Gasteiz y el 155 Catalán

Desde Naiz nos reportan este ejemplo de solidaridad internacionlista por parte de la CAV hacia el pueblo catalán y la Espada de Damocles que significa el artículo 155 de la Constitución Borbónico Franquista:

El Parlamento de Gasteiz pide derogar el 155 en Catalunya y libertad para los encarcelados

El PNV y el PSE, socios en el Gobierno de Lakua, han constatado sus diferencias sobre Catalunya y los jeltzales se han unido a EH Bildu y Elkarrekin Podemos para aprobar una iniciativa en la que el Parlamento de Gasteiz ha pedido la derogación del artículo 155 y la libertad para los encarcelados.

El pleno de la Cámara de Gasteiz, con los votos del PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha aprobado una enmienda en la que exige al Gobierno español y a los partidos políticos que apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya (PP, PSOE y Ciudadanos) que se derogue el mencionado artículo.

Además, el Parlamento ha reclamado la excarcelación de los miembros del anterior Govern en prisión, así como del que fuera dirigente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de JxCat Jordi Sànchez y del presidente del Òmniun Cultural, Jordi Cuixart, por considerar «injustificados» los cargos imputados y «absolutamente desproporcionadas las medidas aplicadas a los mismos».

Asimismo la Cámara ha instado al Gobierno de Madrid a que no ponga obstáculos a los candidatos que se presentaron a los comicios autonómicos «que están encarcelados o en el extranjero» para iniciar su trabajo institucional «siguiendo la voluntad expresada por la mayoría de catalanas en las elecciones».

Este debate ha sido impulsado en el Parlamento por EH Bildu, coalición que finalmente ha consensuado una enmienda transaccional con Elkarrekin Podemos que ha apoyado el PNV y que es la que ha salido adelante con los votos en contra del PSE y del PP.

El PP no ha registrado enmienda a la iniciativa original, mientras que el PSE, en la suya, pedían que el Parlamento reconociera la existencia en Catalunya de «un problema político y de convivencia» que debe ser resuelto por los representantes elegidos por los ciudadanos por un procedimiento de «negociación, pacto, tramitación y aprobación con el máximo consenso siguiendo las normas y procedimientos jurídico-legales vigentes».

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