La Insumisión Navarra

Desde las páginas de Noticias de Navarra traemos a ustedes este reportaje acerca de uno de los periodos más trascendentales en la historia reciente de Nafarroa:

El movimiento de la insumisión en Navarra (I): El verano caliente del 93

Navarra fue desde el principio el epicentro del movimiento de objección de conciencia e insumisión tanto en compromiso juvenil como en respuesta social y represión policial o judicial.

Pedro Oliver Olmo | Fotografía Patxi Cascante

Un año después de haberse iniciado la campaña de insumisión comenzó a certificarse su impacto político y su éxito social en todo el territorio estatal, y más aún en el País Vasco y Navarra. La intensa actividad desplegada por los colectivos antimilitaristas navarros (KEM-MOC, Kakitzat y GAS) iba ya acompañada de la creación de otros colectivos de insumisión en barrios y pueblos, a veces con una identidad autónoma respecto de los colectivos centrales del movimiento antimilitarista. Desde principios de la década, entre contradicciones y polémicas, se iría notando también la incorporación de la izquierda abertzale a un movimiento que se agrandaba.

En marzo de 1990, mientras que el KEM-MOC destacaba ante la prensa navarra el fracaso político que suponía para la imposición de la milila “no represión fuerte del Gobierno”, Kakitzat conseguía llenar el Pabellón Anaitasuna con un concierto de Tahúres Zurdos, Reincidentes y La Polla Records. La insumisión daba muestras de ser ya todo un fenómeno social y cultural que se extendía. La represión efectiva (aunque minoritaria y selectiva) suponía un alto coste político para el Gobierno. Cada juicio, cada acción frente al Gobierno Militar de Pamplona, cada detención y cada encarcelamiento, multiplicaban los apoyos sociales al movimiento insumiso. Y a todo ese impacto se unirá entre 1990 y 1991 el escándalo de los desertores de las corbetas que participaban en el conflicto del Golfo Pérsico.

En 1991 el Gobierno maniobró cambiando la Ley del Servicio Militar para poner fin a la mala imagen de los consejos de guerra. También comenzó la represión de los insumisos a la PSS. Para finales de 1992 estaban señalados más de 40 juicios en Pamplona. Navarra ya no iba a destacar por el elevado número de insumisos, también lo haría por la represión masiva de la insumisión. Si los señalados antes de la modificación de la ley del servicio militar eran condenados a 1 año, los “nuevos” tendrían que sufrir 2 años, 4 meses y 1 día. Pero los primeros, bajo el lema “o todos o ninguno”, rechazaron el beneficio legal “en solidaridad con sus compañeros”. Y así fue como la cárcel de Pamplona se fue llenando de insumisos: 28 había en junio de 1993, mientras que otros 15 estaban pendientes de ingreso.

En Pamplona, y ya por muchos lugares de Navarra, seguía extendiéndose el tejido de grupos, asambleas y coordinadoras de apoyo a la insumisión. En 1992 se había constituido Afoina, la asociación de familiares que potenciaría la presencia de la insumisión en la calle además de llevarla a las instituciones. Mientras continuaba la intensa actividad judicial contra los insumisos, se reduplicaban las acciones y protestas, los conciertos y las manifestaciones, las autoinculpaciones, las mociones institucionales, los posicionamientos de partidos y sindicatos, y, en fin, un gran ruido mediático que nunca amainaba. Era el verano caliente de la insumisión. Antes de San Fermín 93 una huelga de hambre de insumisos presos espoleó la protesta de manera persistente y multitudinaria. El eco del txupinazo alternativo hubo de escucharse en Madrid. Al término de las fiestas, casi 40 insumisos estaban encarcelados en Pamplona.

Mientras que la justicia navarra procedía con frenesí, las instituciones políticas forales empezaban a resentirse: la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento navarro solicitó reformas legales, UPN y PSN reconocieron la sensibilidad social mayoritaria hacia los insumisos y pidieron al Gobierno de España su excarcelación. Esto último incidía de manera controvertida dentro de un movimiento que estaba practicando la desobediencia civil no violenta y encaraba la represión carcelaria como una oportunidad para el cambio político. Distintas culturas políticas de varias generaciones vivas (las izquierdas antifranquistas, radicales, abertzales, los movimientos sociales, autónomos y libertarios) se retrataron en aquella tesitura. MOC y Kakitzat respondieron rechazando cualquier paliativo que no conllevara la abolición de la conscripción, una posición ciertamente difícil de asumir por los familiares de los represaliados.

Con todo, el movimiento insumiso demostraba haberse granjeado un gran afecto social, mientras se empezaba a hacer visible la crisis del sistema de reclutamiento. El Gobierno reconoció que estaba ante un problema de Estado. Faltaban reclutas en algunos cuarteles. Se admitía el fracaso de la PSS: a mediados de 1993, una inspección oficial determinó que “no había actividad” comprobable en el 25% de los casos. El ministro Belloch quiso atajar la crisis en agosto del 93 con un cambio en el Reglamento penitenciario, lo que suponía el pase al tercer grado de los insumisos presos. Intentaba transmitir la imagen de una (falsa) despenalización. Los insumisos presos abandonaron con sana satisfacción la prisión. Eran más de 50 insumisos los que debían presentar cartas de trabajo para justificar su pase al tercer grado, entre polémicas internas, amenazas institucionales e incumplimientos. Las organizaciones antimilitaristas calibraban la respuesta. Mientras tanto, continuaba aumentando el número de insumisos en la prisión pamplonesa que eran declarados en tercer grado con más o menos rapidez. La cifra causaba asombro. Se acercaba al centenar.

El movimiento antimilitarista contestó a nivel estatal con una estrategia radical pero coherente respecto de su trayectoria desde los años 70 y 80: si nunca aceptó ni castigos ni componendas que apuntalaran la conscripción, menos se aceptarían ahora, cuando la “puta mili” estaba en sus horas históricas más bajas. Otra vez el vértigo de la desobediencia. Habrá un antes y un después del primer “plante”.

La apuesta era arriesgada, aumentaba mucho el nivel de compromiso y renuncia del insumiso, y tenía pegas organizativas evidentes, como la disrupción funcional que provocaría la partición entre presos de segundo y de tercer grado. Sin embargo, el hecho de que en algunas prisiones quebrantaran la condena uno pocos insumisos presos, junto con el abultado número de los de Pamplona, iba a desencadenar un impacto profundo en la opinión pública del país y en la política de Estado. El fenómeno de la insumisión no quedó desactivado políticamente después del verano caliente del 93. Al contrario. El “plante” acrecentó la influencia de la desobediencia civil antimilitarista en la crisis final del sistema de reclutamiento.

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