¿Y la Malversación?

Recordemos que uno de los delitos enlistados por Pablo Llarena para emitir la euroorden en contra de los políticos catalanes asilados en Bélgica, Suiza y Escocia es la de malversación de fondos, o sea, que el gobierno catalán está acusado de haber invertido dinero de las arcas públicas en la realización del referendum del 1° de octubre.

Pues bien, con respecto a eso nos llega información desde las páginas de El Nacional:

Montoro admite que la Generalitat no destinó ni un euro al 1-O

El Gobierno ha entregado varios informes al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer, en los que se dice que la Generalitat no gastó dinero público en el referéndum del pasado 1 de octubre que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.

Entre esos informes está el de Natalia Garriga, directora de Servicios de la conselleria de la Vicepresidència y de Economia i Hisenda, que fue detenida el pasado 20 de septiembre en el marco de la Operación Anubis, llevada a cabo por la Guardia Civil, contra los organizadores del 1-O.

El juez había pedido el pasado 24 de noviembre al Gobierno, dado que es el actual responsable de la Generalitat de Catalunya en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le informara sobre los gastos en los que había incurrido el Ejecutivo catalán para llevar a cabo el citado referéndum.

El Gobierno de Rajoy ha tardado más de dos meses en enviar la primera respuesta al Juzgado, ya que la Delegación del Gobierno en Catalunya no dio traslado de la petición del juez hasta mes y medio después de haberla recibido.

La remitió a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, según consta en el escrito enviado al juez por la citada Delegación, al que ha tenido acceso Europa Press, y ésta, a su vez, a los Ministerios de Hacienda, del Interior y de Presidencia del Gobierno.

El Gobierno tarda más de dos meses en responder

El Ejecutivo pidió informes a Natàlia Garriga y a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella. Finalmente, el Gobierno de Rajoy envió el pasado 29 de enero al Juzgado los informes de ambas.

Natàlia Garriga, autora del primero de los informes, fue detenida el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en el marco de la Operación Anubis.

En aquel momento resultaron detenidas 14 personas, entre ellos, varios cargos de la Generalitat, acusados de participar en la organización del referéndum.

Además, ese día y en respuesta a la orden judicial, se produjo una concentración de unas 40.000 personas ante el Departament d'Economia mientras la comitiva judicial registraba la sede.

Pues bien, el primero de los informes que remite el Gobierno es el realizado por Natàlia Garriga a petición de la directora general de Política Interior del Ministerio del Interior.

En este documento, Garriga acredita que desde su Dirección de Servicios no se ha tramitado ningún expediente de gasto para financiar la organización "de la consulta del 1 de octubre del 2017".

A lo largo de cuatro folios expone que "por imperativo" del Tribunal Constitucional no se realizó ninguna disposición de las partidas presupuestadas en su departamento para el 1-O y cita los 5 millones previstos para procesos electorales y consultas populares y otros 800.000 euros para procesos electorales y participación ciudadana.

El Gobierno gastó lo presupuestado para el 1-O el 21-D

Además alega que el Gobierno utilizó los 5 millones presupuestados y bloqueados por el TC para las elecciones autonómicas que tuvieron lugar en Catalunya el pasado 21 de diciembre.

De hecho, en la respuesta se incluye el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba un gasto de 25 millones para los comicios catalanes, de los que se preveía gastar 17,3 millones de euros en 2017.

En el citado acuerdo del Gobierno, firmado por Cristóbal Montoro, se explica que se aprueba una modificación presupuestaria de 12,3 millones de euros ya que había otros 5 millones previstos en las cuentas de la Generalitat.

Garriga recuerda también en su respuesta un informe de la Generalitat a requerimiento del director general de la Asesoría Jurídica de vicepresidencia del Gobierno autonómico realizado el pasado 17 de noviembre y que ya había sido remitido al Juzgado.

Este documento, que se incluye, recogía las respuestas de todos los directores de servicio de los distintos departamentos de la Generalitat en los que se acreditaba que no se habían destinado ninguna partida presupuestaria para el 1-O.

El citado informe va firmado por Pere Aragonés, secretario en funciones del Departament d'Economia, y mencionado en la agenda del proceso soberanista realizada por Josep Maria Jové, como una de las personas que participan en las reuniones.

Precisamente ese informe negando cualquier gasto por parte de la Generalitat, junto con los informes de la Guardia Civil en los que se advertía de la opacidad de esa administración autonómica, fueron los que motivaron que el Juzgado de Instrucción número 13 se dirigiera al gobierno de Mariano Rajoy para pedirle que le informara sobre el gasto real de dinero público en que había incurrido el gobierno catalán para llevar a cabo el referéndum.

La interventora niega gastos en el 1-O

El Gobierno también acompaña su respuesta de otro informe de la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, en el que informa que no le consta ningún expediente de gasto con cargo al programa 132 del Presupuesto de la Generalitat para consultas populares y que fue bloqueado por orden del Tribunal Constitucional.

Y añade que no le consta expediente alguno al respecto ni presupuestario ni extrapresupuestario en ninguna de las fases contables que haya destinado al proceso refrendario.

Las únicas obligaciones de pago reconocidas que admite la interventora son dos gastos de 19.366.68 y 6.154,66 realizadas por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para mantenimiento "ordinario y evolutivo" de programas ya existentes desde hace años en el Departament de Governació, Administració Pública i Habitatge.

En su informe precisa que una vez analizados los dos expedientes considera que "no contravienen el ordenamiento jurídico vigente ni la resolución del Tribunal Constitucional".

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