lunes, 6 de abril de 2009

Secuestrado Cinco Días

En la editorial de Gara se relata el suplicio que ha sufrido un joven vasco durante los cinco días que ha sido mantenido incomunicado por parte de sus secuestradores, miembros ellos de las fuerzas de represión españolas desplegadas en Hegoalde:

El infierno de la incomunicación

"Un infierno de cinco días". Así definió el joven hernaniarra Iñigo Alzelai la detención en manos de la Policía española sólo dos días después de quedar en libertad provisional. Sin duda hubo de realizar un gran esfuerzo para sobreponerse a lo que aún expresaba su semblante. Un infierno por el que muchos vascos afirman haber pasado y han sido capaces de contarlo con todo detalle. Otros siete jóvenes, detenidos junto a Alzelai, además de otro detenido en Gasteiz, ingresaron el pasado sábado en prisión, en el contexto de una serie de redadas policiales contra jóvenes vascos iniciadas hace casi dos años y en las que la acusación genérica de pertenecer a una organización juvenil previamente ilegalizada es suficiente para que se vean inmersos en un proceso que en muchos casos podría depararles años de cárcel.

En el Estado español la declaración de un detenido ante el juez carece de valor cuando previamente ha firmado otra en un centro de detención. El juez instructor decide según lo manifestado en la primera la puesta en libertad o el ingreso en prisión. A menudo en el juicio, dado el caso, esa primera declaración será utilizada como prueba condenatoria. Pero jueces y políticos, esos políticos que proclaman vías democráticas y respetuosas con la ley para lograr objetivos políticos, jamás preguntan al gobierno de turno por qué los detenidos vascos realizan dos declaraciones diferentes.

El elemento que hace posible esa diferencia en las declaraciones no es otro que la incomunicación, pues también posibilita los malos tratos y ofrece impunidad a los autores de los mismos. Y ante ella, como se ha comprobado una y otra vez, no valen protocolos ni intentos de camuflar una realidad insoportablemente habitual, como presentar toda denuncia como un intento de deslegitimar a las fuerzas de seguridad, a pesar de que la mera supresión de la incomunicación haría imposible cualquier intento de deslegitimación, lo mismo que la propia tortura. Mientras tanto, lo que curiosamente parece sobrar es la comparecencia de los detenidos ante el juez.


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