Como era de esperarse, el gobierno "del cambio" a decidido desestimar el pedido por parte de Amnistía Internacional con respecto al régimen de incomunicación y lo hacen aduciendo con total cinismo que la legislación presente ya protege los derechos de los detenidos. Aquí la nota al respecto publicada en El Correo Digital:
Otra apuesta por el pasado de parte del equipo Basagoiti-López.
El Gobierno vasco rechaza revisar la incomunicación de los detenidos
PNV, Aralar, EA y EB pretendían impulsar la reforma de la ley actual
El Gobierno vasco rechazó ayer tomar en consideración una proposición de ley presentada por el PNV, Aralar, EA y EB para proteger «los derechos de las personas que se encuentran detenidas, retenidas o en dependencias policiales». El Ejecutivo considera en su argumentación que la actual legislación ya garantiza esos derechos y descarta la iniciativa de los partidos de la oposición, que tiene su origen en un informe de Amnistía Internacional que cuestiona la incomunicación de los arrestados.
En un comunicado, el Ejecutivo de Vitoria manifestó ayer que la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal es plenamente «garantista» de los derechos humanos de las personas detenidas en dependencias policiales y citó para apoyar su postura el artículo 520 de la norma. Ésta establece que la detención y la prisión provisional «deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio».
El antiguo tripartito y Aralar pretendían que se pusiera fin a los períodos de incomunicación de los arrestados, tal y como exige el último informe de Amnistía Internacional, que ve «inadmisible» que en España una persona detenida «pueda desaparecer durante días como tragada por un agujero negro». Los grupos nacionalistas y EB se adhirieron ayer a través de una nota conjunta de sus grupos parlamentarios al documento hecho público por la organización pro derechos humanos y lamentaron que precisamente en este momento el Ejecutivo de López -a su juicio, haciendo «seguidismo» del Gobierno central-, haya rechazado tomar en consideración la reforma de la ley que demandaban.
PNV, Aralar, EA y EB exigían además que se instalasen equipos de grabación en todas las comisarías «para poner fin a los espacios de impunidad y evitar posibles casos de tortura», según recalcaron ayer, o que al menos el Parlamento vasco obligase al Congreso de los Diputados a debatir la modificación de la ley. «Están en entredicho derechos humanos básicos y el fortalecimiento, o debilitamiento, de la democracia», advirtieron.
En la iniciativa se planteaba recoger en la norma un párrafo que aludiese a que «las autoridades responsables de la custodia de la persona detenida realizarán las grabaciones en los locales de detención, de forma que se compatibilice la garantía de sus derechos fundamentales e intimidad, así como la seguridad de los funcionarios intervinientes». Además se proponía la derogación de dos artículos más de la ley.
Otra apuesta por el pasado de parte del equipo Basagoiti-López.
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