A pocas semanas de que se cumpla el aniversario del montaje político-policíaco en contra de los habitantes de Altsasu, en Gara se ha publicado este artículo que nos habla acerca de una peculiaridad muy particular en el asunto.
Lean ustedes:
La excepcionalidad de los 375 años de cárcel pedidos para ocho jóvenes de Altsasu queda de máximo relieve con los datos del Ministerio del Interior. En ese 2016 hubo en el total del Estado 9.571 casos incardinables como «atentado a la autoridad» con 8.364 detenidos, la gran mayoría en zonas de ocio nocturno. Solo en Sakana se aplica «terrorismo»...Ramón SolaCada día en el Estado español se registran por término medio 26 casos de «atentado contra la autoridad, sus agentes o funcionarios». Los datos son oficiales; los ha aportado al Senado el Ministerio del Interior español, respondiendo a una interpelación de Jon Iñarritu (EH Bildu). En total suman 9.571 episodios durante 2016, un auténtico océano en el que la riña de octubre en Altsasu solo sería una gota de agua… si no fuera porque ha desencadenado encarcelamientos (tres detenidos siguen presos) y una petición fiscal total de 375 años de cárcel para ocho jóvenes (con 62 reclamados para uno de ellos y 50 para la mayoría).Estos números revelan la absoluta excepcionalidad y desproporción del baremo aplicado en Sakana. Si todos los casos hubieran sido tratados con la misma vara de medir, incluso la población carcelaria en el Estado –ya un 32% superior a la media europea– se dispararía, puesto que en la actualidad hay 61.000 reclusos y los detenidos el pasado año por este tipo de hechos fueron 8.364.La diferencia estriba en que solo en el caso de Altsasu se ha aplicado la tipificación de «terrorismo», que deberá probarse en un juicio en la Audiencia Nacional. El Juzgado de Iruñea defendió su competencia, con lo que en el peor de los casos el tema hubiera sido tratado como «atentado», pero el Supremo determinó que quedara en manos de la AN. Así las cosas, es posible que el tema de Altsasu ni siquiera esté incluido en este recuento de Interior.Los datos del cuadro adjunto emanan de una pregunta trasladada al Ministerio por el senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, en el pasado mes de mayo. Formuló tres interrogantes: «Cuántas agresiones se han producido contra agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en los últimos diez años (por provincias y año)», «qué resultado tuvieron esas agresiones y cuántos agentes resultaron lesionados y con qué tipo de lesiones», y «cuántas personas fueron detenidas por esos hechos y qué delitos se les imputó a cada una de ellas».La respuesta llegó anteayer. El ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido precisa que no tiene información desglosada por cuerpos policiales y tampoco responde a lo relativo a las lesiones, pero sí al primer y al tercer interrogantes. Y los datos no pueden ser más elocuentes sobre la frecuencia de hechos como los ocurridos en Altsasu.12.210 en 2011El volumen del año anterior, por cierto, no supone una excepción sino la norma habitual. De hecho, la cifra va ligeramente en descenso desde los 12.210 episodios computados en 2011. Algo similar ocurre con el número de arrestos por estos hechos, que en aquel año alcanzaron 12.735 y ahora han bajado a 8.364.Analizando las tablas consiguientes, llama la atención que las agresiones en la CAV y en Catalunya presentan un número sensiblemente inferior al del resto, lo que en gran parte debe obedecer a la menor presencia en estos dos territorios de Policía española y Guardia Civil en favor de Ertzaintza y Mossos d’Esquadra. Así, en 2016 en Araba solo se detectó un caso, en Bizkaia cuatro y en Gipuzkoa cinco por lo que respecta a Euskal Herria, y en Lleida 3, en Tarragona 3, en Girona 9 y en Barcelona 13 por lo que atañe a las provincias catalanas.En Nafarroa, donde la presencia de Policía