No deja de ser paradójico que el funcionario borbónico franquista a cargo de subir el volumen al lenguaje de odio con el que el régimen está caracterizando su reacción ante el empuje del soberanismo catalán se apellide, precisamente, Catalá.
Lean ustedes este artículo publicado en Gara con respecto a el inminente juicio a los tres políticos catalanes que hicieron lo que cualquier democracia exige que se haga, respetar la voluntad de los ciudadanos:
La escalada verbal del Gobierno español en contra del referéndum catalán iniciada el miércoles se acrecentó ayer con las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aseguró que «es una opción» aplicar a Catalunya el artículo 155 de la Constitución, que permite a Madrid tomar las riendas de las instituciones catalanas.Beñat Zaldua
«El artículo 155 está ahí, en la Constitución, y por lo tanto es una opción». El ministro español de Justicia, Rafael Catalá no dio ayer los habituales rodeos a la hora de hablar de las formas de parar la convocatoria del referéndum anunciado por el Govern en Catalunya. «Si alguien está en un escenario de incumplimiento de las leyes, la obligación del Gobierno es garantizar que se cumplan, y para ello habrá que tomar las medidas que en un Estado de derecho están habilitadas y previstas», añadió en referencia a un artículo de la Carta Magna que se ha asociado habitualmente con la posibilidad de suspender la autonomía de la Generalitat de Catalunya, si bien es cierto que el 155 no contempla literalmente esta drástica medida.Concretamente, el artículo señala que, cuando «una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones» impuestas por la Constitución u otras leyes, el Gobierno español «podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella (Comunidad) al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones». Un cajón de sastre en el que puede entrar la suspensión de la autonomía o la intervención de algunas consejerías, aunque no se especifica ningún procedimiento.La intervención de una consejería como la de Educación –con el objetivo de impedir la apertura de los colegios electorales– fue precisamente una de las posibilidades que el Gobierno deslizó a través del globo sonda enviado el miércoles a través de una agencia de información. En una nota que citaba fuentes gubernamentales, se aseguraba que el Gobierno tenía a punto todo un plan de contingencia para evitar la celebración del referéndum que el Govern anunció para setiembre –aunque la fecha podría adelantarse si los acontecimientos se precipitan–. En la información se llegó a mencionar la posibilidad de precintar los colegios como medio para impedir un plebiscito que, a diferencia de la consulta del 9N –que Madrid trató de menospreciar–, Moncloa parece tomarse muy en serio.Según la misma nota, el hecho de que el Parlament tenga a punto una Ley de transitoriedad jurídica o la posibilidad de que el Govern esté recopilando los datos fiscales de la ciudadanía catalana con vistas a poner en marcha una Hacienda propia son elementos que inquietan en los despachos madrileños. Algo que casa con un supuesto informe que, según el periodista conservador Carlos Dávila, los servicios de inteligencia habrían enviado a Rajoy alertando de los progresos catalanes. A saber.Sea como sea, ayer Catalá ratificó el globo sonda de la víspera, reiterando que tienen previstas «todas las alternativas» posibles para frenar un referéndum que, esta vez sí, parecen tomarse muy en serio. A las amenazas se sumó ayer, sin medias tintas, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, quien aseguró que a su formación no le «temblará la mano a la hora reclamar» la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Eso sí, evitó hablar de suspensión de la autonomía y se refirió a la «recuperación por el Estado de las competencias transferidas». Tanto monta, monta tanto.A última hora de ayer, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ni confirmó ni desmintió las palabras de Catalá, diciendo simplemente que «el plan es siempre cumplir la ley y respetar los derechos fundamentales de los catalanes»«Operación precinto»Las declaraciones de Catalá llegaron en el mismo momento en el que partidos e instituciones catalanas se echaban las manos a la cabeza y pedían explicaciones por las amenazas de precintar los colegios. Aunque la agenda del día vino marcada por la operación judicial contra la supuesta financiación ilegal de CDC, el eslogan triunfante ayer, a medio camino entre el marketing y el sarcasmo fue el de la «Operación Precinto», en contraposición a la operación diálogo, tan cacareada desde Madrid al inicio de la legislatura.En una entrevista radiofónica matinal, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, explicó que el Ejecutivo catalán pedirá explicaciones por la amenaza del Gobierno español. Además, lamentó que, frente a la transversal y masiva demanda de un referéndum en Catalunya, «la única respuesta del Gobierno (español) sea la amenaza, porque es reprobable en términos democráticos y muy grave».«Que se expliquen, que den la cara como nosotros la hemos dado con Santi Vidal. Ha habido una rectificación del propio Vidal, que era una persona externa a este Govern, y se darán explicaciones también en sede parlamentaria», añadió Munté en referencia al caso del ya exsenador de ERC, que en diversas charlas reveló extremos sobre el proceso catalán posteriormente desmentidos (por ejemplo, que obtuvo los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal).Por su parte, los partidos soberanistas presentaron ayer diversas instancias para pedir explicaciones sobre los planes de Madrid para impedir el referéndum por todos los medios. Así, los eurodiputados de PDECat y ERC, Ramon Tremosa y Jordi Solé, respectivamente, pidieron a las instituciones europeas que impidan actuaciones violentas.Hasta el PSOE puso en duda la legalidad de precintar colegios. Lo hizo ayer a través de la diputada Margarita Robles, también exmagistrada del Tribunal Supremo: «No sé si se puede precintar un colegio privado, salvo que sea un juez el que decida que dentro se está cometiendo un hecho delictivo».
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