Se Consuma Técnica Traición

Era bola cantada desde un principio, pero la estulticia por parte del régimen requiere que se de atención a las formas y los que conforman el CSN han cumplido con su misión, dejar el asunto de la planta nuclear de Garoña en manos del empleado de La Zarzuela.

Lean ustedes este artículo publicado en Deia:

Rajoy decidirá si Garoña sigue hasta 2031

El Gobierno español dispone de seis meses de plazo para posicionarse sobre la reactivación de la central tras el beneplácito condicionado emitido por el CSN

J. Fernández

Ni el rechazo de la ciudadanía, ni la oposición de la mayoría política vasca -y española- han conseguido alterar el criterio de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ayer apadrinaba la renovación de la licencia de actividad para la central nuclear de Garoña. Con condiciones, sí: que Nuclenor, la propietaria de la planta, cumpla con las inversiones en seguridad requeridas desde hace años para poder prolongar la vida útil de esta instalación -gemela de la de Fukushima- hasta 2031. Porque, tal y como denunciaron recientemente los técnicos del CSN, desde que la central fue desenchufada de la red eléctrica no se ha ejecutado ninguna de esas medidas de garantía requeridas.

El dictamen del CSN, en principio adoptado según criterios técnicos, descubre en realidad el escenario ya denunciado por plataformas sociales y colectivos ecologistas: la última palabra sobre este asunto será política. En concreto del Gobierno español, que tendrá un plazo de 6 meses para pronunciarse y decretar la reapertura -o no- de Garoña. También corresponderá al gabinete de Mariano Rajoy decidir el tiempo de vigencia de esa licencia de actividad. Nuclenor [participada por las eléctricas Endesa e Iberdrola] estampó en su solicitud 2031, veinte años por encima de la fecha de caducidad del reactor, tal y como anunció Westinghouse cuando se lo vendió a Nuclenor allá a finales de la década de los años sesenta del siglo pasado.

Ninguno de estos criterios han sido valorados en esta labor de arbitraje del CSN. Tampoco las palabras pronunciadas hace un par de ejercicios (los mismos que se han empleado para elaborar los informes técnicos sobre Garoña) por Juan Carlos Lentijo, director general adjunto de Seguridad Nuclear de la OIEA, quien en aquel entonces hablaba de “sacar lecciones” tras el accidente de Fukushima “que puedan ayudarnos a mejorar”. Las medidas de seguridad requeridas para Garoña -otros reactores similares en Bélgica han sido ya clausurados de forma definitiva- no han sido ejecutadas. Sin embargo, el CSN vuelve a insistir en su reclamación.

Antonio Munuera, director técnico de seguridad de ese organismo, expresaba ayer que los requerimientos que el dictamen recoge para Garoña pueden ser agrupadas en diez grandes condiciones, la mayoría de las cuales atienden a modificaciones en el diseño exigidas desde la catástrofe de la central japonesa, ocurrido en 2011. Esas modificaciones deberán ejecutarse antes de la carga del combustible nuclear y empezar a producir electricidad.

Pero antes, el dictamen del CSN deberá recibir la confirmación definitiva de manos del Ejecutivo español y Nuclenor aceptar la encomienda, claro. El informe incluye ocho condiciones relativas a las autorizaciones de explotación genéricas pero otras dos más concretas con modificaciones muy específicas, como el aislamiento de la contención primaria, la protección de equipos frente a una potencial caída del techo de la turbina a consecuencia de un gran incendio o la separación y aislamiento del cableado.

Según fuentes del organismo regulador, esas obras están “prácticamente finalizadas” pero “muchas otras” podrían llevar “al menos doce meses de trabajos” a Nuclenor. “El CSN no autoriza a Garoña a operar ni lo desautoriza, simplemente establece las condiciones para que sea segura si quiere volver a hacerlo. Es el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuanto tiempo” aseguraba por su parte Fernando Marti, presidente del CSN

En definitiva, una decisión estrictamente política que deberá tomar un gobierno en mayoría minoritaria y con gran parte del arco parlamentario claramente posicionado contra Garoña. Quizá por ello, fuentes del Ministerio dirigido por Álvaro Nadal se apresuraron ayer en asegurar que a partir de ahora se prevé la apertura de un diálogo “con todas las partes” implicadas en este proceso antes de tomar la decisión definitiva (que estará fundamentada en el “interés general”, dijeron) sobre la central, ubicada en el valle burgalés de Tobalina, a una treintena de kilómetros de tierras alavesas.

¿Y después qué?

Cuando se conozca la postura del Gobierno español, será la compañía participada por Endesa e Iberdrola la que tendrá la última palabra sobre la reapertura de la planta, que lleva parada desde el 16 de diciembre de 2012. Más de cuatro años durante los cuales Nuclenor ha invertido más de 300 millones de euros en su mantenimiento, lo cual tampoco garantiza que en sus planes a futuro se contemple la posibilidad de continuar invirtiendo en Garoña con vistas a su reapertura. La entidad, por de pronto, esperará a analizar las condiciones establecidas en el informe del CSN para tomar una decisión definitiva, siempre supeditada al plácet previo del Ejecutivo español.

Cuestionados al respecto, los consejeros del organismo regulador dijeron desconocer a cuánto podrían ascender las mejoras en materia de seguridad que se exigen a la planta, muchas de los cuales siguen pendientes de acometer desde su cierre por motivos económicos. En cualquier caso, el informe favorable emitido ayer por el CSN, aunque tenga esos condicionantes, abre la posibilidad de que Nuclenor reclame en los tribunales en el caso de que finalmente el Ministerio no le otorgue la licencia de funcionamiento.

Y, tal y como han venido denunciando colectivos y formaciones políticas contrarias a la reapertura de la central, el dictamen del CSN abre la puerta a la obtención de permisos de explotación por encima de los diez años reglados, y otorga por primera vez permiso para operar hasta los 60 años, una circunstancia que puede ser un ejemplo para el resto del parque nuclear del Estado. La decisión del CSN sienta un precedente histórico ya que no sólo se avala que una planta nuclear opere más allá de los cuarenta años, sino que desliga la revisión integral de seguridad de la central -que se realiza cada diez años- del aval para operar, que se ha dado para catorce años, es decir, hasta 2031.

En este sentido, tal y como ilustraba ayer la socialista Cristina Narbona (el único voto negativo del CSN para avalar la reapertura de la central de Garoña) “no está justificado por qué se pasa de una práctica reconocida a escala internacional, como es la renovación a diez años en lugar de renovaciones de explotación sin fecha, máxime cuando los requerimiento de seguridad que se le habían hecho antes incluso de pedir el dictamen de hoy no se habían cumplido”.

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