Con el mundo entero denunciando el imperialismo trasnochado de Trump, otros imperialismos, en este caso el españolista, continúan machacando los derechos de los habitantes de las naciones históricas bajo su yugo.
Madrid, que tanto garantizó libertades si se acababan "las balas de ETA", continúa utilizando su entramado jurídico como arma arrojadiza.
Aquí lo más reciente en el caso del Sumario 13/13:
El Supremo confirma las condenas a Zulueta y Enparantza y reduce las de Zuriarrain y Sarriegi
El Tribunal Supremo español ha confirmado las penas a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, de siete años y medio y cuatro años, respectivamente, por el sumario 13/13. Reduce las condenas contra Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi.
Aitor Agirrezabal
La Sala Penal del Tribunal Supremo español ha confirmado las condenas del sumario 13/13 a los abogados y solidarios con los presos Arantza Zulueta y Jon Enparantza, mientras que ha estimado parcialmente los recursos de Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi. De este modo, condena a 7 años y medio de prisión a Zulueta y ha ratificado la pena de 4 años de Enparantza, mientras que rebaja la condena a Zuriarrain de 3 años y 6 meses de prisión a 2 años, y a Sarriegi, de 3 años a 1 año y 6 meses.
La Audiencia Nacional castigó en 2022 a los cuatro abogados dando por buena la acusación fiscal de «integración en organización terrorista». En el caso de Zulueta, además, fue condenada por «depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista». En aquel juicio fueron absueltos Julen Zelarain, Saioa Agirre y Nerea Redondo.
El Supremo, en una sentencia de 174 páginas, da por bueno el castigo a Zulueta y Enparantza, mientras estima parcialmente los recursos de Zuriarrain y Sarriegi, al considerar que «su responsabilidad era de menor gravedad, ya que consistía en gestión y responsabilidad subordinada, o de comunicación, en la estructura investigada, sin que se haya constatado conexión fáctica con actividades violentas».
Por contra, desestima íntegramente el recurso de Zulueta y Enparantza que, entre otros extremos, también pedían que, en caso de condena, se les aplicase la reducción de pena que permite el artículo 579 bis.4 del Código Penal cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.
Falta de «vestigios objetivos» sobre las torturas denunciadas
En el juicio quedaron de relieve irregularidades como la actuación matriz del CNI, que llevó a la defensa a reclamar la nulidad de todas las actuaciones. También se escucharon en la Sala los testimonios de torturas de Naia Zuriarrain y Saioa Agirre.
La sentencia del Supremo también hace referencia a esta denuncia de Zurriarain por las torturas sufridas (coacciones, insultos y golpes) durante su detención en 2010 a manos de la Guardia Civil, por las que pedía la nulidad de la condena. A pesar de que el auto reconoce «la realidad de los informes periciales que aduce el recurso y que en su emisión se siguieron las recomendaciones del Convenio de Estambul, concluyendo las psicólogas actuantes que observaron una coherencia entre el síndrome postraumático que presenta la recurrente y los hechos que relató en su denuncia», subraya acto seguido que no existen «vestigios objetivos» sobre los abusos denunciados.
Asimismo, señala que «estar vinculada» a Euskal Preso Politikoen Kolektiboa acarrea «circunstancias que permiten cuestionar la espontaneidad o veracidad de un relato carente de corroboraciones objetivas». Zurriarain está reconocida por Lakua como víctima de tortura.
La actuación del CNI
También desestima la alegación sobre la participación del CNI, que debería invalidar la causa si se hubiera tenido en cuenta. El CNI se negó a que sus agentes compareciesen en la vista para explicar cuál fue su intervención en el inicio de la investigación que culminó en el proceso 13/13.
Así, no aprecia «ninguna irregularidad» en la actuación del CNI, y en la investigación de inteligencia que realizó, «verificándose la cobertura judicial de la misma y su sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad».
De esta forma, da por buena la tesis aceptada por la Audiencia Nacional española a partir de una acción inicial del CNI y el posterior informe de la Guardia Civil y establece concretamente que los cuatro condenados deben ser considerados como integrantes de ETA, «no cometiendo directamente acciones violentas sino contribuyendo a la cohesión y persistencia de los militantes privados de libertad, para que siguieran vinculados a la criminal organización que les dio cobertura para cometer los ilícitos actos contra las personas y contra las propiedades que perpetraron o intentaron cometer en su momento».
LAB: «Ataque a la convivencia democrática»
El sindicato LAB, al que pertenece Zulueta, considera la sentencia del Supremo «absolutamente grave y contraria a la voluntad de la ciudadanía vasca de construir una convivencia democrática, ya que es imprescindible garantizar los derechos de todas las personas y este tipo de sentencias solo pretenden obstaculizar ese esfuerzo».
LAB recuerda que desde el inicio denunció que este era el objetivo de la causa 13/13 y que reclamó que el juicio no debería haberse celebrado.
«LAB quiere mostrar su solidaridad y apoyo a las y los condenados. Asimismo, hace un llamamiento a participar en las movilizaciones para denunciar la sentencia, así como a sumarse a la manifestación nacional que se celebrará el sábado en Bilbao en defensa de los derechos de los presos y una resolución integral», añade.
Sare, un motivo más para manifestarse
Sare ha denunciado por su parte que la sentencia castiga «la labor ejercida por estos abogados/as, que se desarrolla en el marco de defensa de personas condenadas por su colaboración y/o pertenencia a ETA y por tanto es una clara intromisión en la labor profesional de los mismos. Insisten en su intencionalidad del castigo judicial-político, algo que nada tiene que ver con la justicia».
Ve en ello una razón más para que «este sábado en Bilbo hombres y mujeres que apuestan por la paz y la convivencia exijamos poner fin a la persecución política; a los juicios-políticos, en definitiva a los intentos de que nada cambie para impedir que nuestro país de pasos en favor de una verdadera convivencia».
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