Es curioso como los españoles tienen que recurrir a violentar sus propias leyes para poder impedir que el pueblo vasco ejercite su derecho a sufragio universal. Y luego la prensa internacional insiste en el paradigma que dicta que el estado español es una democracia. Pues bien, el artículo que reproduzco a continuación ha sido publicado por Gara y en el mismo se indica que tanto D3M como Askatasuna cumplen con la normativa electoral, así que ahora lo que sigue será un acto de contorsionismo por parte de Madrid con tal de negar esta opción electoral a la sociedad vasca.
Aquí lo tienen:
Aquí lo tienen:
Las juntas avalan que D3M y Askatasuna cumplen toda la normativa electoral
Las juntas electorales proclamaron ayer las candidaturas que inicialmente se presentaron para las elecciones autonómicas del 1 de marzo, confirmando que todas cumplen con los requisitos legales exigidos.
Tras haber revisado la documentación presentada, las juntas electorales de cada territorio confirmaron ayer que D3M y Askatasuna -entre otras listas- cumplen con todos los requerimientos de la normativa electoral y procedieron a proclamar sus candidaturas.
Sin embargo, el Gobierno español ya ha anunciado su decisión de impugnar ambas para intentar que no estén presenten en las elecciones autonómicas del próximo 1 de Marzo. La Abogacía del Estado y la Fiscalía tienen da plazo hasta el jueves para presentar sus recursos ante el Tribunal Supremo.
Movilización de ELA
Por otra parte, varios cientos de delegados y delegadas de ELA se concentraron ayer frente a la Subdelegación del Gobierno español en Bilbo en defensa del derecho de participación política. El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, afirmó durante la movilización que «la democracia no se construye prohibiendo que personas que tienen derecho a concurrir en elecciones, lo puedan hacer». Muñoz se solidarizo con las personas detenidas durante la redada contra D3M y con sus allegados y exigió su puesta en libertad.
El dirigente de ELA denunció que «el Estado español ha puesto en marcha el proceso, liderado por el Gobierno del partido socialista, por Zapatero y por Rubalcaba, para la ilegalización de las candidaturas que se van a presentar a las elecciones del 1 de marzo, e instrumentaliza al Poder Judicial para darle apariencia de legalidad».
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