española y Guardia Civil es mucho más alta por el menor despliegue de la Policía Foral, la cifra sube a 59. Son menos, en cualquier caso, que provincias cercanas como La Rioja (64), Cantabria (103) o Zaragoza (218). Y sin comparación posible con los 2.564 casos de Madrid o los 416 de Sevilla.Más ocio, más altercadosMirando con más detalle, se concluye fácilmente que estos «atentados a la autoridad» proliferan muchísimo en las zonas turísticas y con ambiente de noche, lo que les acerca a lo ocurrido realmente en Altsasu, donde el altercado se desarrolló en un bar a las 5.00 de la madrugada y en plenas ferias de octubre.Así, fijándose exclusivamente en los datos de 2016, se aprecia que en provincias habituales de veraneo la cifra de incidentes con las FSE siempre resulta particularmente elevada (692 casos en Alacant, 654 en Valencia, 448 en Málaga, 398 en Cádiz o 309 en Las Palmas). Y en los sitios en que el turismo y el ocio nocturno tienen escaso peso, por contra, desciende hasta extremos casi inexistentes: 10 en Soria, 16 en Palencia, 23 en Teruel, 30 en Zamora…Aunque la inexistencia de datos sobre altercados con la Ertzaintza distorsione obviamente el cuadro general, Euskal Herria no parece un lugar especialmente conflictivo en este ranking. Sumando los casos computados el pasado año en la CAV, con una población total de 2,1 millones de habitantes, salen diez, que son tantos como en Soria, donde no viven más que 90.000 personas. Por lo que respecta a Nafarroa, cuya fotografía es más precisa por lo ya citado, sus 59 episodios de 2016 están por debajo de los 75 de Albacete o los 77 de Burgos y Huelva, provincias con menos volumen de población.
En Naiz complementan la denuncia de esta excepcionalidad con este comentario editorial:
Miles de agresiones a las FSE, solo una «terrorista»
El próximo 15 de octubre se cumplirá un año desde que una pelea a altas horas de la noche en Altsasu acabase con el tobillo de un guardia civil roto. Hechos por los que tres jóvenes permanecen en prisión y por el que un total de ocho altsasuarras están imputados en la Audiencia Nacional española, enfrentando peticiones fiscales que suman un total de 375 años.
El escándalo no es nuevo, pero cuantos más elementos comparativos afloran, más crudo se muestra el despropósito del montaje construido en Altsasu. Es lo que ocurre con los datos del propio Ministerio del Interior español, según los cuales en todo el Estado hubo 8.364 detenciones por «atentado a la autoridad, sus agentes o sus funcionarios públicos» solo durante el año 2016. El número de casos registrados es todavía mayor: 9.571. Es decir, durante el año pasado se denunciaron de media 26 casos de «atentados a la autoridad» al día. Y si bien no hay que olvidar que la existencia de la Ertzaintza y la Policía Foral condiciona las cifras, cabe destacar que el índice de agresiones a las FSE es notablemente inferior en Hego Euskal Herria que en muchos otros territorios del Estado.
Y sin embargo, solo el caso de Altsasu –a pesar de que el juzgado de Iruñea defendió su competencia– ha saltado a la AN bajo el siempre indefinido capote de la legislación «antiterrorista». Manoseado, pervertido y estirado como un chicle hasta límites insospechados, el concepto de «terrorismo» y toda su arquitectura jurídico-mediática se han convertido en cajón de sastre para abordar cualquier conflicto surgido en Euskal Herria. También en freno al nuevo tiempo abierto en este país tras la decisión de ETA de dejar las armas. Aplicar la legislación antiterrorista –y desatar toda la cadena de sufrimientos que genera– a un caso tan ordinario y común como el de Altsasu no es, en definitiva, sino la mayor (y más dolorosa) muestra de la cerrazón y la ceguera de determinados estamentos estatales que, sin duda, vivían más cómodos en el ciclo anterior.
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