El Verano de la Bilis

Este texto ha sido publicado en Gara:

Julen Arzuaga | Giza eskubideen Behatokia

La ceremonia de la bilis

Arzuaga analiza en este artículo las características centrales de la campaña que ha emprendido Lakua contra las imágenes de los presos, así como sus dimensiones jurídica, política y social. El jurista destaca entre esas características la inseguridad jurídica que le precede y que a su vez genera, su objetivo ejemplarizante y propagandístico, así como la doble vara de medir que supone. Todo ello con el objetivo de legitimar un modelo sociopolítico en crisis, basado en el adocenamiento masivo y temeroso de una concepción política emancipadora.

Zhou Daguan, diplomático chino, pasó un año de finales del siglo XIII en la ciudad perdida de Angkor, capital de la civilización jemer en Camboya. En sus escritos describía una siniestra práctica de sacrificios humanos en los cuales se extraía la bilis de la víctima para elaborar un bebedizo que, supuestamente, infundía coraje a quien lo tomaba.

Este verano hemos asistido, como espectadores o afectados, a una escalada verbal activada por presuntas autoridades, eventuales dignatarios públicos, periodistas-propagandistas, operadores de la manipulación de la opinión, todos ellos convertidos hoy en maestros de ceremonias del sacrificio de la bilis. La orquesta de vociferantes se debe esforzar en buscar nuevas figuras retóricas y formulas estilísticas -por cierto, carentes de todo estilo- para intentar decir algo diferente con el discurso de siempre. A la hora de referirse a su oponente o crítico -ahora ya cosificado, desprovisto de caracteres humanos, terrorista compulsivo o amigo de terroristas- se ha esgrimido toda una caterva de insultos y descalificaciones: consideran que las fotos de presos «ofenden», sienten «asco» por ellos y «desprecio» por sus familiares... Ese rollo faltón, tan ultra, que ahora tanto se lleva.

Así, con el nuevo discurso, desaparecen aquellos conceptos -tolerancia, convivencia, respeto al pluralismo, incluso la famosa transversalidad- que antes dulcificaban su mensaje. El nuevo estilo zafio de expresarse y hacer política, que sustituye la propuesta de soluciones por el ardor guerrero del insulto, se ha convertido en la etiqueta del cambio. Y esa necesidad de recurrir al improperio altisonante evidencia que el monólogo de la condena y la apología de la persecución constante al «terrorismo y sus tentáculos» aparecen absolutamente agotados. Porque es imposible darle aire fresco, porque al negarse otras alternativas de solución, el discurso es agua estancada, apesta.

Aún así, este verano se ha querido reinventar la matraca por enésima vez, escogiendo como campo de batalla el espacio reivindicativo que históricamente suponen las fiestas populares en Euskal Herria y utilizando como ariete un cuerpo policial que ha demostrado que, a cambio de un suculento jornal, está dispuesto a todo. Una nueva promoción de 260 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar los 8.000 números, parece ser la única medida para generar empleo que se espera de Lakua.

Se ha puesto en marcha una nueva crisis iconoclasta: imágenes sí o no. El recorrido de la interpretación que Ares y López fabrican sobre el delito de enaltecimiento, ante el mero hecho de portar o colocar en una pared la imagen de una persona presa, se verá en la capacidad que tenga la Audiencia Nacional para evacuar por su estrecho desagüe los cientos de casos que se pongan ante ella. El tribunal especial tendrá que cuestionarse sobre la idoneidad del hecho de portar una imagen de un encarcelado para subvertir el orden constitucional español, presupuesto base de los delitos de terrorismo que le toca conocer. Débil orden constitucional que se tambalea con una foto. No sé si, como en tantos aspectos, improvisan o ya tienen algo atado con los jueces, para convertir en castigos lo que hasta ahora solo es represión policial pura y dura. Lamentablemente, estamos ya acostumbrados a que sean ministerios y consejerías de Interior las que dicten qué hechos son delictivos y cuales no.

Primer elemento, pues, la falta de seguridad jurídica--conocer qué hecho es punible y cual tolerado- en la utilización de este tipo penal del que nadie, ni ellos, conoce sus contornos: ¿recibir la furgoneta de tu sobrina en tu pueblo es delito, pero si es tu hija y estas en Soto -no quiero dar ideas- ya no? ¿Llevar una pegatina con una foto de tu colega es un hecho criminal, pero poner un cartel con el lema «presoak etxera» no lo es? ¿Se recoge en el atestado la identidad del preso para saber si todavía no ha sido juzgado y por ello, acreedor de la presunción de inocencia?... Preguntas que apuntan a la arbitrariedad más absoluta.

Pero hay un segundo elemento de la campaña veraniega: su función ejemplarizante, y por ello, propagandística. Como no se puede llegar a erradicar la presencia de la reivindicación a favor de los presos políticos, se hacen catas a quienes aplicar el castigo, se elegirá a algunos para que el mensaje tenga efecto en otros. ¡Veamos si por medio de la censura selectiva, el resto de delincuentes en potencia se autocensuran de forma voluntaria! Pero ya han ofrecido muestras de que no dan abasto. Ante la imposibilidad de llegar a todos los bares y establecimientos en los que se recuerda a los presos, el consejero Ares hace un llamamiento para que no se entre en ellos. Si realmente fuera un delito dicha presencia fotográfica, ¿no tendría que llevar al límite su persecución? ¿cuántos efectivos necesitaría? ¿se podría detener también a los clientes de esos bares por desobediencia, o incluso inventarán el tipo de «colaboración para el enaltecimiento»? Nuevo salto: la interpretación de lo que resulta delictivo y qué no en base a la capacidad operativa del responsable de Interior de turno.

Esta batalla tiene, por fin, otro componente: el doble estándar, las dos varas de medir, el «para ti sí pero para mí no». El caso más claro es que se considera, no solo adecuado, sino imperativo, homenajear a las víctimas de la violencia ejercida por una organización extra-estatal, mientras que es delictivo recordar a aquellas víctimas de la violencia estatal. Otro ejemplo doloroso es lo ocurrido con Kontsuelo Agirrebarrena, condenada y recién recluida en Martutene por haber intentado agredir a una edil del PP en Lizartza. Sin embargo, ¿en qué situación se encuentra el agente de la Ertzaintza que hostigó a Remi Ayestaran, teniente alcalde de Villabona, hasta su muerte por un ataque al corazón? ¿Alguien piensa siquiera que se abrirá un expediente disciplinario para esclarecer los hechos?

Objetivo final: negar la crisis del modelo social y político que atravesamos por medio de la ocultación, criminalización y descalificación del oponente. El conflicto no aparece, ya, únicamente en términos de identidad nacional o de proyecto político. Es también un conflicto entre formas de entender la democracia, de participar en el ámbito público, de desarrollar aspiraciones sociales y políticas, incluso aquellas abiertamente opuestas a las que marcan las instituciones. El conflicto está entre diferentes culturas del ejercicio de la ciudadanía: una de ciudadanos inactivos, temerosos, espectadores frente a los que queremos estar presentes, ser conscientes.

Y para activar a aquellos dormidos, nuestros próceres tienen que ser innovadores, ocurrentes, provocativos, con un discurso de condena y persecución constante que busca mantener el coraje dentro de su propia parroquia, pero que deviene en meros esputos de bilis. Constatemos por ahora que los maestros de ceremonias de las instituciones actuales siguen sacrificando la legitimidad de su sistema político, pretendidamente democrático, para servir a sus ciudadanos-espectadores un trago de «saltaparapetos» que infunda ánimo, ya que soluciones, no les ofrecen.

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