe saber en todo momento qué hecho es delictivo y cuál no, qué está amparado por la ley en el ejercicio libre de derechos civiles o políticos. Es precisamente uno de los principios que dota a un Estado de derecho de tal categoría, que le hace democrático. Y cuando estos límites se desdibujan estamos ante otra cosa”. Y respecto a las prohibiciones de carteles con fotos de presos vascos se pregunta: “Si realmente fuera un delito, ¿no tendrían que llevar al límite su persecución? ¿Se podría perseguir también a los clientes de esos bares que recuerdan a los presos por desobediencia, o incluso por colaboración en un delito de enaltecimiento?”. Y concluye: “En este exceso en la interpretación de lo que resulta delictivo, lo que hace años nos hubiera parecido absurdo, ahora ya no tiene límites o tiene los que le parezcan oportunos al responsable de Interior de turno”.

Colgar fotos de los presos y presas de la localidad en los recintos festivos es, según Marta Pérez, de la comparsa bilbaína de Kobeta Mendi, “una expresión de cariño. Estamos hablando de nuestros comparseros y comparseras que no pueden estar en Aste Nagusia como han estado otros años y que se encuentran a cientos de kilómetros de sus familias y amigos. Es una muestra de solidaridad, con ellos y sus allegados”. En Bilbo, la Ertzaintza, además de cargar contra una manifestación que había sido prohibida, entró, como ya había sucedido en otras ocasiones, en el recinto de txoznas para retirar pancartas y fotos. Una entrada que según Pérez, se efectuó “sin ninguna orden en la mano, sin ningún auto que diga que esto es ilegal. Para las comparsas es importante remarcar que no estamos hablando de ninguna ilegalidad, sino de operaciones políticas. Somos utilizados, porque en verano la noticia está en las fiestas”. Y remacha: “¿Dónde está el auto de un juez que diga por escrito que, efectivamente, poner fotos es ilegal? No existe. Entre otras cosas, porque ya les costará vestir la solidaridad de ilegalidad”. De hecho en estas fiestas, la presencia de carteles de apoyo a los presos vascos, tanto en el recinto festivo como en el Casco Viejo de Bilbao fue masiva.

Los homenajes a presos fueron también analizados por el Observatorio Social del Proceso de Paz, impulsado por Lokarri, la Red Ciudadana por el Acuerdo, la Consulta y la Reconciliación. En un informe hecho en la primavera de este año en base a un cuestionario realizado a más de 700 personas y tras organizar grupos de discusión locales de observación del proceso de paz, apreciaron que el 41% de las personas preguntadas consideraban que este tipo de homenajes son legítimos si no incitan a la violencia. Un 36% valoró que son “inadecuados”, ya que “provocan un malestar social y pueden ser una afrenta por las víctimas que han causado”. Finalmente un 21% de las respuestas considera que tienen el derecho a realizar los actos de homenaje porque “no se puede privar [a los presos vascos] del cariño de familiares y amigos y es un hecho que entra dentro de la libertad de expresión”.

“Vuelta al pasado”

Respecto de los acontecimientos de este verano, Paul Rios, coordinador de Lokarri, Red Ciudadana por el Acuerdo, la Consulta y la Reconciliación, afirma que “nuestra sensación es que estamos volviendo al pasado. Por un lado, una nueva ofensiva de ETA con su estrategia de seguir apostando por la lucha armada y por otro, una lucha antiterrorista que toma atajos. Tras la deslegitimación de la violencia de ETA se cuelan medidas que suponen un recorte de los derechos humanos. Como, por ejemplo, cuando una reivindicación legítima como es el acercamiento de los presos se ha ligado al terrorismo”.

Pintadas y amenazas fascistas

“Vergonzoso”. Así califica Marta Pérez, de la comparsa bilbaína de Kobeta Mendi, el hecho de que la txupinera de las fiestas de Bilbao, que todos los años es elegida por las comparsas, haya sufrido una campaña en su contra por ser la hermana de un preso. Una campaña en la que llegó a recibir una carta con una bala junto a su foto. Este tipo de actuaciones han sido también protagonistas este verano, aunque con mucho menos reflejo mediático. El Ayuntamiento de Arbizu (Navarra), gobernado por ANV, amaneció lleno de pintadas con el símbolo falangista del yugo y las flechas y amenazas a concejales y alcalde. Estas pintadas se han repetido también en monumentos que recuerdan y homenajean a presos del franquismo, como los del fuerte Ezkaba o en la placa en recuerdo a los fusilados de la Guerra Civil en el cementerio de Aizoáin. Algunos de estos monumentos incluso han sido tiroteados. Además, han aparecido pintadas similares en bares señalados por su solidaridad con los presos vascos. La asociación de víctimas del Franquismo Ahaztuak 1936- 1977 ha denunciado su “total impunidad”. El 28 de agosto en el municipio gipuzkoano de Tolosa aparecieron pintadas fascistas en las tumbas de Lasa y Zabala brutalmente asesinados por los GAL en 1983.

No podía faltar un merolico como Paul Rios que ante la embestida represiva por parte del régimen español adopta la "equidistancia" y culpa a partes iguales a ETA. Lo que es no tener ni la más mínima idea de lo que significa abogar por los derechos humanos de un pueblo en resistencia.

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