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viernes, 27 de septiembre de 2019

No Alejar a Zulueta y a Enparantza

Desde Naiz traemos a ustedes esta actualización con respecto a los 47ak, en específico, con respecto a sus dos integrantes que, como consecuencia del acuerdo, sí contemplan la posibilidad de regresar a las celdas del régimen.

Lean ustedes:


Todos los grupos municipales en el Consistorio bilbaino, a excepción del PP, han apoyado una iniciativa en la que se pide no aplicar el régimen de alejamiento a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, condenados por el macrosumario 11/13.

En el primer pleno de la legislatura, EH Bildu ha presentado una moción en relación a los 47 encausados por el macrosumario 11/13, registrada antes de conocerse el acuerdo en la Audiencia Nacional española.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación apoyada por PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, en la que el Pleno, en relación a la sentencia dictada, «apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los principales de reinserción y resocialización de las mismas, solicita que, dentro del nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, se evite un cumplimiento de las penas privativas de prisión lejos de los lugares de arraigo social y familiar, con aplicación de la legalidad vigente en relación a la libertad condicional, permisos y grados».

En su intervención, la portavoz de EH Bildu, Jone Goirizelaia, ha afirmado que «nunca los encausados y sus defensores pensaron que un juicio en la Audiencia para hacer justicia», porque la AN «no deja de ser un tribunal excepcional que en muchos casos ha condicionado la vida de Euskal Herria».

No obstante, ha considerado que «en algún momento habrá que hablar de memoria, de reconocimiento del sufrimiento, sufrido por todas las personas, y del daño causado y eso lo tendremos hacer entre todos, con respeto y diálogo».

Carmen Muñoz ha subrayado que, para Elkarrekin Podemos, «este apoyo a personas presas no es apoyar sus actos y mucho menos colaborar de alguna manera en su mantenimiento».

Tras afirmar que «este tipo de macrocausas judiciales, son propias de otros tiempos» y reiterar que «en todos los casos, absolutamente en todos, debe garantizarse de forma escrupulosa el derecho a un juicio justo y con garantías para las personas encausadas», ha insistido en que, en este caso, «las penas se ajustan a las responsabilidades declaradas».

«Lo decimos con rotundidad. Esa política de alejamiento y trato no humanitario tampoco era justificable cuando ETA asesinaba y lo es menos hoy que ya no lo hace», ha manifestado Muñoz.

El PP se queda solo

La portavoz del PP, Raquel González, ha dicho que le llamaba la atención la postura de algunos grupos. «De Bildu no nos sorprende, tampoco del PNV, pero sí nos sorprende el apoyo del PSE, que apoya gustoso una propuesta de acuerdo vergonzosa», ha censurado.

Desdel PSE, Alfonso Gil ha defendido el acuerdo suscrito. Tras considerar que este macrojuicio parecía «fuera de tiempo porque, entre otras cosas, ETA acabó y parece extraño que se juzgue a personas por pertenencia a una ETA que hoy no existe», ha destacado que el Estado español «lleva manteniendo una política penitenciaria plenamente legal, expresamente avalada por el TDHE», que «puede ser distinta con la misma legalidad, sin tener que cambiar ninguna ley, atendiendo a las circunstancias».

Por último, en contestación a la portavoz del PP, ha dicho que él puede «asumir y escuchar cualquier cosa en política, pero no me va a decir usted a mí que no soy sensible con las víctimas del terrorismo, entre otras cuestiones porque hemos compartido trincheras».

No obstante, Gil ha lamentado que el PP ha entrado «en unas vías absolutamente inabordables». «Quieren hacer de esto un campo de batalla para destrozar la convivencia, y ahí no nos van a encontrar», ha reprochado a González, para advertir al PP de que «el odio no trae más que fracaso y enfrentamiento estéril».

La portavoz del PNV, Nekane Alonso, ha defendido que las penas se deben cumplir en cárceles cercanas al domicilio, y ha indicado que en la iniciativa acordada se solicita que «se cumpla la ley, ni más ni menos, para evitar el desarraigo conforme a los principios de reinserción y resocialización».

«De lo que se trata es de apostar por la convivencia y el respeto de los derechos humanos de todas de las personas, y del cumplimiento de la ley penitenciaria, sin olvidarnos nunca de todas las víctimas de la violencia que, desgraciadamente y durante muchos años, hemos padecido y sufrido en este país», ha concluido la jeltzale.






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